Declaración final del Congreso Mundial de Educación en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo

Sindicatos y gremios de los trabajadores de la educación del sector básico, medio y universitarios, de la ciencia y la cultura, colectivos de investigadoras(es) y educadores(as) populares del mundo, así como actores sociales, reunidos los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el I Congreso Mundial de educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo declaramos que:

La pandemia del COVID-19 generó una situación inédita de parálisis global programada, que desnudó las profundas desigualdades del sistema, pero que también se convirtió en una oportunidad para el gran capital en su propósito de avanzar en una redefinición de sus procesos y dinámicas, con elementos de mayor exclusión y dominación.  La ola de privatizaciones de los servicios básicos y de interés social ocurridas en las últimas décadas, hizo que los sectores sociales más empobrecidos y la clase trabajadora fueran los más afectados por la crisis de la pandemia.

Tal parálisis se imbricó con la crisis económica del capital que venía eclosionando en una nueva recesión económica mundial. En ese contexto vimos surgir gobiernos neo- conservadores con políticas de corte fascista como el de Trump o Bolsonaro, que con sus políticas negacionistas de los riesgos para la salud del COVID-19 llevaron a miles de seres humanos a los hospitales y a la muerte. Muchos gobiernos, siguiendo el ejemplo de Trump y Bolsonaro, privilegiaron las ganancias por encima de la vida humana.  Esto debe ser enfrentando por los pueblos y sus organizaciones sociales y sindicales en el plano de las ideas, la movilización y la organización.

La actual coyuntura mundial es de crisis profunda del sistema capitalista que lo lleva, una vez más, a intentar colocar sobre las espaldas de los y las trabajadores los costes de esta situación.

Con lo que respecta a educación, la pandemia del COVID-19 ha servido de pretexto para avanzar en la agenda neoliberal de sociedad educadora, la cual se concreta con novedosas formas de privatización educativa, asociadas al acceso a la conexión a internet y la posesión de equipos para participar en las clases remotas y virtuales.

El experimento de la virtualidad en casa está siendo usado para colocar una disputa que no existía en febrero de 2020, entre educación presencial en la escuela versus educación virtual en casa. El capitalismo sabe que no puede suprimir de manera impune y rápida las escuelas, pero está creando el imaginario social sobre la obsolescencia de lo escolar. Con ello procura dar entrada a las corporaciones tecnológicas y de contenidos educativos digitales al “mercado educativo”, lo cual va acompañado de una desinversión sostenida en la actualización y formación docente para contextos digitales como el actual.

La propuesta de educación virtual, híbrida y multimodal ha encontrado a millones de niños, niñas y jóvenes sin posibilidades reales de continuar sus estudios. No son ellos, los y las jóvenes y los más chicos(as) quienes están dejando los estudios, es el sistema capitalista quien los está dejando fuera, al romperse el papel igualador de condiciones de aprendizaje asignado a la escuela.

A pesar de ello, la docencia internacional ha asumido por cuenta propia y con el acompañamiento de sus gremios y sindicatos la tarea de actualizarse para enfrentar los actuales desafíos pedagógicos. Los educadores del mundo somos un digno ejemplo del compromiso con la continuidad del derecho a la educación, en condiciones cada vez más adversas, quienes hemos garantizado de manera real el sostenimiento del vínculo pedagógico con los y las estudiantes.

Los/as docentes han sido sometidos al acoso laboral, sobre carga en sus horarios y tareas, encerrados/as en sus casas, resolviendo por su cuenta la continuidad de la actividad educativa. Situación que además, ha incrementado la jornada de trabajo por las tareas de cuidado y sostenimiento del hogar, afectando especialmente a las trabajadoras docentes con hijos menores o adultos mayores a su cargo Esto lo ha hecho el magisterio mundial con el mínimo o ningún reconocimiento de los gobiernos.

