Un hombre emprendedor que se ajuste a las reglas neoliberales

Buena parte del pueblo ecuatoriano reconoce al gobierno el éxito entre comillas en el programa de vacunación contra el COVID-19. El presidente Lasso, dice que más del 50% de la población ha sido vacunada, hechos que los medios de comunicación recalcan a diario como algo extraordinario, aunque no señalan los desaciertos en temas de infraestructura sanitaria, educación y oferta laboral, al punto que la Asamblea Nacional ha observado la Proforma Presupuestaria del 2021 precisamente porque de manera inconstitucional se han realizado recortes económicos en varios rubros.

Ese aire de triunfalismo que ha conducido a la administración pública a creer que están por buen camino, ahora luce enrarecido por el reclamo popular. El gobierno ha anunciado un encuentro con la CONAIE pero imponiendo condiciones, para ello, han adelantado que el decreto que eleva el precio de los combustibles no será derogado. Que se están tomando las medidas para focalizar los subsidios a fin de contener los niveles de inflación y el crecimiento de la pobreza, cuyo tratamiento, incluso para los más optimistas, es mirado con pánico y desconfianza.

No todo el pueblo ecuatoriano vive la misma realidad. Enfrentar el día a día sin el pan para los hijos, es aún más riesgoso que la contaminación y la muerte. Como una especie de celebración de los cuatro meses del gobierno, los responsables del gabinete ministerial se esfuerzan por hacernos creer que hay indicios de crecimiento económico y a la par, lanzan una agresiva propaganda a favor de un nuevo código laboral denominado “Ley de oportunidades”, propuesta que contiene una serie de reformas para la eliminación de los derechos laborales de los trabajadores, derechos que fueron conquistados en duras jornadas de lucha, enfrentado persecuciones, cancelaciones, la cárcel y la muerte.

Detrás de la iniciativa de un código laboral paralelo, está la burguesía desesperada por recomponer las leyes para asegurar sus capitales y sus ganancias. Los términos de la “Ley de Oportunidades” son en realidad normas para referirse a la humillación de las condiciones de trabajo. Es decir, un ataque a las conquistas de la clase obrera como vía para aumentar la explotación. Lasso y la derecha exponen que en la nueva ley se incluirían a 7 de cada diez ecuatorianos sin trabajo, tácitamente reconocen un 70% de pobreza. Es decir nos proponen un nuevo instrumento neoliberal con el que configuran un nuevo trabajador, un hombre emprendedor para con ello encubrir las duras reglas de la ruleta neoliberal; así, plantean ajustar la crisis a favor de los ricos, consecuentemente, endosan mayores penurias a los sectores populares.

Finalmente, es necesario una movilización unitaria sin vacilaciones para salir a las calles a rechazar las recetas neoliberales que impone el FMI y el Banco Mundial. Recetas que pese a la pandemia colocan demasiadas ganancias en muy pocas manos. Solamente con la movilización y la acción masiva de los trabajadores y de los sectores populares se logrará revertir la propuesta neoliberal; y así, solo así, construir un país más equitativo y solidario.

Ineptitud e incapacidad obstaculizan lucha colectiva de los trabajadores

La crisis que vivimos los ecuatorianos es resultado de las políticas neoliberales de los gobiernos de turno, crisis que se profundizó entre diciembre de 1999 y enero de 2000 con la dolarización y el feriado bancario decretado por el “demócrata cristiano” Jamil Mahuad. Las consecuencias inmediatas fueron la pérdida de los pequeños ahorros de los trabajadores y de la gente de los sectores populares, el crecimiento de la pobreza, etc.

El gobierno de la pseudo “revolución ciudadana” inicialmente sembró esperanzas de cambio, esperanzas que pronto se desvanecieron por la concurrencia de una serie de factores que fueron polarizando un proceso de descontento en los más amplios sectores sociales. Descontento que no explotó durante la época del correato por la acción dictatorial de persecución, encarcelamiento y criminalización de la protesta popular. Eclosión que en octubre de 2019 fue incontenible particularmente por la participación unitaria y de lucha del movimiento campesino e indígena que junto a las organizaciones sindicales rechazaron la eliminación del subsidio a los combustibles.

