El discurso oficial niega existencia de pobreza e inseguridad

“Si el gobierno no cambia, hay que cambiar el gobierno”

Mientras el presidente Daniel Noboa insiste en foros internacionales en que la pobreza disminuye, la realidad que vive el pueblo trabajador contradice su discurso. En el Foro Económico Panamá 2026, volvió a proyectar una imagen de éxito que no resiste el contraste con los datos oficiales del propio Estado. Según el INEC, entre 2024 y 2025 la pobreza aumentó cuatro puntos y hoy alcanza a siete millones de ecuatorianos.

En el área rural la situación es aún más grave, el 70% de la población vive en pobreza. Esa es la realidad que no cabe en la narrativa presidencial. El desgaste del gobierno es evidente. Las encuestas muestran un aumento del rechazo al presidente y califican de negativa su gestión. Incluso, sectores de derecha creen que el país va por mal camino y responsabilizan directamente al presidente por la crisis. La demanda de revocatoria del mandato ya no es una consigna aislada, sino un sentimiento creciente desde abajo.

En materia de seguridad, el fracaso es rotundo. Tras dos años de “conflicto armado interno”, 18 estados de excepción y el fallido Plan Fénix, el saldo es alarmante, cerca de veinte mil homicidios en dos años. Las principales víctimas son jóvenes, estudiantes y personas sin antecedentes penales. Las cárceles son centros de muerte y corrupción, mientras el narcotráfico consolida su presencia en las instituciones del gobierno. Frente a este, el gobierno anuncia un nuevo “Plan de Seguridad Integral”, sin asumir responsabilidades ni rendir cuentas.

En lo económico, Noboa gobierna para los poderosos. La emisión de 4 mil millones de dólares en eurobonos, a intereses elevados, benefició a los tenedores de deuda y agravó la carga financiera del Estado. Deuda cara para pagar deuda más barata. Por eso, la moratoria del pago de la deuda externa debe levantarse como bandera popular: primero la vida, después la deuda externa.

Los ingresos tributarios entre 2023 y 2025 crecieron en más de 4 mil millones de dólares. Sin embargo, los hospitales siguen sin medicinas, las escuelas en abandono y la inseguridad crece. La gente pregunta ¿dónde está la plata? Los impuestos se imponen a los trabajadores mientras los grandes grupos económicos, incluidos los ligados a la familia presidencial, acumulan ganancias. Las leyes económicas urgentes enviadas a la Asamblea buscan reducir autonomía, recortar la obra pública y avanzar en las privatizaciones; criminalizando además la protesta social.

 

Basta de ver pasar la historia desde la vereda del conformismo

El Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su “democracia” reciente. Vivimos una confluencia peligrosa de factores políticos, sociales, económicos y de seguridad que configuran una crisis institucional profunda. La sensación predominante en la ciudadanía es de miedo, desprotección y pérdida total de control por parte del Estado. Ya basta de ver pasar la historia desde la vereda del conformismo; mientras el Gobierno y los medios de desinformación siembran miedo y división. Entendamos que callar alimenta la corrupción, el hambre y el cinismo institucional. El dolor ajeno también es nuestro. La violencia desbordada, ligada al crecimiento exponencial del narcotráfico y del crimen organizado, ha convertido al país en uno de los más peligrosos de la región.

Este fenómeno no puede explicarse solo por incapacidad gubernamental. La penetración del narcotráfico en la judicatura, fuerzas de seguridad y la política, revela un problema estructural mucho más grave. En este contexto, el enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y el Legislativo ha profundizado la ingobernabilidad. Bloqueos, vetos, decretos y censuras sustituyen al diálogo democrático y paralizan decisiones urgentes. La institucionalidad se debilita, mientras la ciudadanía observa cómo los conflictos políticos se imponen sobre las necesidades reales del país.

La situación económica tampoco ofrece alivio. Aunque la recaudación fiscal ha superado las metas previstas, los problemas estructurales se han agravado. Educación y salud continúan en estado crítico, faltan docentes, infraestructura, medicinas y personal. La gente muere esperando atención médica, mientras persisten sospechas de corrupción en las compras públicas. El contraste resulta indignante.

Paradójicamente, el principal sostén de la economía ecuatoriana no es la inversión extranjera ni las políticas gubernamentales, sino el sacrificio de millones de migrantes cuyas remesas superan en diez veces la inversión externa. Es el trabajo de quienes se vieron obligados a irse del país el que mantiene a flote la economía nacional. Frente a esta realidad, el presidente Daniel Noboa evidencia una administración errática. En lugar de enfrentar la crisis con firmeza, transparencia y diálogo, prefiere la propaganda para minimizar los problemas y evadir responsabilidades.

El país no necesita demagogia ni viajes; necesita conducción política y soluciones urgentes. Detener la crisis y la caída al despeñadero exige voluntad política, reformas profundas, combate real a la corrupción y, sobre todo, reconstruir la confianza ciudadana. Sin ello, el futuro seguirá marcado por el miedo y la incertidumbre.

