El pesimismo y la inseguridad reflejan el fracaso del gobierno

Bajo la fachada discursiva de la “seguridad”, el presidente Noboa impone la militarización del territorio y la criminalización de la protesta contra las organizaciones populares, indígenas y sindicales. No presenciamos un plan de paz, sino un ajuste estructural violento que precariza el trabajo juvenil, privatiza servicios públicos y entrega nuestra soberanía a los dictámenes del FMI. El régimen, carcelero de los intereses de la burguesía utiliza los estados de excepción perpetuos no para proteger al pueblo, sino para blindar el saqueo de recursos y silenciar la resistencia social desde la base.

Las estadísticas confirman esta gravísima crisis estructural. En julio, el pesimismo ciudadano alcanza el setenta y ocho por ciento frente a un exiguo optimismo, reflejando un estado de ánimo de resignación y constante miedo. La inseguridad se consolida como la causa principal de este malestar colectivo, desplazando paulatinamente la indignación social. Esto se articula con una deslegitimación profunda del Ejecutivo, que muestra una incapacidad orgánica para proveer la protección social que las familias ecuatorianas demandan.

La narrativa oficial del régimen de Daniel Noboa, destaca como “éxitos” el incremento de depósitos bancarios, reservas récord, la baja del riesgo país y menor pobreza. Sin embargo, al someter estos datos a una lectura sociocrítica, se evidencia que, en la economía real, no generan empleo ni mejoran el poder adquisitivo. La acumulación de depósitos responde al extractivismo social de las remesas por migración forzada y al sobreendeudamiento en tarjetas de crédito para subsistencia básica. Asimismo, la reducción del riesgo país prioriza la tasa de ganancia del capital financiero especulativo a costa de la austeridad fiscal y el vaciamiento presupuestario en salud, educación y obra pública.

Frente a esta realidad de despojo, es urgente fortalecer la solidaridad entre los pueblos que resisten a las agresiones de la derecha y rechazar las políticas coercitivas a los municipios empleadas como chantaje. Los sectores populares empiezan a elevar la denuncia contra un modelo de desarrollo basado en el beneficio capitalista que pone en riesgo la supervivencia de las mayorías.

En este horizonte de conflictividad, la memoria histórica de las luchas sociales reafirma que la subalternidad no es permanente. La reactivación de la organización comunitaria y el poder popular se erige como la única garantía para exigir trabajo digno, seguridad integral, el cese de la violencia estatal y la restitución plena de las garantías democráticas.

Del anestésico del fútbol a la cancha barrial donde el grito de gol sea una demanda de justicia, dignidad y soberanía popular

La Copa Mundial de Fútbol 2026 se presentó ante el planeta como la cúspide de la integración global, pero bajo su propaganda yace una implacable maquinaria de dominación, exclusión y despojo transnacional. El actual oligopolio de la FIFA, estrechamente alineado con el imperialismo, impuso un grosero dispositivo de control social.

Bajo un grueso manto de alienación mediática neoliberal, con el mundial 2026 se pretendió silenciar tragedias humanas profundamente desgarradoras como el genocidio sistemático en Palestina, el asedio financiero a Cuba, la guerra ucraniana y las violentas redadas antiinmigrantes impulsadas en Norteamérica. El fútbol mercantilizado opera aquí como una moderna “educación bancaria”, un adoctrinamiento que adormece la conciencia crítica de las mayorías, domesticando su descontento y convirtiendo la pasión popular en sumisión voluntaria ante las élites corporativas globales.

Esta preocupante dinámica de dominación encuentra un reflejo perverso en el Ecuador. Mientras el gobierno de Noboa prioriza la cínica diversión de la política como marketing digital, las clases populares sobreviven sumidas en el doloroso abandono, el desempleo y la violencia criminal. Frente al uso planificado del espectáculo del fútbol como un anestésico social, surge la urgente necesidad de recuperar la educación como herramienta de liberación. Una pedagogía crítica, inspirada en Paulo Freire, que desenmascare este circo corporativo y devuelva a las comunidades populares la capacidad de cuestionar su opresión.

