Donde hay poca justicia es un peligro tener la razón

Los criterios que en los últimos días propagamos los ecuatorianos en cuanto a si la justicia tiene o no autonomía respecto del gobierno de turno, nos muestra la cruda realidad que ostenta el poder, donde las reglas no están para ser cumplidas por ellos, sino por los otros, dejando a la gran mayoría en indefensión.

Parece normal que si se trata de aplicar justicia a los otros está bien, pero si se trata de nosotros, no. Si demandamos justicia porque se ha cometido algún hecho doloso, esperamos que los encargados de impartirla actúen apegados a las leyes, traten de ser objetivos y que su aplicación sea ágil a fin de que se reparen los daños cometidos. No esperamos que esa justicia nos complazca a todos, ni que necesariamente se dé a todos los mismo.

Así como reza el refrán de que las cosas son del color del cristal con que se las mira; así mismo los ciudadanos tenemos ideas muy diferentes de ver el contexto social, de ver las injusticias. Por ejemplo, mientras unas personas ven de manera loable que otras hagan un bingo de solidaridad, para ayudar a palear los gastos médicos de un enfermo, otros podrán ver la misma acción solidaria como una injusticia causada por las desatenciones del estado al no atender las necesidades de salud conforme lo estipula la Constitución. El problema no está en la visión, radica en los políticos que se la pasan en discusiones inútiles tratando de averiguar qué es justo o injusto, descuidando la realidad de aquellos que siempre han estado en el sálvense quien pueda, postergados de los más elementales servicios para sobrevivir,

En el presente gobierno al igual que en el anterior, desde el poder ejecutivo como del legislativo, siguen las discusiones estériles sobre las leyes para garantizar los servicios sociales, se dilatan con entretelones como la llegada del Papa, los partidos de la selección, los fraudulentos dineros de Odebrecht, en fin, por cualquier cosa, pero se retardan, dejando a los sectores populares en orfandad permanente.

El gobierno del Presidente Moreno, tiene ahora la dura tarea de erradicar la disposición de su predecesor respecto que la justicia debe mantenerse al margen de los neo revolucionarios, aun cuando haya claros indicios de corrupción, caso contrario cobra vigencia la frase de Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener la razón”.

Dialogo para resolver los males que nos aquejan

El ascenso del movimiento indígena a inicios de los años 90 nos mostró un protagonismo significativo y las nuevas posibilidades de la articulación política y social; de la misma manera, en el contexto actual es importante  reconocer y reflexionar sobre las potencialidades y límites a que se enfrentan los movimientos populares en su lucha por la transformación social.

Partamos por entender que el tema principal para el movimiento popular y los gremios de los trabajadores es el desarrollo organizativo y la unidad. Por ello, en el proceso de dialogo es prioritario vislumbrar cómo podemos resolver la desorganización y división propiciada desde el régimen correísta, y aunque sean públicas las diferencias, debe dejarse claro lo que se quiere, hacia dónde se desea llegar, cómo se lo hará y con quienes se forjara la unidad.

La experiencia nos recuerda que en el plano de la resistencia coyuntural contra los abusos del poder se han logrado acuerdos relativos y una frágil unidad. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo a la hora avanzar en la construcción del nuevo país, de la lucha contra la corrupción, o de la defensa de los derechos civiles y garantías constitucionales. Precisamente allí, los sectores populares se han encontrado debilitados y fragmentados frente a la prepotencia de la oligarquía y los gobiernos a su servicio.

La memoria histórica y la conciencia social tiene que orientarnos a reconstruir las organizaciones populares y de trabajadores con una dimensión clasista y política de carácter antiimperialista, caso contrario no hay posibilidades de resolver los problemas actuales que entorpecen las transformaciones sociales. Eso solo podría lograrse en tanto y en cuanto se desarrollen políticas para el aprovechamiento de los recursos naturales, puesto que la pobreza y el cacareado buen vivir, no se resuelven con organizaciones paralelas y serviles, sino sobre la base de combatir a quienes concentran la riqueza nacional en desmedro de las mayorías populares.

Finalmente, para conseguir que la situación de los trabajadores, sub empleados y desempleados cambie, es necesario que se cambie la política revolucionaria que persigue y reprime a los líderes populares e ilegaliza sus organizaciones por otra que, origine una democracia participativa en la que la ciudadanía sea consultada para resolver los grandes males que nos aquejan y erradicar al capitalismo que nos explota y nos somete a través de la expedición de leyes represivas y de los mecanismos de flexibilización laboral que se vienen implementando en el Ecuador.

La herida oculta

Historia:
La herida oculta

Por Cristina Arboleda P. e Isabel González R.

