Seguridad y bienestar, dos caras de una misma realidad social

 “Vamos a juntar las manos para poder ser verdaderamente hermanos” y confrontar tanto las balas del crimen como el engaño silencioso del gobierno.

La narrativa oficial insiste en vendernos la idea de que el lacerante desempleo, la pobreza que devora los hogares y la violencia que desangra nuestras calles son simples “efectos colaterales” del narcotráfico. Pero quienes vivimos la realidad sabemos que no es así; sino que es la consumación de un proyecto de ultraderecha encarnado por el gobierno empresarial de Daniel Noboa, donde el autoritarismo y el neoliberalismo se dan la mano para sostener un orden social de crueldad.

Estamos presenciando la crisis del modelo neoliberal como forma de dominación. Donde las falsas promesas del libre mercado dejan de producir obediencia y consenso en la población. El Estado burgués abandona su máscara democrática y ya no busca integrar las demandas populares ni construir hegemonía; reaparece con todo su peso coercitivo para repolitizar la lucha de clases desde arriba. La mal llamada “guerra interna contra las drogas” no es más que una declaración de guerra contra los sectores populares y los territorios históricamente abandonados.

El régimen noboísta opera con una doble perversidad. Por un lado, despliega el uso espectacular y militarizado de la violencia, la normalización de la fuerza letal y la intervención carcelaria como un circo punitivo para el aplauso de las élites. Por el otro, ejecuta lo que el marxismo define como la coacción muda del capital, una violencia silenciosa que se materializa en el retiro del Estado social, la precarización extrema y la total ausencia de alternativas. Se obliga al pueblo a vivir en condiciones de miseria.

Así, la ultraderecha vacía de contenido la democracia sin necesidad de suspenderla formalmente. La administración de Noboa ensambla a la perfección el mercado, “la restauración conservadora” y la fuerza bruta. Se utiliza el discurso de la seguridad como un objetivo político para privatizar la crisis y reorganizar el sentido común, pretendiendo que el orden familiar y la obediencia resuelvan lo que el Estado destruyó.

Sin embargo, esta situación de crueldad tiene un límite. Cuando el subempleo ya no alcanza para comer y la violencia estatal desborda los territorios, el conflicto reaparece. Ante un orden social inviable, la resistencia popular tiene la obligación urgente de disputar el sentido común. No se puede aislar la inseguridad de la pobreza; es indispensable “juntar las manos para poder ser verdaderamente hermanos” y confrontar tanto las balas del crimen como el engaño silencioso del gobierno.

 

Nueva gramática de los sectores populares

 

En las calles y en las redes sociales, el pueblo exige unidad para enfrentar las injusticias y reconquistar los derechos.

La gestión actual del gobierno del presidente Noboa, opera bajo la lógica de "pan y circo", utilizando medidas festivas y el orgullo futbolístico para narcotizar el descontento y recobrar popularidad. Intentan desviar la atención de problemas graves como la crisis de inseguridad, las dificultades económicas y los pedidos de revocatoria ante el CNE. Sin embargo, la historia de los pueblos no se escribe con resignación, sino con el impulso soberano de la movilización. En este crítico escenario de Ecuador, azotado por un modelo neoliberal indolente y la penetración del crimen organizado, la protesta social emerge como la gramática política indispensable de las mayorías.

 

Movilizarse hoy es disputar el sentido de un país donde las élites y las mafias pretenden normalizar la precariedad laboral, los apagones, la migración forzada y el abandono de la salud y educación pública. Las calles son el yunque que forja el dolor individual en poder popular organizado. Allí donde los discursos oficiales intentan consolidar el ajuste, la unidad de obreros, campesinos, maestros, estudiantes, diversidades y el movimiento indígena levanta un muro de resistencia. Esta articulación es vital frente a la criminalización de la protesta, disfrazada en estados de excepción que militarizan campos y ciudades para proteger al gran capital y a la minería transnacional, mientras la inseguridad real sigue impune. Son las comunidades rurales, afrodescendientes y mujeres quienes sostienen la vida, asumiendo el trabajo informal y los cuidados.

No obstante, la fisonomía de la insurgencia contemporánea se ha transformado; la ocupación de las calles hoy es indisoluble del espacio virtual. Aunque las plataformas sufren la manipulación y el odio financiado por la derecha para deslegitimar la lucha, constituyen una infraestructura crucial. A través de coberturas colaborativas, las redes permiten romper el cerco mediático, internacionalizar reclamos y traducir el descontento en fuerza estratégica.

El verdadero reto radica en sostener esa continuidad organizativa más allá del estallido efímero. La articulación entre la planificación digital y el aguante en el asfalto es la clave para desmontar desigualdades estructurales. Mientras las injusticias persistan, sigue vigente la organización de las masas con una posición soberana y antiimperialista frente a las recetas del FMI. La rebeldía arraigada en la identidad constituye la única garantía real para reconquistar los derechos fundamentales arrebatados por la burguesía. Solo la unidad organizativa edificará un país justo donde la dignidad humana sea la regla.

