sábado, 24 de septiembre de 2016

LA EDUCACIÓN NO PUEDE SER USADA COMO PARTE DE UNA POLÍTICA POPULISTA

Entrevista a Rosana Palacios, Presidenta de la UNE
Tomado de: https://es.scribd.com/document/324712301/Opcion-S-77-Septiembre-de-2016
Como parte de la campaña de descrédito y persecución contra las organizaciones sociales, el gobierno ha iniciado un proceso de disolución contra la UNE ¿Cuál es la intención detrás de esta medida?
 El gobierno está en una campaña contra sindicatos, universidades, ha reactivado juicios contra líderes socia-les, estos actos buscan hacer el mayor daño posible a la organización social, sindical y popular, pese a que el gobierno tiene los días contados. El objetivo de Rafael Correa es pretender callarnos, aplicar una política de mie-do, amenazas. La misma intención tiene, por ejemplo, el enfrentamiento con el Consejo de Disciplina de los militares. En este marco es importante la capacidad de análisis que tenemos en la organización social, hay que ver el momento, leer el contexto. Las FFAA también han sabido leer el mensaje del gobierno y no caen en la provocación, para evitar que Correa se victimice.
¿Bajo qué causal se inició el proceso de disolución?
Si en el Ecuador no estuvieran cooptadas todas las funciones del Estado, no habría ninguna base para la disolución de la Unión Nacional de Educadores, ningún sustento jurídico. El acto administrativo por el que se inicia la disolución deja a la organización en la indefensión, se nos acusa de todo y nada. Cuando se nos acusa que hemos violado la Constitución, la Ley y el Reglamento, no se especifica que articulado se ha violado. No hay motivación, ni fundamentación. Es un acto dictatorial, que no respeta ninguna norma jurídica.
¿Qué acciones ha tomado la UNE para enfrentar este proceso?
Hemos tomado dos caminos: el uno es la defensa jurídica, con un grupo de abogados como Ciro Guzmán, el Colegio de Abogados de Pichincha, abogados de Funda-medios, ellos están a cargo de nuestra defensa. Hemos solicitado la nulidad del proceso, sin embargo el trámite en sede administrativa es absurdo, porque la misma autoridad que emite el Acuerdo es ante quien debemos apelar. El otro camino ha sido pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la intervención urgente de la Organización Internacional del Trabajo, también hemos enviado cartas al Comité de e Expertos de la ONU en Derechos Civiles y Políticos, pe-dimos también la solidaridad dentro del mundo sindical, recibiendo una respuesta magnífica dentro de estos espacios. El Director General de la OIT ya ha hecho llegar al Presidente de la República una carta recordándole –en términos muy diplomáticos- que el proceso que se sigue contra la UNE viola los tratados y convenios ratificados por el Ecuador, y ha solicitado al gobierno informe sobre temas como la apropiación de las sedes de la UNE en Quito y Guayaquil. También han existido comunicaciones de parte de la Confederación Sindical de las Américas y de la Internacional del Servicio Público (ISP), entidades que enviaron una misión internacional. Se solicitó una mesa de diálogo, sin resultado alguno. El gobierno ha llegado al extremo de desconocer el carácter de organización sindical de la UNE.
El odio que tiene el gobierno a la UNE ¿es por sus críticas al modelo educativo?
La persecución es por nuestra insistencia en que el gobierno responda por los resultados de su gestión, especialmente en referencia a la implementación del Plan Decenal. Este Plan no se convirtió en política pública, la inversión en educación la han mostrado como una dádiva del gobierno. La educación no puede ser usada como parte de una política populista. Hemos reclamado la evaluación del Plan Decenal al haberse cumplido ya los diez años. No existe una respuesta sobre la aplicación de las ocho políticas establecidas en el Plan, que fue puesto en consideración del pueblo por medio de la Consulta Popular del año 2006. Uno de los puntos era el de la inversión, hoy tenemos apenas el 3,9% del PIB invertido en educación, tenía que estar ya en el 6%, con ello se podía universalizar la educación inicial (3 a 5 años de edad). El Plan también establecía la capacitación permanente del personal docente. El gobierno habla de 40 mil profesores capacitados, pero somos 160 mil a nivel nacional, pese a haberse despedido a 45 mil que estaban por contrato ocasional. Otro punto tenía que ver con la  jubilación con estímulos en efectivo, que tampoco se ha cumplido. No se ha cumplido la Constitución ni el Plan Decenal, y al gobierno le molesta cuando una organización sindical desenmascara las violaciones a los derechos laborales. El tema de la infraestructura educativa es otro punto por el que hemos peleado, las unidades educativas del milenio atienden apenas al 10-15% de estudiantes del país, sin embargo existen 6 mil escuelas y colegios cerrados o fusionados.

jueves, 22 de septiembre de 2016

De la calidad y calidez a la desigualdad de un derecho.



