Un conocido comunicador al final de sus artículos suele parafrasear “buen viento y buena mar”. Lamentablemente el pueblo ecuatoriano a lo largo de la historia vive en constante tempestad y obviamente, los problemas y necesidades básicas, lejos de corregirse, cada vez se agravan más. La solución de la crisis, demanda una reforma estructural, que transforme social y económicamente el contexto de injusticia, inequidad e inseguridad que durante los últimos años ha alimentado la pobreza y la inserción de nuestra juventud a las bandas delincuenciales.
Los candidatos finalistas Luisa González y Daniel Noboa, manifiestan que el propósito de su gobierno, será acabar con la delincuencia organizada. Preguntémonos: ¿Podrán hacerlo? Si precisamente su poder y sus riquezas residen en las mismas mafias que pretenden combatir. Tampoco neguemos que el Ecuador no se gobierna por quien gana las elecciones sino por los grandes y poderosos grupos económicos y bancarios, y últimamente por narcotraficantes que operan incluso desde las cárceles. Es conocido que buena parte de representantes y aliados de los candidatos finalistas, son piezas visibles del sobreprecio en la contratación de la obra pública y de negocios ilícitos vinculados al crimen organizado.
Las organizaciones populares y los ciudadanos de a pie no pueden mantenerse aislados ni cerrar los ojos ante los cuestionamientos que desde la izquierda política y los sectores progresistas hacemos a ambos aspirantes a la presidencia, porque una cosa es la legitimidad de sus propuestas y otra cosa es su cumplimiento. Por ello, la única estrategia efectiva para obligarlos a cumplir, radica obligatoriamente en la organización, en la protesta social, en la movilización popular, caso contrario, la lucha por los derechos se diluye, siendo aprovechada por los grandes medios de comunicación para reducirla a la persuasión de incautos y no a la reflexión profunda de las causas de la crisis que, si bien nos afecta a todos, impacta más a los sectores populares.
El presidente Guillermo Lasso bajo la presión de los grupos empresariales envío a la Corte Constitucional, un Decreto Ley de Finanzas Públicas, mediante el cual nuevamente se quiere llevar los dineros de la seguridad social, disminuir el presupuesto de la educación y salud. Ante ello y para rechazar el malhadado decreto, el pasado martes 26 de septiembre, los trabajadores organizados en el Frente Unitario de Trabajadores se movilizaron ante los tribunales de justicia para sustentar jurídicamente las nefastas pretensiones del Presidente Lasso y la derecha.
A 15 días de las elecciones, no podemos llamarnos a engaños, ante las intenciones de dominación y opresión que representan Daniel y Luisa, necesitamos avanzar en la unidad popular para la construcción de una sociedad más justa, reflexionemos el voto, no acudamos a las urnas a ratificar una vez más, que la partidocracia corrupta se rife la patria y los dineros del erario nacional.