La educación liberadora debe disputar el territorio simbólico que hoy monopoliza el fútbol comercial. No podemos permitir que el gobierno reaccionario de Daniel Noboa desmantele deliberadamente el presupuesto de la educación fiscal y las universidades públicas mientras fomenta un patriotismo estéril basado en el consumo de triunfos ajenos. Esto implica entender que recreación y aprendizaje caminan juntos. Un proyecto emancipador concibe al deporte como un espacio formativo de conciencia social, pensamiento crítico y soberanía comunitaria.

La pedagogía de la liberación debe rescatar el juego de las garras del mercado, transformando las canchas barriales en aulas abiertas donde la niñez y juventud aprendan a organizarse, a leer su realidad y a defender sus derechos colectivos ante la voracidad del capital. Solo a través de una conciencia educativa verdaderamente emancipadora y popular, podremos transformar el efímero grito de gol en una demanda permanente de justicia, equidad, dignidad y soberanía popular para todos nuestros pueblos.

Finalmente, aunque la FIFA evidenció su favoritismo por Argentina; España ganó por superioridad, mejor juego colectivo y posibilidades clarísimas.

La República de Platón y el timón corporativo de Daniel Noboa

El naufragio de un país no ocurre por la fuerza de las olas, sino por la impericia y el egoísmo de quienes asumen el timón. Cuando Platón en su célebre obra “La República” concibió la alegoría del barco, describió un escenario trágicamente idéntico al que hoy desgarra al Ecuador: una tripulación de demagogos que asalta el poder no para guiar la nave hacia un puerto seguro, sino para saquear las bodegas en beneficio propio. En el contexto ecuatoriano actual, la metáfora cobra una vigencia devastadora bajo el gobierno de Daniel Noboa.

El relato platónico nos habla que el dueño del barco es el pueblo cuyos sentidos han sido nublados por el marketing digital y las promesas vacías de seguridad y empleo. Hoy, despojado el gobierno de su retórica superficial, lo que queda a la vista es una crisis integral que se ahonda cada día. El colapso del sistema eléctrico, el desmantelamiento de los servicios públicos de salud y educación, y la galopante inseguridad no son accidentes propios de la política; son el resultado de priorizar la agenda corporativa por encima de la vida de las mayorías.

El dolor de este naufragio está desigualmente repartido. Quienes habitan en los sectores más desposeídos y olvidados del país, enfrentan el peso diario del desempleo y el abandono estatal. Para ellos, no hay balsas de salvamento. Sin embargo, en la primera clase del barco, los grandes grupos económicos y la banca privada siguen acumulando beneficios mediante condonaciones tributarias y políticas hechas a la medida del capital transnacional. El modelo de Noboa profundiza la histórica brecha de desigualdad: se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas.

Los “marineros” de Carondelet que hoy gobiernan desprecian el verdadero arte de la navegación, las políticas públicas y el bienestar común. Para ellos, el timón es solo una herramienta de acumulación. La sensatez económica y la empatía social son tratadas con el mismo desdén con el que la tripulación platónica se burlaba del verdadero piloto.

Ecuador no necesita más capitanes de ultramar enfocados en salvar sus propios yates mientras el resto de la tripulación se ahoga. Urge arrebatar el timón a la demagogia neoliberal y devolverlo a un proyecto colectivo que entienda que un barco solo avanza de verdad cuando protege a los más vulnerables en la cubierta.

Seguridad y bienestar, dos caras de una misma realidad social

 “Vamos a juntar las manos para poder ser verdaderamente hermanos” y confrontar tanto las balas del crimen como el engaño silencioso del gobierno.

La narrativa oficial insiste en vendernos la idea de que el lacerante desempleo, la pobreza que devora los hogares y la violencia que desangra nuestras calles son simples “efectos colaterales” del narcotráfico. Pero quienes vivimos la realidad sabemos que no es así; sino que es la consumación de un proyecto de ultraderecha encarnado por el gobierno empresarial de Daniel Noboa, donde el autoritarismo y el neoliberalismo se dan la mano para sostener un orden social de crueldad.