O se está del lado de la soberanía y la vida, o del lado de la sumisión y la muerte

"La soberanía no se negocia; tampoco se aplaude la vileza de llamar a que agredan a la patria" Doseret

Nunca antes en la historia contemporánea de América Latina un país como Venezuela había sufrido bombardeos a gran escala por parte de una potencia extranjera, hasta lo ocurrido en enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses atacaron Caracas y otras zonas, generando explosiones, muertes y un profundo quiebre de la soberanía latinoamericana.

 

Frente a una agresión de tal magnitud, lo mínimo exigible a cualquier dirigente que se diga demócrata o patriota es una condena firme y sin ambigüedades. Sin embargo, ocurrió lo contrario. El caso más grotesco fue el de María Corina Machado, quien no solo se negó a condenar el bombardeo, sino que lo celebró y justificó como un acto “liberador”, llegando al extremo inadmisible de “entregar” su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, el líder del neofascismo. Ese gesto no es anecdótico, es profundamente político. Expresa una visión que subordina la soberanía nacional a la ambición desmedida de poder y donde el bienestar y la vida de la población son ignorados.

Este es el verdadero rostro de la ultraderecha en nuestra región. Es el viejo libreto del fascismo reciclado, alimentado por el odio contra los pueblos que se atrevieron a disputar los privilegios del Tío Sam. No se trata de defender gobiernos, sino de defender pueblos, sus vidas, su dignidad y su derecho a decidir su destino sin que potencias extranjeras impongan su voluntad. Cuando una derecha ambiciosa aplaude operaciones militares contra su propio país, no es oposición democrática, sino una fuerza subordinada al imperialismo, dispuesta a entregar su soberanía a cambio de tutelaje político.

Este patrón no es exclusivo de Venezuela. América Latina ya padeció invasiones, golpes de Estado y masacres bajo el disfraz de la “liberación” y la “democracia”: Guatemala en 1954, Chile en 1973, Nicaragua durante décadas, Panamá en 1989. En todos los casos, la promesa de libertad encubrió violencia, saqueo y sometimiento. La historia más temprano que tarde sabrá juzgarlos. El libreto es conocido: “es un mal necesario”. Con ese pretexto se legitimaron crímenes en todo el continente, siempre en nombre de valores ajenos y con sangre del pueblo. Normalizar la agresión extranjera es abrir la puerta para que mañana cualquier país que desafíe al poder imperial sea castigado del mismo modo.

El pueblo paga la crisis, mientras se reparten el poder y la impunidad

La realidad que vive hoy el Ecuador, desnuda la crisis profunda de un Estado puesto al servicio de quienes tienen más y no de quienes sostienen el país con su trabajo. Mientras el pueblo se ajusta el cinturón, la institucionalidad burguesa se fermenta entre escándalos de corrupción, encubrimientos y disputas de poder que nada tienen que ver con la solución de las necesidades más urgentes de los trabajadores.

La “renuncia” del presidente de la Corte Nacional de Justicia, no es una señal de higiene institucional. Es la consecuencia de un sistema judicial prisionero, que designa autoridades cuestionadas como Mario Godoy, hoy vinculado a redes delincuenciales internacionales. La pugna por su reemplazo no responde a un afán de transparencia, sino al reparto del botín. Quién controla la Judicatura tiene la llave para garantizar impunidad a los poderosos. A esto se suman los procesos contra altos mandos policiales y los escándalos que salpican al círculo cercano a Carondelet, confirmando que la corrupción se ha convertido en método de gobierno.

Pero mientras arriba se disputan cargos y negocios, a la gente de a pie, la vida se le vuelve cada vez más precaria. El gobierno menciona un crecimiento del empleo, sin embargo, más de la mitad de la población sobrevive en la informalidad, sin derechos, sin seguridad social y con ingresos miserables que no alcanzan para cubrir la canasta básica que ya supera los 800 dólares. En este contexto, la supuesta recuperación económica no es más que una mentira para quienes luchan a diario por cubrir sus necesidades básicas.

Como si esto fuera poco, los municipios descargan la crisis sobre los hombros del pueblo a través del aumento del impuesto predial y de las contribuciones especiales de mejoras. Se cobra más, se paga por más años y se invoca la solidaridad, en tanto los barrios populares siguen abandonados. Mientras los alcaldes evitan confrontar al Gobierno Nacional para exigir los recursos que les adeuda. El camino fácil es siempre el mismo, exprimir a las clases populares.

Esta es la verdadera cara del neoliberalismo, corrupción en el gobierno y las élites, precariedad para el pueblo. Ante esto, la lucha obrera es justa e imprescindible para enfrentar un sistema que condena a las mayorías al pago eterno de la crisis provocada por el modelo oligárquico.