El 1 de julio de 2017 vence el plazo para cumplir con la reparación material e inmaterial a 41 niños y niñas víctimas de abuso sexual en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA), un colegio privado del sur de Quito.
El aula de Sexto C se volvió oscura. El profesor José Luis Negrete Arias insistió en tapar las ventanas. Los padres de los 41 estudiantes compraron las cortinas para proteger a sus hijos del sol, sin saber que el peligro estaba adentro. Allí, durante once meses, el docente sin título universitario insultó, torturó y abusó sexualmente de todos los alumnos sin que nadie lo notara.
Negrete calculó el horror de cada día. Al cerrar la puerta del salón, el profesor obligaba al grupo a enfrentarse a golpes o con pistolas de balines. Dos niños vigilaban siempre por una rendija. Negrete forzaba a quienes asistían a sus clases a repetir escenas de las películas pornográficas que mostraba. Con sus manos gruesas desnudaba a las niñas, las tocaba y rayaba con un marcador sus partes íntimas. En esa aula, Negrete violó al menos a una de ellas.
Si los estudiantes se rehusaban a seguir sus órdenes eran azotados con un cable, castigados con un palo o quemados con un mechero en zonas poco visibles de sus cuerpos. Tenían entre 10 y 11 años. Y estaban seguros de que ese hombre de mirada perversa, que fingía hablar con sicarios durante las horas de clase, cumpliría la amenaza de matar a los padres e incendiar la casa del primero que hablara. Él sabía dónde vivían y les llamaba por teléfono si faltaban a clases.
Una de las estudiantes que testificó en el juicio, recuerda el salón como “una cárcel chiquita”. Durante el año lectivo 2010-2011, en medio de uno de los colegios más grandes del sur de la ciudad, los niños y niñas quedaron atrapados por la violencia de su profesor.
Todos, sin excepción, callaron y escondieron sus heridas.
La sombra de la violencia
El día de la captura, en septiembre de 2015, José Luis Negrete tenía barba, bigote y el cabello largo y rojizo. Engordó más y tenía un piercing en la ceja. No se parecía a la foto del quinto más buscado en Ecuador. Estuvo prófugo durante tres años, hasta que la policía lo encontró en una casa del barrio Solanda, a menos de cuatro kilómetros de AAMPETRA.
Mientras Negrete se escondía, los 41 estudiantes y sus padres lidiaron con las consecuencias de su abuso. La oscuridad del salón llegó hasta los hogares. Una de los 41 pintó su cuarto de negro, uno de los 41 no quería encender la luz, una de los 41 lloraba si pasaba cerca de la escuela, varios de los 41 intentaron suicidarse. Aunque hubo padres de familia que no denunciaron o desistieron del proceso, la Fiscalía llevó el caso por todos los afectados.
Las pruebas evidenciaron daños psicológicos y lesiones corporales, pero lo que más impactó al Tribunal fueron los testimonios. El juicio contra Negrete, en marzo de 2016, duró dos días. Seis estudiantes hablaron por los 41. Cada palabra les devolvió la luz que perdieron con el silencio: “Me liberé, saqué todo lo que tenía guardado. No solo pensé en mí, sino en los compañeros a quienes no les creyeron”, dice una de las alumnas. “Quería verlo a los ojos para que supiera que ya no le tengo miedo”, agrega otra.
Los testimonios fueron concordantes y sirvieron para condenar a José Luis Negrete Arias a 16 años de prisión por abuso sexual colectivo y violación a una de las menores. Para el fiscal Eduardo Estrella, especialista en género, estos delitos son los más frecuentes en los centros educativos. Define el abuso como cualquier acto de carácter sexual, por ejemplo, mostrar o tocar alguna parte del cuerpo; mientras la violación implica la penetración parcial o total por vía oral, anal o vaginal.
Son incontables los esfuerzos que hacen los padres de familia para encontrar el lugar al que confiarán sus hijos. Ariadna Reyes, asesora del fiscal general, precisa que cuando los maestros rompen con el deber de cuidar a quienes están a su cargo, incurren en dolo. Por eso, la violencia sexual en el ámbito educativo es un delito de doble afectación.
Si la Fiscalía comprueba que el ex profesor de AAMPETRA violó a otra niña del grupo, podría permanecer encarcelado mínimo 24 años.
Esperar por la justicia
La casa de una de las familias se convirtió en refugio para quienes impulsan el caso AAMPETRA. En la pequeña sala, los alumnos contaron hace cinco años lo que sucedía. Juntos han aprendido a contenerse. En ese círculo de confianza, los padres comentan que no están satisfechos pero sí aliviados de que el agresor de sus hijos esté en la cárcel.