Estamos presenciando la crisis del modelo neoliberal como forma de dominación. Donde las falsas promesas del libre mercado dejan de producir obediencia y consenso en la población. El Estado burgués abandona su máscara democrática y ya no busca integrar las demandas populares ni construir hegemonía; reaparece con todo su peso coercitivo para repolitizar la lucha de clases desde arriba. La mal llamada “guerra interna contra las drogas” no es más que una declaración de guerra contra los sectores populares y los territorios históricamente abandonados.

El régimen noboísta opera con una doble perversidad. Por un lado, despliega el uso espectacular y militarizado de la violencia, la normalización de la fuerza letal y la intervención carcelaria como un circo punitivo para el aplauso de las élites. Por el otro, ejecuta lo que el marxismo define como la coacción muda del capital, una violencia silenciosa que se materializa en el retiro del Estado social, la precarización extrema y la total ausencia de alternativas. Se obliga al pueblo a vivir en condiciones de miseria.

Así, la ultraderecha vacía de contenido la democracia sin necesidad de suspenderla formalmente. La administración de Noboa ensambla a la perfección el mercado, “la restauración conservadora” y la fuerza bruta. Se utiliza el discurso de la seguridad como un objetivo político para privatizar la crisis y reorganizar el sentido común, pretendiendo que el orden familiar y la obediencia resuelvan lo que el Estado destruyó.

Sin embargo, esta situación de crueldad tiene un límite. Cuando el subempleo ya no alcanza para comer y la violencia estatal desborda los territorios, el conflicto reaparece. Ante un orden social inviable, la resistencia popular tiene la obligación urgente de disputar el sentido común. No se puede aislar la inseguridad de la pobreza; es indispensable “juntar las manos para poder ser verdaderamente hermanos” y confrontar tanto las balas del crimen como el engaño silencioso del gobierno.

 

Nueva gramática de los sectores populares

 

En las calles y en las redes sociales, el pueblo exige unidad para enfrentar las injusticias y reconquistar los derechos.

La gestión actual del gobierno del presidente Noboa, opera bajo la lógica de "pan y circo", utilizando medidas festivas y el orgullo futbolístico para narcotizar el descontento y recobrar popularidad. Intentan desviar la atención de problemas graves como la crisis de inseguridad, las dificultades económicas y los pedidos de revocatoria ante el CNE. Sin embargo, la historia de los pueblos no se escribe con resignación, sino con el impulso soberano de la movilización. En este crítico escenario de Ecuador, azotado por un modelo neoliberal indolente y la penetración del crimen organizado, la protesta social emerge como la gramática política indispensable de las mayorías.

 

Movilizarse hoy es disputar el sentido de un país donde las élites y las mafias pretenden normalizar la precariedad laboral, los apagones, la migración forzada y el abandono de la salud y educación pública. Las calles son el yunque que forja el dolor individual en poder popular organizado. Allí donde los discursos oficiales intentan consolidar el ajuste, la unidad de obreros, campesinos, maestros, estudiantes, diversidades y el movimiento indígena levanta un muro de resistencia. Esta articulación es vital frente a la criminalización de la protesta, disfrazada en estados de excepción que militarizan campos y ciudades para proteger al gran capital y a la minería transnacional, mientras la inseguridad real sigue impune. Son las comunidades rurales, afrodescendientes y mujeres quienes sostienen la vida, asumiendo el trabajo informal y los cuidados.

No obstante, la fisonomía de la insurgencia contemporánea se ha transformado; la ocupación de las calles hoy es indisoluble del espacio virtual. Aunque las plataformas sufren la manipulación y el odio financiado por la derecha para deslegitimar la lucha, constituyen una infraestructura crucial. A través de coberturas colaborativas, las redes permiten romper el cerco mediático, internacionalizar reclamos y traducir el descontento en fuerza estratégica.

