Entrevista a Rosana
Palacios, Presidenta de la UNE
Tomado de: https://es.scribd.com/document/324712301/Opcion-S-77-Septiembre-de-2016
Como parte de
la campaña de descrédito y persecución contra las organizaciones sociales, el
gobierno ha iniciado un proceso de disolución contra la UNE ¿Cuál es la
intención detrás de esta medida?
El gobierno está en una campaña contra
sindicatos, universidades, ha reactivado juicios contra líderes socia-les,
estos actos buscan hacer el mayor daño posible a la organización social,
sindical y popular, pese a que el gobierno tiene los días contados. El objetivo
de Rafael Correa es pretender callarnos, aplicar una política de mie-do,
amenazas. La misma intención tiene, por ejemplo, el enfrentamiento con el
Consejo de Disciplina de los militares. En este marco es importante la
capacidad de análisis que tenemos en la organización social, hay que ver el
momento, leer el contexto. Las FFAA también han sabido leer el mensaje del
gobierno y no caen en la provocación, para evitar que Correa se victimice.
¿Bajo qué
causal se inició el proceso de disolución?
Si
en el Ecuador no estuvieran cooptadas todas las funciones del Estado, no habría
ninguna base para la disolución de la Unión Nacional de Educadores, ningún
sustento jurídico. El acto administrativo por el que se inicia la disolución
deja a la organización en la indefensión, se nos acusa de todo y nada. Cuando
se nos acusa que hemos violado la Constitución, la Ley y el Reglamento, no se
especifica que articulado se ha violado. No hay motivación, ni fundamentación.
Es un acto dictatorial, que no respeta ninguna norma jurídica.
¿Qué acciones
ha tomado la UNE para enfrentar este proceso?
Hemos
tomado dos caminos: el uno es la defensa jurídica, con un grupo de abogados
como Ciro Guzmán, el Colegio de Abogados de Pichincha, abogados de
Funda-medios, ellos están a cargo de nuestra defensa. Hemos solicitado la
nulidad del proceso, sin embargo el trámite en sede administrativa es absurdo,
porque la misma autoridad que emite el Acuerdo es ante quien debemos apelar. El
otro camino ha sido pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, y la intervención urgente de la Organización Internacional
del Trabajo, también hemos enviado cartas al Comité de e Expertos de la ONU en
Derechos Civiles y Políticos, pe-dimos también la solidaridad dentro del mundo
sindical, recibiendo una respuesta magnífica dentro de estos espacios. El
Director General de la OIT ya ha hecho llegar al Presidente de la República una
carta recordándole –en términos muy diplomáticos- que el proceso que se sigue contra
la UNE viola los tratados y convenios ratificados por el Ecuador, y ha
solicitado al gobierno informe sobre temas como la apropiación de las sedes de
la UNE en Quito y Guayaquil. También han existido comunicaciones de parte de la
Confederación Sindical de las Américas y de la Internacional del Servicio
Público (ISP), entidades que enviaron una misión internacional. Se solicitó una
mesa de diálogo, sin resultado alguno. El gobierno ha llegado al extremo de
desconocer el carácter de organización sindical de la UNE.
El odio que
tiene el gobierno a la UNE ¿es por sus críticas al modelo educativo?
La
persecución es por nuestra insistencia en que el gobierno responda por los
resultados de su gestión, especialmente en referencia a la implementación del
Plan Decenal. Este Plan no se convirtió en política pública, la inversión en
educación la han mostrado como una dádiva del gobierno. La educación no puede
ser usada como parte de una política populista. Hemos reclamado la evaluación
del Plan Decenal al haberse cumplido ya los diez años. No existe una respuesta
sobre la aplicación de las ocho políticas establecidas en el Plan, que fue
puesto en consideración del pueblo por medio de la Consulta Popular del año
2006. Uno de los puntos era el de la inversión, hoy tenemos apenas el 3,9% del
PIB invertido en educación, tenía que estar ya en el 6%, con ello se podía
universalizar la educación inicial (3 a 5 años de edad). El Plan también
establecía la capacitación permanente del personal docente. El gobierno habla
de 40 mil profesores capacitados, pero somos 160 mil a nivel nacional, pese a
haberse despedido a 45 mil que estaban por contrato ocasional. Otro punto tenía
que ver con la jubilación con estímulos
en efectivo, que tampoco se ha cumplido. No se ha cumplido la Constitución ni
el Plan Decenal, y al gobierno le molesta cuando una organización sindical
desenmascara las violaciones a los derechos laborales. El tema de la
infraestructura educativa es otro punto por el que hemos peleado, las unidades
educativas del milenio atienden apenas al 10-15% de estudiantes del país, sin
embargo existen 6 mil escuelas y colegios cerrados o fusionados.