Buscar justicia no ha sido fácil. Padres y madres cambiaron de trabajo o cerraron los negocios para acompañar a sus hijos. Los trámites para encontrar nuevas escuelas, el tiempo invertido en las diligencias judiciales y el dinero para pagar las terapias psicológicas se suman al sufrimiento. Ellos continúan con sus vidas, a veces aferrándose a la fe. Algunos dicen haber perdonado, pero en los ojos de todos se asoma el dolor.
Negrete está preso, aunque los estudiantes sienten que todavía los mira desde el fondo del salón. Ahora, que son adolescentes, desconfían de los hombres y se estremecen cuando ven que alguien parecido al profesor se sube al bus en el que viajan.
Negrete destruyó su infancia. ¿Quién les devuelve su derecho a ser niños? ¿Cómo se recuperan los años de depresión y angustia de 41 familias?
Francisco Bonilla, director de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, explica que las sentencias incluyen tanto la pena como la garantía de reparación integral, para compensar material e inmaterialmente los daños y restablecer la dignidad de las víctimas. En el caso AAMPETRA, la fiscal Soria anticipa que es poco probable que el agresor indemnice a cada estudiante con 10 mil dólares, como se le ordena. Por eso, insiste en que la reparación simbólica es la única forma de resarcir en algo los perjuicios.
Hay historias que no deben repetirse. La sentencia que fue ratificada en todas sus partes por la Corte Provincial de Pichincha, obliga a la escuela AAMPETRA a convertir el aula donde ocurrieron los abusos en una sala de uso múltiple e impartir allí, cada año, charlas de prevención contra la violencia. Hay historias que no pueden olvidarse. La institución debe realizar un acto público para instalar una placa con la leyenda: “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”.
La placa sería un hito contra la violencia. El salón, un lugar para la verdad.
Los adolescentes y sus familias quieren cerrar con esta reparación simbólica la herida que la escuela no quiso ver. Esperan que ocurra antes del 1 de julio.
Reparar para sanar
Luis Naranjo Paredes, rector de AAMPETRA, es abogado e interpuso varios recursos legales para evitar el cumplimiento de las acciones de reparación simbólica. A pesar de que los hechos ocurrieron en una de las aulas de la escuela que dirige, Naranjo alega que, al no ser parte del proceso judicial, las medidas vulneran su derecho a la defensa y afectan el buen nombre de la institución.
La reparación no implica una sanción al establecimiento, aclara Jorge Fabara, coordinador general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación. Dice también que la placa conmemorativa está lista y que el Ministerio ha insistido en que la escuela acate la sentencia a través de varias comunicaciones.
El buen nombre no alcanza para esconder las heridas causadas a 41 alumnos. “La comunidad educativa tiene que conocer lo que sucedió y saber qué está haciendo la institución para que los abusos no se repitan”, enfatiza Celine Andrés, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir.
Los estudiantes han esperado más de dos mil días para que se reconozca que los hechos que cambiaron sus vidas ocurrieron en AAMPETRA. Sin embargo, el rector solicitó una Acción Especial de Protección que fue admitida por la Corte Constitucional del Ecuador, sin que esto implique una respuesta a su favor. Ni Naranjo ni su abogado atienden el teléfono para explicar por qué insisten en alargar la espera.
La fiscal Soria, que ha investigado al menos 20 casos de violencia sexual en centros educativos, recalcó durante la audiencia de estrados en la Corte que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de interés prioritario. Todas las autoridades e instituciones deben ajustar sus decisiones para aplicar el principio de interés superior, como establecen la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia.
La justicia no es un túnel sin salida. El plazo de un año para ejecutar la sentencia se vence en menos de 40 días. El tiempo es largo para quienes esperan y corto para quienes intentan incumplir. Bonilla plantea que AAMPETRA está usando las prácticas del viejo sistema judicial para dilatar los plazos, pero advierte que “generar incidentes es falta de lealtad procesal”.
Las medidas de reparación no son opcionales. Si el rector desacata la sentencia cometerá un delito penado con cárcel de uno a tres años. En ese caso, la Defensoría del Pueblo tendrá que intervenir para garantizar los derechos de los niños y niñas.
Un rector es la primera autoridad que los niños reconocen por fuera de su casa. Es quien vigila que las reglas y obligaciones se cumplan en la escuela. Pero Luis Naranjo Paredes, el rector de AAMPETRA, todavía no cumple con la suya.