El verdadero reto radica en sostener esa continuidad organizativa más allá del estallido efímero. La articulación entre la planificación digital y el aguante en el asfalto es la clave para desmontar desigualdades estructurales. Mientras las injusticias persistan, sigue vigente la organización de las masas con una posición soberana y antiimperialista frente a las recetas del FMI. La rebeldía arraigada en la identidad constituye la única garantía real para reconquistar los derechos fundamentales arrebatados por la burguesía. Solo la unidad organizativa edificará un país justo donde la dignidad humana sea la regla.

Cuando el descontento popular se vuelve organización

A los sectores populares, aún nos queda la inquebrantable  moral revolucionaria, antes de cruzamos de brazos y ser cómplices de una oligarquía cleptómana…

Hacer política desde los sectores populares nunca ha sido un oficio cómodo; es, fundamentalmente, un compromiso que nos obliga a vivir entre “la náusea y la angustia”. Así lo entendía el dirigente español Julio Anguita, cuya lucidez nos sirve hoy para desnudar la realidad de un Ecuador sumido en una crisis profunda, donde el sistema no sufre un fallo temporal, sino una descomposición estructural.

 Al evocar la “náusea sartreana”, Anguita describía el asco físico y moral ante la podredumbre. En el Ecuador actual, esa náusea estalla al ver un Estado infiltrado por el crimen organizado, instituciones secuestradas por mafias y una justicia arrodillada ante el poder. Sentimos ganas de vomitar cuando los hospitales carecen de medicinas, ante el desempleo, la migración forzada y una política contra la violencia que pone en juego la soberanía nacional. Es la máxima expresión de la miseria moral de una clase gobernante que se lava las manos mientras los recursos públicos se desvían en contratos corruptos.

Lo alarmante es que el relato oficial y los grandes medios hegemónicos aplauden esta profunda indolencia como el simple “juego de la democracia”. Julio Anguita denomina esto como la mala fe de los gobernantes que se escudan en la intrincada burocracia para evadir su responsabilidad histórica. Afirma que el verdadero peligro es ideológico: “la anestesia social, que nos ha habituado a caminar entre cadáveres y corrupción como si fueran el paisaje natural del poder”.

Aquí es donde la náusea se transforma en angustia existencial, al reconocer que todos somos responsables del país que habitamos. La destrucción del tejido social no constituye un desastre natural, sino el resultado directo de la persecución estatal. Si nos cruzamos de brazos, el silencio nos convierte en cómplices de una oligarquía dedicada al latrocinio de los bienes públicos. Al pueblo le toca elegir entre tolerar la deshonestidad o transformar esa dolorosa realidad social.

Frente al cinismo que destruye la patria, la vigencia del pensamiento de Julio Anguita exige coherencia y un programa claro. La indignación pasiva en redes sociales debe transformarse en organización firme y conciencia popular. Contra la miseria burguesa, nos queda la inquebrantable moral revolucionaria y la unidad ciudadana, a fin de superar el asco institucional para recuperar, nuestra dignidad y soberanía nacional; y finalmente, construir una sociedad más justa.

El transfuguismo frente a la dignidad popular

El escenario político actual ha sufrido un cambio perverso. La vocación de servicio guiada por convicciones compartidas ha sido secuestrada por una burda carrera de beneficio personal. Asistimos a la consolidación del “camaleonismo político” o transfuguismo, un fenómeno que no es más que el reflejo de una profunda crisis de representación donde la ideología y los programas de clase han sido desplazados por el más arcaico pragmatismo electoral.

 

Bajo la falsa bandera de la independencia política, muchos actores proclaman una neutralidad que realmente los blinda contra la rendición de cuentas. Al declararse independientes, estos personajillos adictos al mercado electoral se desentienden por completo de la disciplina partidista y del peso de un legado histórico. Esta flexibilidad diluye la confianza del pueblo, atrapado en una farsa donde ya no se sabe qué principios se votan. Lo más grotesco ocurre cuando, para justificar su traición, el tránsfuga recurre a la agresión violenta contra su antigua organización, satanizando el espacio que habitó ayer para legitimar su oportunismo.

