Combatir la corrupción o erradicar las causas.

En menos de quince días conoceremos a los integrantes del transitorio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyas funciones según la Constitución del 2008, son entre otras, la promoción de los derechos de participación ciudadana y control social, la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades de control. Sin embargo, lo urgente es, sentar las bases para recuperar la democracia.

La mayoría de los organismos internacionales afirman que la corrupción es el mal mayor que impide a los gobiernos mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Estas declaraciones, no hacen más que esconder las verdaderas causas de la pobreza y retraso de los pueblos, dejando de lado o escondiéndonos que la inequidad y desigualdad en la distribución de los recursos hacen de la corrupción solo una mínima parte del injusto y desideologizado sistema neoliberal.

Por tanto, corresponde al CPCCS, promover una verdadera participación ciudadana en la administración pública, garantizar la existencia de partidos, movimientos y organizaciones para la plena participación política y promoción de los valores de los individuos y grupos sociales. En suma, corresponde ahora, luchar contra la política que imponen instituciones como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional y empresas sinónimas de ODEBRECH que pregonan sin descaro la democracia representativa, con la finalidad de inmiscuirse en las decisiones políticas y económicas de nuestro país, y a la par provocando la crisis y la corrupción.

Si lo urgente es, sentar las bases para recuperar la democracia, deberíamos preguntarnos cómo. Y la respuesta no es otra que, combatiendo el sistema injusto que impera y gestar una nueva sociedad basada en los principios fundamentales de solidaridad, libertad y soberanía con la participación de todos los sectores sociales y económicos.

En estos momentos, los ecuatorianos ansían erradicar viejos males que por viejos, precisamente no son propiedad del correato, pero ansiamos acabar con el abuso de poder, con el tráfico de influencias, con la designación y contratación de funcionarios y empleados públicos no calificados, necesitamos terminar con el nepotismo y amiguismo, terminar con las coimas obligatorias en la contratación pública y de otros males que aún en este gobierno persisten.

Finalmente, es necesario que los ciudadanos ecuatorianos permanezcamos vigilantes del trabajo que cumplan los miembros del transitorio Consejo de Participación Ciudadana, claro para combatir la corrupción, pero en especial, para erradicar sus causas y así construir una patria para todos.

Hambre y pobreza, males difíciles de superar

Hasta hace poco se nos mentalizó a los ecuatorianos que vivíamos una serie de cambios en los aspectos socioeconómicos, pero que no era una época de cambios sino un cambio de época, una administración revolucionaria para combatir la pobreza.

Y es que la pobreza es parte de la agenda de los gobiernos en todo el mundo. En el Ecuador, este mal social tiene profundos vínculos e implicaciones que agrandan la brecha económica desfavoreciendo a los más pobres y privilegiando a una minoría que disfruta de una posición predilecta a costa de la explotación y del engaño a las mayorías que cada vez ven más limitadas sus oportunidades de encontrar trabajo decente para brindar al menos alimentación adecuada y vivienda segura a su familia.

El presidente Moreno en reiteradas ocasiones nos habla del programa toda una vida. Sin embargo, sería mejor que empiece a demostrarnos cómo y cuándo emprenderá en acciones para la disminución de la desigualdad social. Como él mismo dice, es hora transitar o pasar de esta sociedad organizada sobre bases egoístas a otra sociedad asentada sobre firmes bases económicas, morales y espirituales, pero al fin y al cabo, en esa misma sociedad dentro del estado de bienestar que perpetúa las inequidades.

Si no entendemos que el hambre y la pobreza nos son fenómenos naturales sino fenómenos sociales producto de las débiles estructuras económicas, difícilmente se lograran cambios para combatir estos males. Es entonces urgente convencernos, gobierno y ciudadanos, que las caducas estructuras administrativas y económicas deben ser sustituidas por otras que promuevan una economía más igualitaria y equitativa para generar nuevas fuentes de trabajo para todos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reiteradamente señala que en los países del área andina es donde más se viven las desigualdades, y que por tanto es un desafío fundamental para los gobiernos de la región, trabajar en políticas para cambiar esta realidad.

El gobierno sostiene que son significativos los avances en la reducción de la pobreza, porque dizque se han aumentado los salarios de los ecuatorianos, sin embargo, no nos pueden hacer creer que el desarrollo económico y social va más allá de cuánto se incrementan los ingresos de los trabajadores; porque es obvio que en el Ecuador estamos aún lejos de alcanzar el pleno disfrute de derechos esenciales en salud educación, seguridad ciudadana, trabajo digno, entre otros, que definen el cacareado buen vivir.

