viernes, 15 de diciembre de 2017

Espeluznado por la corrupción galopante


El vicepresidente ecuatoriano fue condenado el pasado miércoles a seis años de cárcel por asociación ilícita y recibir beneficios millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
No me referiré a las implicaciones judiciales, ya lo harán los abogados. La fiscalía popular, es decir la ciudadanía honesta ya venía exigiendo se sentencie a todos los involucrados por el mencionado caso y por otros que se ocultan tras éste. El propio Presidente Moreno ha reconocido “estar espeluznado por la corrupción galopante en el gobierno de Correa”. Y es que efectivamente, en la mayoría de instituciones públicas cada día se conocen más hechos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, delincuencia organizada, lavado de activos, testaferrismo, etc., etc. 
Los sectores sociales y populares esperan que la condena al vicepresidente Glass, abra el camino para que la fiscalía y los juzgados inicien las investigaciones y consecuentes demandas contra todos los responsables y encubridores por todo el daño que durante estos diez años causaron al país y al pueblo ecuatoriano. Pues se sabe bien, y muy bien quienes son los autores, sin embargo la justicia aún maniatada al correato, se hace de la vista gorda.
Que si pierde o no el cargo de vicepresidente poco importa, es cosa de tiempo, de poco tiempo. Si no lo destituye la Asamblea, lo hará el pueblo, porque el pueblo ya está harto, ya está cansándose de tanta espera o de entretenimientos, quiere acciones. El plazo corre, se vence el 4 de febrero próximo, fecha de la Consulta Popular, cuyos resultados se adelantan con un Sí rotundo a las siete preguntas.
De manera particular las organizaciones sindicales dicen que votarán Sí en la consulta popular, aunque en esta no se contemplan los temas tratados en las denominadas mesas de trabajo, las que al decir del ex secretario de la administración pública son puro cuento. Sin embargo temas como la lucha contra la corrupción, la reelección indefinida, el Consejo de Participación Ciudadana, son un avance y a su debido tiempo exigirán al presidente Moreno que derogue el Decreto 16 y acuerdos afines, que permitan recuperar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos.
Finalmente, si Jorge Glas dice que la sentencia es una persecución política del gobierno. Cabe preguntarnos qué fue lo que vivieron los líderes sindicales durante los diez años de esa “pendejada” llamada revolución ciudadana.