El caso del cantón Loja es un síntoma perfecto de esta descomposición. Tener 20 aspirantes a la alcaldía no es democracia vibrante; es una alarmante atomización. Los partidos han dejado de ser escuelas de pensamiento para transformarse en “empresas de alquiler” de membresías electorales. Cada candidato es una marca mercantilista donde el ego se impone sobre cualquier proyecto de ciudad a largo plazo. Esta ferocidad política aleja al ciudadano y destruye el debate de ideas.

Frente a este canibalismo y el vacío de coherencia, la respuesta popular jamás puede ser el repliegue ni la apatía. El verdadero desafío de los movimientos sociales y de la izquierda transformadora radica en sostener una continuidad organizativa firme más allá del estallido efímero. Es urgente tejer alianzas sólidas desde las bases para frenar el individualismo de aquellos oportunistas que mercantilizan la política, destruyendo el debate democrático real y directo.

La articulación entre los reclamos en las redes sociales y la resistencia en las calles es clave para desmontar las desigualdades estructurales. Hoy más que nunca, la fragmentación solo beneficia a las élites dominantes. La necesidad de la unidad de los sectores populares, diversa y autogestionada, se vuelve una prioridad absoluta. La participación activa en las calles y barrios edificará un porvenir justo donde la dignidad humana sea la regla definitiva y no una mercancía.

Política: del origen griego a la resistencia popular

La palabra política proviene de “el arte de las cosas de la ciudad”. Para los griegos, no era el negocio de unos pocos ni una profesión para enriquecerse, como con justa razón se critica hoy. Irónicamente, ahora la política suena a engaño y corrupción, en su origen significaba exactamente lo contrario: el deber de cuidar lo que nos pertenece a todos.

El filósofo Aristóteles decía que el ser humano es un “animal político”, que, a diferencia de otras especies, los humanos necesitamos organizarnos, debatir y tomar decisiones colectivas para alcanzar el bienestar común y la justicia social. Toda sociedad necesita leyes e instituciones para asegurar una convivencia armónica donde se respeten los derechos y deberes colectivos. Por eso, lo político no es ajeno a nadie; abarca la vida e ideas de cada ciudadano. En realidad, casi cualquier actividad humana tiene un trasfondo político y social.

En esencia, la política es la preocupación real por el bienestar colectivo. Nadie puede vivir al margen de ella, porque frente a la comunidad solo existen dos caminos: o nos comprometemos solidariamente con el bien común o nos encerramos en un individualismo puramente egoísta. Es imposible decir que la política no nos interesa; ignorarla es dejar que las élites decidan nuestro futuro.

Hoy vemos realidades opresivas que golpean al pueblo, asfixiando su economía mediante el encarecimiento de la vida y el abuso de precios que castiga a la clase trabajadora mientras protege las ganancias de los grandes grupos económicos. Ante la legítima organización popular, el poder responde persiguiendo y criminalizando dirigentes. Todo esto ocurre bajo un cerco mediático donde el gobierno y los sectores poderosos controlan los medios de información y las redes sociales para manipular la verdad, fragmentar las luchas y mantenernos desinformados.

Por eso, es hora de que los sectores populares despierten, se organicen en cada barrio, sindicato y comunidad, y asuman un rol protagónico en la construcción de su propio destino. Rompamos la apatía participando activamente en la vida política y respaldando con fuerza combativa a los candidatos surgidos de las bases auténticas del pueblo. Solo apoyando a lideresas y líderes que sientan el rigor del trabajo y que provengan de las entrañas de nuestras luchas colectivas, lograremos construir poder popular; caso contrario, los mismos de siempre mantendrán el negocio electoral y sus privilegios coloniales, dejando al pueblo marginado en el olvido.