La Organización de Estados Iberoamericanos OEI, reciente- mente ha publicado el informe denominado “Miradas sobre la educación iberoamericana 2016”, en el que, en efecto hace una mirada al avance de las metas de la educación 2021.
Se puede evidenciar que desde el informe del 2014 no ha habido cambios sustanciales. Se destacan dos aspectos que merecen ser analizados. Primero, hace referencia a que en los países sudamericanos se ha “logrado un enorme progreso en las políticas públicas para mejorar la calidad y el acceso a la educación”. Segundo, y lo más preocupante, porque casi es contradictorio, “hace alusión a la existencia de notables diferencias y desigualdades entre los países y al interior de cada país en la calidad y el acceso a la educación”.
Es preocupante el hecho cierto de que la OEI ya no habla de la educación como un derecho que está garantizado en la Constitución de los estados, ahora por el contrario, pone énfasis en que hay que mejorar la calidad y el acceso a la educación.
Cuando hablamos de calidad de la educación, hay que diferenciar de manera crítica que si ésta es planteada con una concepción neoliberal, lo resultados serán defendibles por un sector minoritario de la población y rechazado por las mayorías. Puesto que los sectores populares defienden una propuesta emancipadora que conjugue la educación con el trabajo y el aprovechamiento soberano de los recursos naturales. En cambio, la “propuesta neoliberal vigente en todos los países sudamericanos”, propone reformas que terminan fortaleciendo la privatización de la educación.
Diga lo que se diga, en el sistema educativo neoliberal, la oligarquía que incluso no tiene necesidad de estar encaramada en el poder, impone su política de libre mercado a los gobiernos de turno, y siendo los financistas de las campañas electorales, propician a través del BM, FMI o la OCDE una educación pública denostada y sin recursos, con el único fin de garantizar la competitividad económica, es decir, en un negocio que genere el máximo de rentabilidad dentro del modelo globalizador capitalista muchas veces enmascarado de progresista.
Mientras impere el sistema capitalista, las esperanzas de una educación liberadora no pasarán, porque para la burguesía no hay necesidad de garantizar el derecho a una educación digna para las clases populares, sino solamente garantizarle una educación que forme la mano obra barata. En palabras de Paulo Freire, “una educación de calidad para ahondar las desigualdades sociales”

viernes, 16 de septiembre de 2016

LA POBREZA, una lacra vivencial del día a día

Al acercarnos a un nuevo proceso electoral los ecuatorianos de allá y los de pie tienen una doble y distinta lectura de la pobreza. Para quienes creen en la década ganada, la pobreza casi no existe, es apenas observada en las estadísticas; mientras que para los que la padecen es una lacra vivencial del día a día, que pospone sus sueños y el de sus hijos sin que nadie atine a atacar la naturaleza estructural del problema.
Al menos a mí, no me ha sorprendido escuchar al director de una de las tiendas políticas cuyo candidato ya se cree ganador, manifestar que harán “una gestión sin políticos”. Acaso cree que los ecuatorianos somos torpes, si la gestión del país por su propia naturaleza es política. Más grave aún, expresa que “desempeñaran la tarea de gobernar con profundo amor a la patria”, que está convencido que “la pobreza, es la causa de los problemas de gobernabilidad en el país”. Es decir, para él, o para ellos, los pobres no aman a la patria, es más, se les acusa por ser pobres… ridiculezas de los apolíticos, del oportunismo politiquero. 
Cuando parecía que el discurso político de los neo revolucionarios iba a politizar a los ciudadanos, resultó precisamente lo contrario, se combatió a las organizaciones políticas de raigambre popular, confundiéndolas indiscriminadamente con la partidocracia oligárquica y a la par desprestigiando al sindicalismo que no se somete al pensamiento oficial. Su estrategia, la del gobierno verde agüita, ha sido la construcción de un país apolítico con una burocracia fanática e incapaz de interpretar y atender las necesidades e intereses nacionales.
La pasión política se quedó anclada al siglo pasado. Hoy incluso vía decretos al estilo imperial se impide la participación política de los ciudadanos. Con el Decreto 016 y sus reformas, más allá de disponer la criminalización y persecución al sindicalismo libre, se institucionaliza la despolitización de la clase trabajadora. Ante esta barbarie, corresponde a los movimientos y organizaciones sociales emprender una tarea inmediata de repolitización de la sociedad.
Es urgente también, en esta dura coyuntura política por la que atraviesa el Ecuador, que los colectivos políticos y sociales junto a su dirigencia se desentrampen de sus propios errores y conjuguen ideas que puedan plasmar un nuevo liderazgo que reconstruya la patria y no solo para captar el poder, “porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un país bien diferente”.

