Con el propósito de sensibilizar a los pueblos y ciudadanos sobre la importancia de luchar contra la corrupción, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción; y, mientras que el 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Derechos de quién.
La corrupción es un mal social, político y económico, que estando presente desde siempre, ha aumentado y se ha destapado en estos días, generando más pobreza, inequidad y postergando el goce efectivo de los más elementales derechos humanos, como son la salud, educación, agua potable, saneamiento básico, libertad de expresión y organización. Afectando a todos, ya que prevalece el interés mezquino de los grupos políticos y económicos que se turnan en el poder para rifarse el erario nacional.
En efecto, cuando los niños no tienen garantías de seguridad para asistir a las escuelas, cuando los violadores de su dignidad y de sus derechos no son castigados, es porque algún corrupto los protege; o cuando los niños no tienen acceso a la educación porque se cerraron sus escuelas, es porque algún corrupto prefirió hacer una escuela sobrevalorada y alejada de su localidad con el único propósito de recibir coimas; o cuando a los jubilados se les disminuye su derecho a la salud y a recibir su estímulo y pensión jubilar oportunamente, es porque algún corrupto se le ocurre negarlo. En todos los casos, es la corrupción la que impide el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, de los derechos humanos.
Al parecer la corrupción tiene ojos de lince para destinar entre comillas más recursos públicos a proyectos en los que hay más posibilidades de recibir beneficios personales, mejor conocidos propinas por las obras emblemáticas, o monumentales como las hidroeléctricas, carreteras, hospitales y escuelas, que si bien son prioritarias para el desarrollo del país, el objetivo principal de los corruptos es el lucro personal y de su grupo, perjudicando y disminuyendo en la práctica los recursos de los gobiernos seccionales.
La única y efectiva forma de luchar contra la corrupción y defensa de los derechos humanos, es la participación ciudadana. La corrupción no solamente genera más corrupción, sino que “promueve la impunidad y limita la capacidad de los gobiernos para combatirla”. Allí surge la necesidad urgente de la reactivación de la organización popular, para exigir a los gobiernos mayor rendición de cuentas y menos discursos.
La corrupción es un mal social, político y económico, que estando presente desde siempre, ha aumentado y se ha destapado en estos días, generando más pobreza, inequidad y postergando el goce efectivo de los más elementales derechos humanos, como son la salud, educación, agua potable, saneamiento básico, libertad de expresión y organización. Afectando a todos, ya que prevalece el interés mezquino de los grupos políticos y económicos que se turnan en el poder para rifarse el erario nacional.
En efecto, cuando los niños no tienen garantías de seguridad para asistir a las escuelas, cuando los violadores de su dignidad y de sus derechos no son castigados, es porque algún corrupto los protege; o cuando los niños no tienen acceso a la educación porque se cerraron sus escuelas, es porque algún corrupto prefirió hacer una escuela sobrevalorada y alejada de su localidad con el único propósito de recibir coimas; o cuando a los jubilados se les disminuye su derecho a la salud y a recibir su estímulo y pensión jubilar oportunamente, es porque algún corrupto se le ocurre negarlo. En todos los casos, es la corrupción la que impide el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, de los derechos humanos.
Al parecer la corrupción tiene ojos de lince para destinar entre comillas más recursos públicos a proyectos en los que hay más posibilidades de recibir beneficios personales, mejor conocidos propinas por las obras emblemáticas, o monumentales como las hidroeléctricas, carreteras, hospitales y escuelas, que si bien son prioritarias para el desarrollo del país, el objetivo principal de los corruptos es el lucro personal y de su grupo, perjudicando y disminuyendo en la práctica los recursos de los gobiernos seccionales.
La única y efectiva forma de luchar contra la corrupción y defensa de los derechos humanos, es la participación ciudadana. La corrupción no solamente genera más corrupción, sino que “promueve la impunidad y limita la capacidad de los gobiernos para combatirla”. Allí surge la necesidad urgente de la reactivación de la organización popular, para exigir a los gobiernos mayor rendición de cuentas y menos discursos.