Un sí para a la democracia y las libertades

Las diferencias entre el presidente Moreno y su antecesor fueron evidentes antes de la misma posesión. En las últimas semanas, la ruptura si bien es más publica, es difícil para el propio presidente, saber quiénes están acá o allá; aunque la ciudadanía sabe bien dónde se ubican los oportunistas, los marrulleros.

Como consecuencia de la opinión pública y la presión política y popular, el gobierno nacional convocó a una consulta nacional que se realizó el pasado 4 de febrero. En la que, con excepción de los correístas, la mayoría de las fuerzas políticas y sociales votaron por el sí. Un sí que llamó de manera urgente a fortalecer la democracia eliminando la reelección indefinida, a combatir la corrupción, a defender los derechos de la niñez, entre otros.

Como se tenía previsto, triunfó el sí, lo cual implica poner el fin al poder omnímodo y caudillista que representó Rafael Correa, al tiempo que servirá de exigencia al gobierno central, a la asamblea nacional y a los órganos judiciales, para que aceleren el combate a la corrupción.

Los ecuatorianos esperamos que a los funcionarios que están junto al presidente Moreno no se les vaya a ocurrir, que el triunfo en la consulta nacional, es un triunfo de ellos sobre la prepotencia y persecución de la década anterior. Que les quede claro, que el triunfo le pertenece a todo el pueblo, y el pueblo les exige una depuración de la corrupción y no solamente un cambio de caras o de puestos entre sus amigos. Que lean bien, que el apoyo popular en la consulta, no es un cheque en blanco. Por el contrario, es una advertencia desde los  movimientos sociales, desde el movimiento indígena, desde las centrales sindicales, desde los diversos sectores gremiales que defendieron la consulta popular para que se aceleren los cambios significativos y urgentes que el país necesita para generar fuentes de trabajo y disminuir la pobreza.

Estos mismos sectores sociales y políticos, también se han manifestado en contra de la intromisión de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos internos, pretendiendo desconocer el mandato popular del pasado 4 de febrero, que con el 63% decidió cesar en los cargos a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y permitir que el presidente Moreno nombre un organismo transitorio, como mecanismo para combatir la corrupción y recuperar la democracia y las libertades.

Una reforma que no pierda de vista la educación pública y laica.

Casi se ha convertido en una regla para los gobiernos de turno, probar reformas para mejorar la educación ecuatoriana, en algunos casos coordinadas desde el Ministerio de Educación e involucrando a diversos actores educativos, aunque siempre los objetivos planteados han quedado en ilusiones.

Hoy el ex Ministro de Educación condiciona dejar la presidencia de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, si previamente se aprueban las reformas a la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Intercultural Bilingüe. Pareciera insólito, pero no lo es. El mismo asambleísta en el 2015, previo a un supuesto dialogo con una red de profesores fanáticos introdujo  reformas a la LOEI, ahora pretende nuevamente reformarlas.

Conscientes que la educación es la columna primordial para el progreso de los pueblos, los ecuatorianos debemos exigir al gobierno actual, una reforma educativa que sea trabajada por los más amplios sectores del quehacer educativo, involucrando al sector privado, pero sin perder de vista, que el horizonte principal, es la educación pública y laica; una educación emancipadora.

Los gobiernos de turno, incluido el actual, sometidos a las imposiciones neoliberales, utilizan la educación como una herramienta de sometimiento y no de desarrollo. Esto se explica por la permanente disminución y retraso en la entrega de los recursos correspondientes a la educación, consecuentemente tenemos, infraestructura de la educación pública en mal estado, incierta formación y actualización de los profesores; baja de la calidad de la educación en sus componentes científicos, filosóficos, literarios y éticos; precarización y desprestigio de la profesión docente; fraccionamiento de la organización magisterial como mecanismo de desintegración social y despolitizador de las demandas gremiales y populares.

Los ecuatorianos sabemos que en estos últimos años se llevó una reforma alejada de la educación para el trabajo y para la vida, fundamentada en valores éticos, morales, patrióticos, que elimine todo tipo de discriminaciones que todavía se dan en los planteles educativos. Es decir, de dejó de lado una reforma educativa que con el impulso de la ciencia y la tecnología, se constituya en una instrumento para emancipar a nuestro pueblo.

Lo cierto es que en el gobierno anterior como el actual, -que se jactan de la construcción de unidades del milenio-, la oferta educativa se privatizó al punto de convertirse en un negocio redondo desde los niveles parvularios hasta la educación superior, dejando prácticamente la educación pública en abandono.