Cuando el descontento popular se vuelve organización

A los sectores populares, aún nos queda la inquebrantable  moral revolucionaria, antes de cruzamos de brazos y ser cómplices de una oligarquía cleptómana…

Hacer política desde los sectores populares nunca ha sido un oficio cómodo; es, fundamentalmente, un compromiso que nos obliga a vivir entre “la náusea y la angustia”. Así lo entendía el dirigente español Julio Anguita, cuya lucidez nos sirve hoy para desnudar la realidad de un Ecuador sumido en una crisis profunda, donde el sistema no sufre un fallo temporal, sino una descomposición estructural.

 Al evocar la “náusea sartreana”, Anguita describía el asco físico y moral ante la podredumbre. En el Ecuador actual, esa náusea estalla al ver un Estado infiltrado por el crimen organizado, instituciones secuestradas por mafias y una justicia arrodillada ante el poder. Sentimos ganas de vomitar cuando los hospitales carecen de medicinas, ante el desempleo, la migración forzada y una política contra la violencia que pone en juego la soberanía nacional. Es la máxima expresión de la miseria moral de una clase gobernante que se lava las manos mientras los recursos públicos se desvían en contratos corruptos.

Lo alarmante es que el relato oficial y los grandes medios hegemónicos aplauden esta profunda indolencia como el simple “juego de la democracia”. Julio Anguita denomina esto como la mala fe de los gobernantes que se escudan en la intrincada burocracia para evadir su responsabilidad histórica. Afirma que el verdadero peligro es ideológico: “la anestesia social, que nos ha habituado a caminar entre cadáveres y corrupción como si fueran el paisaje natural del poder”.

Aquí es donde la náusea se transforma en angustia existencial, al reconocer que todos somos responsables del país que habitamos. La destrucción del tejido social no constituye un desastre natural, sino el resultado directo de la persecución estatal. Si nos cruzamos de brazos, el silencio nos convierte en cómplices de una oligarquía dedicada al latrocinio de los bienes públicos. Al pueblo le toca elegir entre tolerar la deshonestidad o transformar esa dolorosa realidad social.

Frente al cinismo que destruye la patria, la vigencia del pensamiento de Julio Anguita exige coherencia y un programa claro. La indignación pasiva en redes sociales debe transformarse en organización firme y conciencia popular. Contra la miseria burguesa, nos queda la inquebrantable moral revolucionaria y la unidad ciudadana, a fin de superar el asco institucional para recuperar, nuestra dignidad y soberanía nacional; y finalmente, construir una sociedad más justa.

El transfuguismo frente a la dignidad popular

El escenario político actual ha sufrido un cambio perverso. La vocación de servicio guiada por convicciones compartidas ha sido secuestrada por una burda carrera de beneficio personal. Asistimos a la consolidación del “camaleonismo político” o transfuguismo, un fenómeno que no es más que el reflejo de una profunda crisis de representación donde la ideología y los programas de clase han sido desplazados por el más arcaico pragmatismo electoral.

 

Bajo la falsa bandera de la independencia política, muchos actores proclaman una neutralidad que realmente los blinda contra la rendición de cuentas. Al declararse independientes, estos personajillos adictos al mercado electoral se desentienden por completo de la disciplina partidista y del peso de un legado histórico. Esta flexibilidad diluye la confianza del pueblo, atrapado en una farsa donde ya no se sabe qué principios se votan. Lo más grotesco ocurre cuando, para justificar su traición, el tránsfuga recurre a la agresión violenta contra su antigua organización, satanizando el espacio que habitó ayer para legitimar su oportunismo.

El caso del cantón Loja es un síntoma perfecto de esta descomposición. Tener 20 aspirantes a la alcaldía no es democracia vibrante; es una alarmante atomización. Los partidos han dejado de ser escuelas de pensamiento para transformarse en “empresas de alquiler” de membresías electorales. Cada candidato es una marca mercantilista donde el ego se impone sobre cualquier proyecto de ciudad a largo plazo. Esta ferocidad política aleja al ciudadano y destruye el debate de ideas.

Frente a este canibalismo y el vacío de coherencia, la respuesta popular jamás puede ser el repliegue ni la apatía. El verdadero desafío de los movimientos sociales y de la izquierda transformadora radica en sostener una continuidad organizativa firme más allá del estallido efímero. Es urgente tejer alianzas sólidas desde las bases para frenar el individualismo de aquellos oportunistas que mercantilizan la política, destruyendo el debate democrático real y directo.