viernes, 9 de septiembre de 2016

“SE ABRIRÁN LAS GRANDES ALAMEDAS POR DONDE PASE EL HOMBRE LIBRE…” Salvador Allende

Se cumplen 43 años del asesinato de Salvador Allende, el primer Presidente socialista chileno, el hombre nacido de las entrañas populares, el auténticamente revolucionario al que los ciudadanos más pobres de Chile confiaron sus sueños de una vida digna, aquella que les había sido postergada por cientos de años.
El latido revolucionario de Salvador Allende sigue resonando no solamente en Chile sino también en nuestro alrededor, su honor, su lealtad y su fidelidad al pueblo lo hacen inmortal ante los sectores marginados, explotados, ante los hombres y mujeres sin futuro, mientras que a la derecha de ayer y de hoy les sigue generando ese rencor y odio enfermizo porque para ellos toda obligación social tiene un precio.
La criminal injerencia de la CÍA norteamericana que culminó con el asesinato del hombre noble que trascendió a la historia por su compromiso con los más desposeídos. Allende sigue siendo una vergüenza para la cobardía de militares traidores y rastreros que con el apoyo de políticos que hoy lucen vestimentas democráticas se sometieron a la tiranía imperial, al dinero de la oligarquía y al resentimiento social con las clases populares.
La memoria histórica y social de los pueblos tiene que recordarnos que el verdadero pueblo jamás abandonó a Salvador Allende como jamás abandona a los héroes que luchan por ellos. En cambio sí lo hacen los que ven afectados sus intereses de grupo. El ejemplo de Salvador Allende se transformó en la piedra en el zapato para quienes lo traicionaron e intentaron olvidarlo, para quienes es recuerdo incómodo, una luz que les molesta. Hay que decir también que para algunos es solo una estatua. Pero no para el pueblo. Para los sectores populares y progresistas es un hombre que estimula a la construcción de la patria nueva.
Los pueblos obviamente tienen modos distintos de escribir su historia, esa historia que la forjan los hombres y mujeres que luchan por la vida, por la dignidad y por la libertad, no puede quedar indiferente a nadie, porque un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria e igualmente un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia.
Para no olvidarnos del pasado, hay seguir mirando hacia el futuro con un compromiso con el pueblo y con la patria como un homenaje a quienes nos han legado su lucha y pagaron con su vida la lealtad al pueblo.

viernes, 2 de septiembre de 2016

Patente de corso privilegio del reino revolucionario

“La UNE simplemente tiene que ser disuelta... Si por mí fuera la UNE…, habría desaparecido el día en que yo me posesioné”, fueron las declaraciones del Ministro de Educación, frente a los atropellos a la organización magisterial, "... Nada embriaga tanto al hombre como sentirse invencible.
Inicialmente se pensaría que nos encontramos ante una dictadura, pero no es así, porque las dictaduras suelen reconocer que todo tiene su límite e incluso se cuidan de no extralimitarse. Hoy presuntamente nos encontramos ante una tiranía, porque estas responden al fanatismo, a la idolatría y su norma es el irrespeto a la Constitución, a las leyes, a las organizaciones y a los ciudadanos, ni siquiera respetan la vida.
La Constitución dice que “se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente”. Sin embargo en este “reino revolucionario”, no se trata igual a todos, a quienes no piensan del color oficial, se les niegan los derechos más elementales.
La intención de destruir a las organizaciones sociales y populares, al parecer fue objetivo estratégico de la revolución ciudadana, de otra manera no se explican los permanentes atropellos a los derechos laborales y de sindicalización, el despido de miles de trabajadores públicos y privados, incrementando así la pobreza y otros males, las fracasadas reformas al sistema educativo han dejado a miles de jóvenes fuera de la universidad. 
A no dudarlo el allanamiento a las instalaciones de la UNE es la demostración del odio visceral a la oposición política, pretexto burdo, es que se la disuelva “porque no ha inscrito su directiva”. Esta acción ha permitido al pueblo ecuatoriano y a la opinión pública local e internacional comprobar que a la incapacidad y corrupción se han añadido ingredientes peligrosos como, la prepotencia, el abuso, la persecución, el allanamiento y la idea absurda que como gobernante es él y su camarilla quienes están y estarán por encima de la Constitución, creyéndose con patente de corso para subyugar los derechos, la libertad y la dignidad de los ciudadanos.
Finalmente, el Apóstol cubano nos recuerda que "viene bien que él que ejerza el poder sepa que lo tiene por merced y por encargo de su pueblo, como una honra que se le tributa y no como un derecho del que goza".