Ello no oculta la emergencia de nuevas formas de privatización, al transferir a las familias, docentes y estudiantes las responsabilidades de los Estados nacionales de garantizar las condiciones mínimas para ejercer el derecho a la educación. Son ahora las familias, docentes y estudiantes quienes deben comprar o repotenciar computadoras, pagar planes de datos para el acceso a internet e incluso adquirir plataformas privadas para poder dar clases virtuales. Esta privatización está siendo ocultada con una estruendosa cortina de humo comunicacional de los gobiernos algunos de los cuales, incluso, han sostenido un supuesto éxito educativo en la pandemia, con frases oportunistas sobre la vocación docente.

Algunos gobiernos de manera irresponsable han intentado convocar a una vuelta a clases en medio del ascenso de los contagios, sin que aún se cuente con una vacuna y sin las adecuadas condiciones de bio seguridad, cuestión que expresa con claridad que sus mayores preocupaciones están en reactivar la economía capitalista en crisis, a costa de la seguridad y vida de les niñez, familias y les trabajadores de la educación, exponiendo a la inmunización por rebaño.

Mientras el capital hoy defiende la escuela como guardería y sitio para transmitir conocimientos funcionales al modo de producción, nosotros defendemos la escuela del pensamiento crítico, de la solidaridad, del encuentro humano, del vínculo con la transformación social.

La actual crisis ratifica viejas certezas al tiempo de instalar nuevos desafíos. La certeza según la cual la experiencia educativa ineludiblemente se sostiene en una actividad presencial ha recuperado nuevamente valor para el ejercicio docente, tan denostado por la mercantilización educativa neoliberal. Con todo ello, el retorno a las aulas y a la presencialidad no puede ser un regreso a aquella realidad naturalizada de desigualdades expresadas antes de marzo 2020 y con dramatismo durante la pandemia.

El desafío que enfrenta la generación de trabajadores y trabajadoras de la educación en el presente es aún mayor: se trata de pensar y construir respuestas, no solo para la coyuntura, sino que desde el presente de resistencias se pueda trazar un horizonte estratégico, que pasa ineludiblemente por la construcción de alternativas pedagógicas que sustenten una nueva escuela, una nueva universidad.

Asumir de la manera más consistente y responsable este desafío, supone ir más allá de las fronteras nacionales puesto que lo que está en juego es precisamente la superación de la crisis de un modelo globalizado de educación neoliberal.

La universidad pública intenta ser tensionada por el capital hacia modelos de privatización, lo cual demanda un renovado compromiso con su carácter público, algo que forma parte de nuestras preocupaciones centrales.

Por ello, este I Congreso Mundial de Educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo acuerda:

·       Primero: condenar de manera firme y contundente este nuevo modelo de privatización educativa que se intenta imponer en el marco de la pandemia del COVID-19. Por ello, se insta a los gobiernos, a que en el periodo que aún resta de la pandemia se garantice el acceso universal y gratuito al internet y los planes de datos, así como la dotación de equipos de computación a docentes y estudiantes. La crisis generada por el COVID-19 no puede ser un pretexto para imponer el paradigma neoliberal de sociedad educadora ni para descargar sobre los y las trabajadoras(es) la actual crisis económica mundial;

·       Segundo: declarar por unanimidad que la educación pública, gratuita, popular, laica, científica, no sexista, no racista  y de excelencia es para nosotros entendible en un marco de presencialidad, encuentro, diálogo y construcción compartida del conocimiento en las aulas e instituciones educativas, y siempre al servicio de los problemas globales, nacionales y locales de las grandes mayorías Por ello, denunciamos los intentos de las grandes trasnacionales y corporaciones tecnológicas de promover el modelo de educación en casa, como una ruta para elevar sus ganancias en detrimento de las necesidades humanas de aprendizaje de los pueblos;

·       Tercero: la presencialidad no se opone al uso de la innovación tecnológica en las escuelas, liceos y universidades, pero ello demanda el desarrollo de plataformas virtuales independientes y nubes digitales soberanas en manos de los sistemas educativos nacionales y las organizaciones sindicales del magisterio. Este tema se convierte en central en la lógica de frenar nuevas formas de dependencia científica y del conocimiento derivadas de la dependencia tecnológica. La docencia mundial tiene el saber pedagógico para trabajar desde cada especificidad el conocimiento que se corresponda al desarrollo tecnológico en las aulas con una perspectiva igualitaria, de justicia social, anti patriarcal, feminista, ecológica, crítica, emancipatoria, de defensa de nuestra memoria histórica y los pueblos ancestrales y anticapitalista;