La articulación entre los reclamos en las redes sociales y la resistencia en las calles es clave para desmontar las desigualdades estructurales. Hoy más que nunca, la fragmentación solo beneficia a las élites dominantes. La necesidad de la unidad de los sectores populares, diversa y autogestionada, se vuelve una prioridad absoluta. La participación activa en las calles y barrios edificará un porvenir justo donde la dignidad humana sea la regla definitiva y no una mercancía.

Política: del origen griego a la resistencia popular

La palabra política proviene de “el arte de las cosas de la ciudad”. Para los griegos, no era el negocio de unos pocos ni una profesión para enriquecerse, como con justa razón se critica hoy. Irónicamente, ahora la política suena a engaño y corrupción, en su origen significaba exactamente lo contrario: el deber de cuidar lo que nos pertenece a todos.

El filósofo Aristóteles decía que el ser humano es un “animal político”, que, a diferencia de otras especies, los humanos necesitamos organizarnos, debatir y tomar decisiones colectivas para alcanzar el bienestar común y la justicia social. Toda sociedad necesita leyes e instituciones para asegurar una convivencia armónica donde se respeten los derechos y deberes colectivos. Por eso, lo político no es ajeno a nadie; abarca la vida e ideas de cada ciudadano. En realidad, casi cualquier actividad humana tiene un trasfondo político y social.

En esencia, la política es la preocupación real por el bienestar colectivo. Nadie puede vivir al margen de ella, porque frente a la comunidad solo existen dos caminos: o nos comprometemos solidariamente con el bien común o nos encerramos en un individualismo puramente egoísta. Es imposible decir que la política no nos interesa; ignorarla es dejar que las élites decidan nuestro futuro.

Hoy vemos realidades opresivas que golpean al pueblo, asfixiando su economía mediante el encarecimiento de la vida y el abuso de precios que castiga a la clase trabajadora mientras protege las ganancias de los grandes grupos económicos. Ante la legítima organización popular, el poder responde persiguiendo y criminalizando dirigentes. Todo esto ocurre bajo un cerco mediático donde el gobierno y los sectores poderosos controlan los medios de información y las redes sociales para manipular la verdad, fragmentar las luchas y mantenernos desinformados.

Por eso, es hora de que los sectores populares despierten, se organicen en cada barrio, sindicato y comunidad, y asuman un rol protagónico en la construcción de su propio destino. Rompamos la apatía participando activamente en la vida política y respaldando con fuerza combativa a los candidatos surgidos de las bases auténticas del pueblo. Solo apoyando a lideresas y líderes que sientan el rigor del trabajo y que provengan de las entrañas de nuestras luchas colectivas, lograremos construir poder popular; caso contrario, los mismos de siempre mantendrán el negocio electoral y sus privilegios coloniales, dejando al pueblo marginado en el olvido.

Daniel y Diana: Asfixia económica y captura institucional para anular el pluralismo

    La mutación del autoritarismo en el Ecuador actual no solo es alarmante por su violencia, sino por su sofisticación estratégica. La criminalización de la protesta social, ya no se limita al uso del andamiaje judicial para tildar de “saboteadores” a los líderes populares y políticos. Bajo la administración de Daniel Noboa, amparada en la narrativa de “conflicto armado interno”, la represión ha dado un salto cualitativo, pasó de la fuerza física y la militarización de las calles hacia una asfixia civil y política absoluta, que ya deja un trágico saldo de manifestantes fallecidos, heridos y detenidos.

Hoy, el silenciamiento de las demandas populares por empleo, salud y el congelamiento de combustibles se ejecuta mediante dos pinzas institucionales implacables. La primera es la asfixia económica, reflejada en el bloqueo arbitrario de cuentas bancarias a organizaciones sociales críticas como la UNE y la UNORCAC. La segunda, y más peligrosa para la supervivencia democrática, es la captura del sistema electoral. Con la complicidad de un Consejo Nacional Electoral amañado, el régimen ha dispuesto la eliminación deliberada de partidos políticos de oposición, como RC5, Unidad Popular y Construye. El objetivo de fondo es nítido, desaparecer todo contrapeso de cara a los próximos comicios, configurando una cancha inclinada donde la oposición política sea relegada antes de llegar a las urnas.

Esta estrategia de tierra arrasada contrasta drásticamente con la realidad de la gestión gubernamental. Mientras las estructuras críticas y los partidos políticos son desmantelados bajo la etiqueta de “peligrosos”, el reciente Informe a la Nación del 24 de mayo desnudó a un mandatario incapaz de sostener sus propias promesas. Las cifras de las encuestadoras son demoledoras, apenas el 30% de su discurso fue cierto, sepultado por un 40% de afirmaciones engañosas y falsas.