viernes, 26 de agosto de 2016

Unidad social y política, para dejar atrás el correísmo

Los politólogos opinan que el ciclo de los llamados gobiernos progresistas en la región llega a su fin, debido a que la crisis económica los ha obligado a adoptar medidas neoliberales. Es decir que el progresismo disfrazado de izquierda hoy se desnuda y se muestra en el escenario político y social conforme al ropaje ideológico de sus actores.
En el caso ecuatoriano, la crisis viene de mucho antes de la caída del precio del petróleo, crisis que se evidencia en la adopción de un modelo tecno-burocrático capitalista fortalecido hasta hace unos dos años por los altos ingresos fiscales y del petróleo, lo cual permitió al gobierno fomentar el paternalismo y clientelismo social, a la par que alentaba el caudillismo del primer mandatario.
Para opacar la crisis se recurre a argumentos ambiguos como que esta es mundial. Otras iniciativas como las leyes de herencia y plusvalía, el dinero electrónico, la venta de gasolineras estatales, las reformas a la jubilación patronal, las salvaguardas, etc., no le han dado resultado. Por el contrario, la ciudadanía evidencia como día a día se eleva el costo de la vida, crece el desempleo y la inestabilidad laboral, líderes populares y organizaciones gremiales demandan de seguridad jurídica y despenalización de la protesta social y una serie de etcéteras que se agravan con la prepotencia y el autoritarismo.
Aunque no parezca, la revolución ciudadana ha hecho el camino fácil a la banca y a los grandes grupos empresariales para que puedan obtener mayores ganancias que posibiliten la pronta recuperación de sus capitales afectados por la crisis y la recesión económica; haciendo como siempre que el costo de la crisis la paguen los sectores populares.
Lo cierto es que, más allá del optimismo oficial al manejar sus propias estadísticas, para la oposición, pero especialmente para las clases populares y medias de la población, el gobierno está en permanente deterioro y poco a poco va acrecentado el descontento popular que se expresa en tertulias que se improvisan en los medios de transporte, en los centros comerciales y otros espacios donde en resumen se exige del gobierno el pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales.
En tales circunstancias es obligatoria y urgente la unidad social y política, para dejar atrás la idea de perpetuación del correísmo, ya sea con el humanitario Moreno o con el tecnócrata Glass, e incluso con el mismo Correa.

viernes, 19 de agosto de 2016

Unidad programática para un gobierno que garantice el pleno ejercicio de derechos

Nadie puede negar que transitamos confusos en una crisis política e ideológica que no se asume. Es una crisis pendular que reaparece cada cierto tiempo, más bien, cuando el liderazgo del gobierno de turno se desvanece y en su desesperación pasa a la persecución de la oposición social y política.
En esta crisis, el oportunismo y el caudillismo han abandonado los espacios del debate de ideas que son el sostén de la democracia, pregonan que al pueblo no le interesan las ideologías culpando de la crisis a la partidocracia. Para justificarse, han sustituido a los partidos políticos y a la militancia por colectivos de apoyo electoral y adherentes en favor de sus campañas, renunciando a la formación ideológica.
Coincidencia o no, desde el “gobierno nacionalista y revolucionado” ungido por la dictadura militar hasta la caída de Abdala Bucarán han pasado 18 años y desde éste, hasta el “gobierno de la revolución ciudadana” otros 18 años, en que ya nos es importante constatar la estabilidad del sistema político, sino de tener dudas sobre la propia gobernabilidad que generan quienes llegan al poder expresando que se sacan la camiseta del partido para servir al pueblo, en buen romance, renuncian a la disciplina partidaria, lo cual no necesariamente les da más prestigio, pero si la posibilidad de hacer lo que les da la gana.
Los partidos políticos y los líderes que se turnaron en el poder a partir de 1979 sin duda que han contribuido a la estabilidad democrática al estilo neoliberal. Pero esos mismos partidos y líderes que consiguieron que los ecuatorianos nos habituemos a la democracia burguesa no logran comprender que no se trata de cambiar un presidente sino la estructura del Estado tradicional.
Lo cierto es que esta crisis conduce a que la mayoría de los ciudadanos no sólo no crea ni confía en el Asamblea Nacional, ni en el Poder Judicial, ni en la Administración Pública, sino también a rechazar los cantos de sirena autoritarios de quienes quieren opacar la crisis.
Ahora se trata de elegir un nuevo liderazgo que asuma el reto de sacarnos de esta crisis, para ello los partidos políticos y los líderes tienen que forjar y acordar una unidad programática que redefina el sistema político y las estructuras del Estado y a la vez asegure el pleno ejercicio de derechos individuales y colectivos.