El gobierno de Daniel Noboa insiste con vehemencia en que su administración no es autoritaria y mucho menos dictatorial. Sin embargo, la realidad que golpea al pueblo ecuatoriano desmiente el discurso oficial. Nos enfrentamos a un régimen que se blinda sistemáticamente mediante la eliminación de los límites al poder, la cooptación de las instituciones y la politización de la justicia. Mientras los organismos de control terminan debilitados y el Ejecutivo concentra cada vez más prerrogativas, queda al desnudo que la ley ya no se aplica por igual para todos en el Ecuador.
La democracia no se reduce únicamente a la libertad de expresión ni a depositar un voto en las urnas cada cierto tiempo. Cualquier tipo de democracia exige el estricto respeto a la Constitución y un equilibrio real entre los poderes del Estado. Cuando ese contrapeso se rompe, la institucionalidad se convierte en un simple cascarón al servicio de las élites neoliberales que privatizan los recursos públicos mientras desprotegen a la gran mayoría empobrecida. Por eso, cabe preguntarnos si: ¿Cuándo estallan las crisis económicas y sociales, no son siempre las clases trabajadoras y los sectores empobrecidos los que pagan la factura con más carestía, precarización y con los muertos que deja la represión estatal?
A las formas contemporáneas de dictadura y autoritarismo ya no les interesa declararse abiertamente como tales mediante golpes de Estado o el uso ostentoso de las armas. En la era digital, les basta con capturar los medios de comunicación y manipular la visibilidad de los conflictos sociales. Casi no necesitan recurrir a la prohibición explícita; les alcanza con hegemonizar y decidir qué pueden ver los ciudadanos y qué problemas estructurales deben desaparecer de la opinión pública, invisibilizando la desigualdad para proteger los intereses financieros de los grandes grupos económicos.
Hoy en día, quien domina la comunicación estratégica y la percepción digital controla la lectura del mundo. Se pretende anestesiar la conciencia colectiva mientras la violencia criminal, el desempleo y la pobreza desoladora fracturan el tejido social de nuestras comunidades. Cualquier gobierno que recurra al cerco mediático, a la criminalización de la protesta social y al debilitamiento democrático para sostener un modelo económico excluyente, sirviendo fielmente al capital transnacional y marginando la dignidad de las familias trabajadoras, no es más que un gobierno bribón y pusilánime, incapaz de responder a las demandas históricas de su pueblo.
