La paz no vendrá con la firma del acuerdo de paz

El miércoles anterior se firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el estado Colombiano, el mismo que con seguridad será refrendado el próximo domingo. Sin embargo este no garantiza en realidad la paz social en Colombia; a lo sumo, y eso aspira la mayoría ciudadana, es que se pretende poner fin a un conflicto político insurgente que desangró al país durante más de cincuenta años. 

 La paz habrá que construirla en el día a día erradicando la pobreza de los sectores populares y excluidos, lo cual es válido no sólo para Colombia sino para todos los países donde la oligarquía local e internacional ha impuesto un modelo de permanente saqueo de los recursos naturales e injusticias sociales legalizadas. 

Desde luego que el acuerdo de paz, posibilitará la consolidación de la unidad nacional que en medio de la diversidad política vienen impulsando los movimientos sociales, con la intención de restablecer los derechos no solamente de las víctimas sino de toda la sociedad, el imperio de la justicia y la plena vigencia de las garantías para la participación social, política y la democratización de la sociedad. 

No se puede perder de vista, por tanto tener claro que el proyecto político y económico del Presidente Santos, es un modelo de especulación financiera que profundiza la desigualdad social en beneficio de los grandes monopolios nacionales y extranjeros, por tanto, el pueblo tendrá que seguir en su lucha popular y social para cambiar las condiciones de vida de las mayorías ciudadanas. 

El enfrentamiento en Colombia, a diferencia de lo ocurrido en Centroamérica nunca significó realmente la posibilidad de una victoria militar de la guerrilla. La mayoría de la población, o fue obligada o se mantuvo ajena, sobre todo en los principales centros urbanos, donde por el contrario se verifico repetidamente actos ceñidos a los derechos fundamentales de las personas e instituciones. 

En las más de cinco décadas de conflicto, la lucha armada tuvo lugar en el sector rural, en las montañas, donde las víctimas siempre fueron los campesinos, por lo cual la atención pública en realidad nunca fue de interés de las partes en conflicto, más bien lo convirtió en parte de la vida nacional, pero lejana y ajena a la mayoría. 

Lo cierto es que, el pueblo colombiano estaba literalmente en la posición de no confiar en ninguna de las partes, porque tanto el Ejército Nacional como las FARC cometieron durante ese período violaciones a los Derechos Humanos.

LA EDUCACIÓN NO PUEDE SER USADA COMO PARTE DE UNA POLÍTICA POPULISTA

Entrevista a Rosana Palacios, Presidenta de la UNE

Tomado de: https://es.scribd.com/document/324712301/Opcion-S-77-Septiembre-de-2016

Como parte de la campaña de descrédito y persecución contra las organizaciones sociales, el gobierno ha iniciado un proceso de disolución contra la UNE ¿Cuál es la intención detrás de esta medida?

 El gobierno está en una campaña contra sindicatos, universidades, ha reactivado juicios contra líderes socia-les, estos actos buscan hacer el mayor daño posible a la organización social, sindical y popular, pese a que el gobierno tiene los días contados. El objetivo de Rafael Correa es pretender callarnos, aplicar una política de mie-do, amenazas. La misma intención tiene, por ejemplo, el enfrentamiento con el Consejo de Disciplina de los militares. En este marco es importante la capacidad de análisis que tenemos en la organización social, hay que ver el momento, leer el contexto. Las FFAA también han sabido leer el mensaje del gobierno y no caen en la provocación, para evitar que Correa se victimice.

¿Bajo qué causal se inició el proceso de disolución?

Si en el Ecuador no estuvieran cooptadas todas las funciones del Estado, no habría ninguna base para la disolución de la Unión Nacional de Educadores, ningún sustento jurídico. El acto administrativo por el que se inicia la disolución deja a la organización en la indefensión, se nos acusa de todo y nada. Cuando se nos acusa que hemos violado la Constitución, la Ley y el Reglamento, no se especifica que articulado se ha violado. No hay motivación, ni fundamentación. Es un acto dictatorial, que no respeta ninguna norma jurídica.

¿Qué acciones ha tomado la UNE para enfrentar este proceso?