·       Cuarto: Ante la desinversión educativa que viene ocurriendo en el marco de políticas neoliberales, lo cual se expresa en el deterioro de las condiciones de trabajo y salariales de les docentes, planteamos a la OIT y la UNESCO la urgencia de producir una nueva actualización de las “Recomendaciones de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966)” y de las “Recomendaciones de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior”  (1997), así como de sus revisiones posteriores. Se debe garantizar el respeto a los derechos laborales de la docencia, con pleno acceso a la formación y actualización permanente, gratuita y en servicio, a cargo de los estados y las instituciones educativas.

·       Quinto: es urgente abrir un diálogo educativo abierto y permanente con las organizaciones de los/ las estudiantes y sus familias que defienden el derecho a la educación en los nuevos contextos de asedio de las corporaciones tecnológicas, para con ellos y ellas construir rutas de trabajo compartidas;

·       Sexto: establecer un plan de unidad en las luchas que se exprese en la solidaridad activa con todas las formas de defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo que se libren en los territorios locales, nacionales, continentales y mundiales. En ese sentido trabajaremos en una ruta unitaria que permita el establecimiento de la segunda semana de junio de 2021 como la semana mundial de movilizaciones en defensa de la educación pública, la ciencia y la cultura,  en la cual se coordinen organizaciones de les trabajadores de la educación, asociaciones de familias y estudiantiles. Trabajaremos en el post congreso para impulsar la Marcha Global de les Trabajador@s de la Educación, los estudiantes y las familias y la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura;

·       Séptimo: Transformar el Grupo de Contacto Internacional que posibilitó llegar a este Congreso Mundial, en el Espacio de Encuentro Global de las Luchas en Defensa de la Educación Pública con el propósito de allanar el camino para la conformación de un espacio estable y permanente, la Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores(as) de la Educación.

·       Octavo: se aprueba emitir por separado las declaraciones de solidaridad con las luchas de los pueblos y el movimiento pedagógico que fueron presentadas ante la mesa de debates.

Firman de los participantes en el I Congreso Mundial de educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo

Una voluntad unitaria que se afirme en acciones

No hace mucho el Presidente Moreno se refería a la “Carta de Intención” con el Fondo Monetario Internacional como el más importante y que con ello se solucionaría la situación de crisis económica que vive el país. Quizá lo más importante para ellos, es la afectación de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores y los pueblos. Pese a la movilización de octubre del 2019, el precio de los combustibles se liberó, lo que implica un alza en cualquier momento. Luego de esa firma y “amparados” en el Estado de Excepción, han sido despedidos más de 20.000 trabajadores y servidores públicos. Lo más grave, se disminuyó el presupuesto del Estado para salud y educación.

Contraviniendo a la Constitución, se hicieron reformas laborales disminuyendo la jornada laboral y consecuentemente el sueldo; con ello también se pretende la flexibilización y tercerización laboral en beneficio del gran empresariado. Cabe resaltar que por la unidad y lucha, los trabajadores van recuperando su derecho a la organización sindical y contratación colectiva. Esto y otras son las falacias del Gobierno y el FMI contra el pueblo ecuatoriano, frente a esto, el FUT no descarta una huelga nacional.

Como si fuera poco, la pandemia a más de causar daños a la salud y economía, evidenció la casi olvidada lucha de clases que enfrenta a ricos y pobres; mostró además la corrupción de políticos y empresarios que afanados por el lucro, se repartieron la administración de hospitales y realizaron sucios negocios poniendo en riesgo la vida de los ecuatorianos. Eso define a la clase dominante, empeñada en descargar el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo.