El hecho real es, que el Presidente Guillermo Lasso no ha podido poner en marcha el proyecto de gobierno ofrecido en campaña, por el contrario, junto a los grandes empresarios se ha empeñado en ejecutar un programa neoliberal por el que el pueblo nunca votó, cuyo eje central es una supuesta y salvadora ley de oportunidades laborales con las cuales pretende generar fuentes de trabajo y disminuir la pobreza. Lasso y su equipo no entienden que el empobrecimiento se explica por el congelamiento de salarios, la privatización de bienes y servicios, el alza mensual de combustibles, los altos intereses usureros de la banca, el estancamiento del Ecuador en el mercado económico mundial, entre otros.

El objetivo primordial de la derecha y el empresariado es contar con una legislación laboral que garantice sus ganancias. Lo cual solamente podría lograrse con normas que precaricen el trabajo de los ecuatorianos. Por eso, cabe preguntarnos que encierra la precarización. Obviamente conlleva la vulnerabilidad social, incertidumbre, ausencia de seguridad laboral, eliminación de derechos sociales vinculados al trabajo, flexibilización de la jornada laboral, bajos salarios, inseguridad social, jubilación incierta. Conquistas que de alguna manera se contemplan en el actual código laboral, que por cierto debe reformarse, pero en acuerdo con los trabajadores, empresarios y gobierno para garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones de vida dignas.

Sin embargo, en el discurso neoliberal del Ministro “Doloso” y del presidente Lasso, claramente se expresa la intención de desaparecer la jubilación patronal, de eliminar las indemnizaciones, de quitar las utilidades referentes a las cargas familiares. Entonces, empleo y pobreza siendo dos fases interactivas se colorean con una tonalidad de “oportunidades”. Por tanto, no es difícil detectar los peligros implícitos en el discurso y en la propuesta gubernamental, que en realidad encubre la inestabilidad del empleo, la precariedad laboral y la pobreza.

Finalmente, el fracaso neoliberal es sinónimo de ineptitud e incapacidad que obstaculizan la lucha colectiva de los trabajadores y ocultan la eliminación de la organización sindical.

Un código laboral para los de “veinte dolaritos”

   La desigualdad es mayor cuando los beneficios y oportunidades de las personas dependen de su posición social, económica, ideológica, etc., igualmente la característica de inequidad, y no me refiero al significado marxista, sino a la situación vigente, al capitalismo voraz que rige nuestro país, lo que impide que se conceda posibilidades a cada quien según su necesidad y se le permita a las personas aportar plenamente según su capacidad, situaciones estas, que profundizan las diferencias sociales y la lucha de clases que el gobierno y la burguesía se afanan en desconocer su validez.

La pobreza no se delimita solamente por la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. La riqueza y pobreza se evidencian por la cantidad de acceso a agua potable, electricidad, saneamiento, educación, salud y otros servicios básicos. En Ecuador, el cálculo es sencillo, y siendo generosos, cerca de 500 mil personas entre ricos y muy ricos controlan la misma cantidad de riqueza que los 17 millones de gente de medianos ingresos, pobres y muy pobres del país; el resultado puede expresarse con una sola palabra, desigualdad. 

El candidato Guillermo Lasso con la ayuda de la empresa privada ofreció aumentar las fuentes de trabajo con el objetivo de disminuir la pobreza hasta el año 2025. Eso implica que cada año por lo menos un millón de personas deberían comenzar a tener ingresos por encima de los “veinte dolaritos” mensuales. Es decir, cada mes aproximadamente 80 mil personas tendrían que tener un trabajo seguro y estable y no solo la oportunidad de conseguirlo. Sin embargo, el mejoramiento económico por sí, no supone salir de la pobreza, la historia demuestra que la única forma es que el gobierno otorgue poder a los sectores populares para que ellos planifiquen en función de país. 