Hemos tomado dos caminos: el uno es la defensa jurídica, con un grupo de abogados como Ciro Guzmán, el Colegio de Abogados de Pichincha, abogados de Funda-medios, ellos están a cargo de nuestra defensa. Hemos solicitado la nulidad del proceso, sin embargo el trámite en sede administrativa es absurdo, porque la misma autoridad que emite el Acuerdo es ante quien debemos apelar. El otro camino ha sido pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la intervención urgente de la Organización Internacional del Trabajo, también hemos enviado cartas al Comité de e Expertos de la ONU en Derechos Civiles y Políticos, pe-dimos también la solidaridad dentro del mundo sindical, recibiendo una respuesta magnífica dentro de estos espacios. El Director General de la OIT ya ha hecho llegar al Presidente de la República una carta recordándole –en términos muy diplomáticos- que el proceso que se sigue contra la UNE viola los tratados y convenios ratificados por el Ecuador, y ha solicitado al gobierno informe sobre temas como la apropiación de las sedes de la UNE en Quito y Guayaquil. También han existido comunicaciones de parte de la Confederación Sindical de las Américas y de la Internacional del Servicio Público (ISP), entidades que enviaron una misión internacional. Se solicitó una mesa de diálogo, sin resultado alguno. El gobierno ha llegado al extremo de desconocer el carácter de organización sindical de la UNE.

El odio que tiene el gobierno a la UNE ¿es por sus críticas al modelo educativo?

La persecución es por nuestra insistencia en que el gobierno responda por los resultados de su gestión, especialmente en referencia a la implementación del Plan Decenal. Este Plan no se convirtió en política pública, la inversión en educación la han mostrado como una dádiva del gobierno. La educación no puede ser usada como parte de una política populista. Hemos reclamado la evaluación del Plan Decenal al haberse cumplido ya los diez años. No existe una respuesta sobre la aplicación de las ocho políticas establecidas en el Plan, que fue puesto en consideración del pueblo por medio de la Consulta Popular del año 2006. Uno de los puntos era el de la inversión, hoy tenemos apenas el 3,9% del PIB invertido en educación, tenía que estar ya en el 6%, con ello se podía universalizar la educación inicial (3 a 5 años de edad). El Plan también establecía la capacitación permanente del personal docente. El gobierno habla de 40 mil profesores capacitados, pero somos 160 mil a nivel nacional, pese a haberse despedido a 45 mil que estaban por contrato ocasional. Otro punto tenía que ver con la  jubilación con estímulos en efectivo, que tampoco se ha cumplido. No se ha cumplido la Constitución ni el Plan Decenal, y al gobierno le molesta cuando una organización sindical desenmascara las violaciones a los derechos laborales. El tema de la infraestructura educativa es otro punto por el que hemos peleado, las unidades educativas del milenio atienden apenas al 10-15% de estudiantes del país, sin embargo existen 6 mil escuelas y colegios cerrados o fusionados.

De la calidad y calidez a la desigualdad de un derecho.

La Organización de Estados Iberoamericanos OEI, reciente- mente ha publicado el informe denominado “Miradas sobre la educación iberoamericana 2016”, en el que, en efecto hace una mirada al avance de las metas de la educación 2021.
Se puede evidenciar que desde el informe del 2014 no ha habido cambios sustanciales. Se destacan dos aspectos que merecen ser analizados. Primero, hace referencia a que en los países sudamericanos se ha “logrado un enorme progreso en las políticas públicas para mejorar la calidad y el acceso a la educación”. Segundo, y lo más preocupante, porque casi es contradictorio, “hace alusión a la existencia de notables diferencias y desigualdades entre los países y al interior de cada país en la calidad y el acceso a la educación”.
Es preocupante el hecho cierto de que la OEI ya no habla de la educación como un derecho que está garantizado en la Constitución de los estados, ahora por el contrario, pone énfasis en que hay que mejorar la calidad y el acceso a la educación.
Cuando hablamos de calidad de la educación, hay que diferenciar de manera crítica que si ésta es planteada con una concepción neoliberal, lo resultados serán defendibles por un sector minoritario de la población y rechazado por las mayorías. Puesto que los sectores populares defienden una propuesta emancipadora que conjugue la educación con el trabajo y el aprovechamiento soberano de los recursos naturales. En cambio, la “propuesta neoliberal vigente en todos los países sudamericanos”, propone reformas que terminan fortaleciendo la privatización de la educación.
Diga lo que se diga, en el sistema educativo neoliberal, la oligarquía que incluso no tiene necesidad de estar encaramada en el poder, impone su política de libre mercado a los gobiernos de turno, y siendo los financistas de las campañas electorales, propician a través del BM, FMI o la OCDE una educación pública denostada y sin recursos, con el único fin de garantizar la competitividad económica, es decir, en un negocio que genere el máximo de rentabilidad dentro del modelo globalizador capitalista muchas veces enmascarado de progresista.
Mientras impere el sistema capitalista, las esperanzas de una educación liberadora no pasarán, porque para la burguesía no hay necesidad de garantizar el derecho a una educación digna para las clases populares, sino solamente garantizarle una educación que forme la mano obra barata. En palabras de Paulo Freire, “una educación de calidad para ahondar las desigualdades sociales”