Así Noboa se perfila, como un presidente obediente al imperio, pero autoritario e ineficiente en casa, cuya aceptación popular se desploma al ritmo que crecen la inseguridad, el desempleo y la crisis del IESS. La "democracia policiaca" ha instrumentalizado el miedo legítimo a la criminalidad común no para pacificar el país, sino para neutralizar la protesta social y proscribir el pluralismo político. El Ecuador no tiene un plan de seguridad, sino un proyecto de concentración del poder donde los derechos civiles y las elecciones libres no se ajustan a lo expresado en la Constitución.

Día del Niño: Entre la fiesta escolar y la barbarie en las calles

 

El síntoma más feroz de este Estado fallido es la muerte explícita, ya no se trata solo de balas perdidas; sino de asesinatos dirigidos y masacres urbanas.

 

El Día del Niño nos convoca a la ternura en el hogar y la escuela, a celebrar la inocencia y blindar la alegría de nuestros hijos. Sin embargo, como sociedad, la fecha no puede ser un simple desfile de globos y regalos. No hay nada que festejar; hoy toca habitar la indignación. Mientras el Código de la Niñez y Adolescencia parece archivado como un compendio de promesas vacías, la realidad ecuatoriana inflige a la infancia una violencia sistemática que hemos terminado por normalizar en el chisme del café, las redes, la cotidianidad y hasta en las homilías dominicales.

 

La indolencia nos ha cercenado la capacidad de asombro. Según datos del INEC y UNICEF, la desnutrición crónica infantil es una condena estructural que afecta a más del 30% de los menores de dos años. A la par, el hambre convive con el peligro; más de 300.000 niños trabajan en la informalidad o la agricultura, y zonas costeras y en zonas fronterizas se consolidan como rutas críticas de trata y explotación sexual.

El entorno que debería protegerlos los devora. El abuso sexual intrafamiliar y escolar es una epidemia con alarmantes índices de impunidad, reflejada en la tragedia de niñas de entre 10 y 14 años que dan a luz diariamente, partos que la ley reconoce como violaciones. En las aulas, el rezago y la deserción escolar en el bachillerato alimentan las filas de la exclusión, mientras el acoso tradicional pasó hacia la extorsión y el reclutamiento forzoso de bandas criminales dentro de los planteles.

Existe una brecha abismal entre la lírica legal y la desprotección fiscal, educativa y de seguridad. Celebrar este día ignorando la barbarie es ser cómplices. El mejor homenaje para la niñez ecuatoriana no es un juguete; es el compromiso urgente de exigir un país donde crecer no signifique, literalmente, intentar sobrevivir.

29 de mayo: La sangre estudiantil que germinó en rebeldía

 

El 29 de mayo de 1969 fue la expresión viva del espíritu rebelde de una juventud que no aceptó el silencio ni la resignación. Aquel día, estudiantes secundarios y universitarios, organizados por la FESE y la FEUE, tomaron las calles de Guayaquil con una exigencia clara: “libre ingreso a la universidad y una educación al servicio del pueblo”. El gobierno de Velasco Ibarra acalló su voz con inhumana represión. Más de treinta jóvenes asesinados, cientos detenidos y torturados. Pero su sangre no fue en vano, germinó en rebeldía.

Esa juventud no actuó por impulso, sino por conciencia. Sabían que una educación excluyente es una herramienta de dominación, y se rebelaron. Entendieron que estudiar no es solo memorizar contenidos, sino formarse para transformar la sociedad. En cada piedra lanzada, en cada consigna, en cada barricada improvisada, se expresaba una certeza: el derecho a soñar con un país más justo.

Hoy, más de cinco décadas después, esa rebeldía sigue siendo urgente. Nuestros centros educativos aún arrastran abandono, precariedad y exclusión. Cientos de miles de jóvenes siguen siendo expulsados de las universidades por falta de cupos, de recursos o de oportunidades. La historia duele porque se repite. Y por eso, el 29 de mayo no debe convertirse en una fecha decorativa, sino en una trinchera de memoria activa y de organización.

Sin embargo, es profundamente lamentable que hoy los estudiantes universitarios ya no salgan a reclamar sus propios derechos y los de todo el pueblo. ¿Acaso es conformismo o miedo a la persecución lo que ha adormecido la indignación? La apatía actual contrasta dolorosamente con el fuego de 1969, recordándonos que el silencio también es una forma de complicidad.

El espíritu estudiantil no está hecho para el conformismo. Está hecho para la lucha por las libertades. Ser joven es atreverse a imaginar lo imposible y tener el coraje de intentarlo. Hoy, como ayer, urge levantar la voz, organizarse, crear arte comprometido, espacios y foros críticos. La rebeldía no es violencia; es resistencia frente a la injusticia.

Que cada colegio y universidad sea semillero de pensamiento crítico y acción transformadora. Que la sangre derramada no sea en vano. Que el legado de lucha se multiplique en cada generación. ¡El futuro no se espera, se construye! Porque sin rebeldía no hay libertad, y sin juventud rebelde los derechos se vulneran.