En lo político, como siempre, las encuestadoras pagadas ubican primero al candidato de la derecha, sin embargo, la verdadera encuesta será el 7 de febrero, donde la voluntad política de los sectores populares y progresistas declinando a legítimas aspiraciones personales y de grupo aúnan sus energías por la unidad. Esa unidad que Pedro Saad refería, como “el renunciamiento a las propias perspectivas si ellas obstruyen el camino a la unidad”.  Esa alianza tiene que forjarse sobre la base de las coincidencias y no de las diferencias. Hoy las opciones están sobre el tapete electoral, hay varios candidatos. No está mal. Lo malo está en que algunas se presentan para restar o dividir; cuando debería imponerse la suma y la multiplicación de voluntades y esfuerzos.

Para las mayorías populares, lo fundamental, es la unidad y el programa de gobierno que represente sus intereses, el candidato pudo ser uno u otro. Aunque está claro, quien levanta la bandera por la recuperación de la patria. Es la hora de los servidores públicos, maestros, estudiantes, trabajadores, campesinos y del pueblo para defender sus derechos; para defender el IESS para los afiliados y jubilados; para defender las empresas estatales; para reclamar estabilidad laboral. De la ubicación personal en una u otra orilla política, depende el Ecuador con menos desigualdades económicas y sociales.

Un programa básico que recoja las demandas ciudadanas

     El pasado miércoles en contra de la corrupción y las reformas laborales se movilizaron docentes y estudiantes, médicos y enfermeras, comerciantes y vivanderas, trabajadores, campesinos y artistas populares. Los médicos postgradistas expresaron que llevan siete meses impagos. El Presidente Moreno, lejos de atender los reclamos, dispuso un cerco represivo que es aprovechado por el fundamentalismo correista y la derecha, para atacar al desprestigiado gobierno y de paso a las organizaciones populares. 

La sentencia contra el expresidente Correa, cabecilla del atraco al erario nacional y su pandilla criminal, quiere ser aprovechada para declarase perseguidos políticos justo al inicio del proceso electoral. Esto exige de las organizaciones sociales, de los servidores públicos, de los trabajadores, del campesinado, de los estudiantes, del pueblo de a pie, una participación responsable para forjar una unidad capaz de enfrentar a las mafias políticas y grupos económicos, para así recuperar la institucionalidad nacional, que es lo menos que reclama la ciudadanía. Esa es la tarea de quienes luchan por el interés del pueblo ecuatoriano.

A tan solo siete meses de los comicios presidenciales y de asambleístas, el escenario político resulta preocupante, no tanto por la cantidad de aspirantes a Carondelet y a la Asamblea Nacional, que resulta amplio en el tablero electoral ni por la diversidad folclórica, sino por el oportunismo y la decadencia amparada en el propio Código de la Democracia. Se suma a este cuadro desalentador, que el pueblo vea en la mayoría de candidatos, dispersión y ausencia de liderazgos calificados.

La derecha política y sus distintas vertientes, está junto al banquero Guillermo Laso, lo cual no sorprende a nadie, en esta oportunidad argumentan que la alianza es para “enfrentar al correismo”. No se le creen ni ellos mismos, puesto que siempre han hecho de la política un juego para ese habitual chantaje que les permita encaramarse al poder por la fuerza del dinero y a costa de la explotación a los trabajadores. Su programa de gobierno, es la fanfarroneada idea de alentar la inversión extranjera y proteger los intereses del capital, e incluso en eso, que es su interés principal, no se ponen de acuerdo debido a la ambición y la codicia.

Algunos dicen ser de “centro”, de ese centro que solamente busca protagonizar sin asumir compromisos de fondo. Asumen distanciarse de la derecha porque saben que apesta; y no se acercan a la izquierda porque no tienen el valor de dar el salto definitivo que el pueblo exige. Prometen “cambios” sin abandonar los principios neoliberales de la supuesta “estabilidad económica” y “solvencia financiera”.

Finalmente, las organizaciones populares y la izquierda decidió apoyar a Yaku Pérez del Movimiento Pachakutik, quienes sin compromisos con la herencia corrupta, puede asumir la causa ecuatoriana y ofrecer una alternativa viable y capaz de interesar a las grandes mayorías nacionales, en torno a un programa básico que recoja las más elementales demandas ciudadanas, como empleo, salud, educación, respeto a la vida y a las libertades de los trabajadores y de la población.