La escuela del mundo al revés

El título que precede es parte del libro de Eduardo Galeano “Patas arriba”. Como él mismo lo describe, nos encontramos con un modelo de sociedad y de escuela que se contradice con la lógica del respeto a los demás, y nos muestra una realidad inhumana, propia del decadente sistema capitalista.

Mientras el Ministro de Educación anuncia acciones para mejorar la calidad de la educación, por ejemplo, reformas al sistema de ingreso a la universidad y reapertura de escuelas unidocentes; el anterior Ministro y otros colaboradores del Presidente Correa, censuran estas intenciones. Será acaso como parodia Galeano, se estará planteando una reforma educativa al revés. Al revés también pareciera el dialogo que propone el Presidente Moreno, que en el campo educativo insiste en educar en y para la libertad, y sin embargo se mantiene la las políticas de reprensión propia de las dictaduras políticas, como la judicialización de la protesta social y la persecución a los dirigentes políticos y sociales que no se alinean al pensamiento oficial.

Los cambios educativos parecieran ser del mundo al revés del que habla Galeano, puesto que se dice que los estudiantes tendrán derecho a una formación integral, para ello se propone un bachillerato general unificado que reduce los aprendizajes a las destrezas con criterios de desempeño y un bachillerato internacional excluyente y ajeno a la realidad nacional, en los que se concibe a los estudiantes como “capital humano”, priorizando la dimensión de emprendimiento y lo económico, y no la condición de ser humano. Lo importante de este modelo al revés, es garantizar la dependencia y no la anunciada educación liberadora para alcanzar el buen vivir.

La escuela del mundo al revés habla de la inclusión pero en realidad es excluyente, ya que niega a los alumnos con capacidades diferentes el derecho a recibir educación y atención especial al no dotar de los profesionales para ello. Se habla del derecho a la diversidad y al reconocimiento de las diferencias, pero se impone una evaluación estandarizada a todos.

Creyendo que la escuela es el centro de atención, se construyen escuelas del milenio que dejan a los alumnos fuera con el cierre masivo de escuelas unidocentes en el sector rural e indígenas o alejándolos de sus lugares de origen. En el modelo revolucionario no es necesario estudiar para profesor, cualquiera puede serlo, es decir se desprofesionaliza al docente. Así el cambio y las soluciones no serán posibles.

Que la astucia política no privilegie la impunidad.

La ética en términos sencillos no es otra cosa que, la evidencia de nuestro comportamiento respecto de determinados hechos que perturban a la colectividad, afectando los principios morales y sociales, e incluso a la propia vida, por lo que es un deber ético de todo ciudadano erradicar la corrupción que perjudica a nuestros pueblos.

Quizá sea más peligroso aún para la sociedad que, desde las instancias de las funciones públicas y otras de poder económico y político, se pretenda combatir la corrupción, imponiendo una cultura individualista e irrespetuosa de las instancias judiciales y de control, lo cual lejos de solucionar este malestar social, debilita las posibilidades reales de un verdadero dialogo ético.

Si bien la corrupción no es propiedad del gobierno actual, las recientes denuncias contra funcionarios públicos y su parentela, nos exigen repensar en el significado de la ética y su relación con la clase política, no porque todos sean corruptos, sino porque su indiferencia o porque la supuesta lealtad a su líder, los delata como cómplices y encubridores del chantaje y la corrupción.

En política y en cualquier relación con los demás, la solidaridad deja de ser un privilegio personal para convertirse en una exigencia social que debe verificarse entre las palabras y los hechos. La firmeza en la condenación de los eventos dolosos debe acompañarse de un juicio sin ofuscaciones afectivas, cualquier duda debe ser expuesta al interior del movimiento o partido. Si no hay tratamiento entonces es válida la denuncia abierta, allí serán juzgados todos los actos de los funcionarios con base a la conciencia pública, aquí no se podrá siquiera pensar, que criticar duramente los actos fraudulentos sea deslealtad, porque esta crítica es un deber de los ciudadanos y más aun de un revolucionario, porque ningún funcionario puede por sí considerarse infalible, al fin y al cabo son seres humanos y no seres angelicales.

Finalmente, no se puede aceptar, que en su defensa los presuntos involucrados aleguen que en política para la oposición lo único inmoral es perder. Tampoco podemos juzgar ciertas debilidades humanas en su vida privada, pero en el ámbito que concierne a la función pública, tiene que demostrarse un comportamiento apegado a un mínimo marco de referencia ético, en el que se tiene la obligación de rendir cuentas y de actuar con responsabilidad conforme a la exigencia Aristotélica, que sostiene que “no es aceptable que la astucia política privilegie la impunidad”.