Es paradójico que el presidente Guillermo Lasso proponga existan dos códigos laborales. Uno para quienes ya tienen empleo y otro nuevo para los desempleados. La “Ley de Oportunidades” se supone es aplicable a los nuevos empleados, los cuales “mantendrían derechos como décimo tercer y cuarto sueldo, vacaciones, afiliación a la seguridad social”. Si eso fuera cierto, para qué dos códigos. El propio Ministro de Trabajo, descaradamente ha reconocido que la estabilidad laboral no es importante, es decir, no está garantizada, contradiciendo el mandato constitucional que expresa que todos los ecuatorianos debemos gozar de los mismos derechos.

La falta de trabajo que conduce a la pobreza, en el Ecuador es un problema estructural. El gobierno del desencuentro debe establecer como elemento esencial de acción, políticas firmes para erradicar el miserable fenómeno de la pobreza en todas sus expresiones. Reitero, no es solamente el reparto económico, hay que lograr una efectiva desconcentración y descentralización del poder. Solamente así, los gobiernos autónomos podrán diseñar políticas y proyectos para combatir la pobreza ahondada por las pandemias sanitaria y de corrupción. Políticas, que en la práctica beneficien a la mayoría de ciudadanos y no solamente a los grupos de poder.

Si se apadrina una escuela, por qué no se apadrina la pobreza

    

 

   Que el retorno “controlado, progresivo y voluntario a las aulas,” que el COE, que el Plan Institucional de Continuidad Educativa, que la empresa privada se hará cargo de las responsabilidades del gobierno para garantizar la educación, etc., etc.; en medio de esa incertidumbre se inició el año lectivo. Las clases, que presenciales, que semipresenciales, que virtuales, que como quieran. Al gobierno del encontronazo no le importa la infraestructura de las escuelas ni el distanciamiento social, no le importan los pobres.

  La Ministra de Educación se jacta de que más de 500 escuelas y más de 100 000 estudiantes del régimen Sierra y Amazonia, retornaron a clases presenciales; se jacta de inaugurar una escuela fiscal de educación a virtual en todo el país, lease bien, una escuela en todo el país; se jacta del programa “Apadrina una escuela”, en el que, supuestamente las empresas privadas invertirán 600 millones para repotenciar 10.000 escuelas. ¿Repotenciar? ¡Acaso ya están potenciadas! Tecnocracia ciega, o mejor dicho insensible. Aún buena parte de plantes no tienen acceso a agua potable, otras están semidestruidas, no hay equipos tecnológicos y peor conectividad. Pese a esta cruda realidad, el gobierno no destina el presupuesto constitucional, al contrario, se empeña en el apadrinamiento de escuelas, programa que ya fracaso durante la etapa del correato. En otras palabras, “disimuladamente” abre las puertas a la privatización de la educación.

   Si se apadrina una escuela, por qué no se apadrina la pobreza. La ONU, al declarar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, proponía como lema: “no dejar a nadie atrás, pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza extrema en todo el mundo.” El gobierno del encontronazo, parece desconocer esta declaratoria, por eso, pone especial atención en la venta de empresas públicas, en la explotación petrolera y minera que genera ganancias a la burguesía, pero no hace nada por visibilizar la pobreza y a los pobres del Ecuador. En suma, no hay iniciativas que favorezcan al objetivo de generar fuentes de trabajo y una renta básica que contribuya a acabar con la creciente indigencia en el país.

   Las organizaciones sociales y de trabajadores, exigen del Presidente Lasso y su gabinete que sitúen la erradicación de la pobreza y la exclusión social en lo más alto de las prioridades Eso implica crear políticas de gobierno que replanteen el reparto de la riqueza a través de la acción de los poderes públicos. Por otro lado, está en manos de la Asamblea Nacional acabar de un plumazo con la pobreza extrema y la creciente exclusión social, es decir, elaborar las leyes respectivas que fortalezcan la institucionalidad y el desarrollo del país, y a la vez, garanticen la estabilidad de los trabajadores, la seguridad y un salario básico que dignifique la vida humana.

   Tal parece que la historia se repite cada cuatro años como una liturgia todos nos dicen que las cosas van cambiar. Nada más lejos de la realidad. Ahora mientras el presidente Lasso está entretenido en culpar al gobierno anterior y a la pandemia, los salarios se deterioran, aumenta la pobreza y crece la corrupción.