Antes
de la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial, la economía ecuatoriana se precipitaba
más por la pandilla de corruptos que por la mala conducción del país. Así, la
declaratoria de emergencia y el Estado de excepción por la Covid-19 cayó como
anillo al dedo al Gobierno Nacional, puesto que lejos de frenar la contagiosa
enfermedad sirvió más para detener los procesos de levantamiento popular que
estaban en curso desde el mes de octubre de 2019.
La
reciente aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario confirma que la enfermedad
tiene carácter de clase. Por una parte, se quiere hacer creer que esta ley
contiene acuerdos
laborales, pensiones educativas, tarifas para servicios básicos, facilidades
financieras, convenios entre deudores y acreedores, entre otros, que
beneficiarían a los ciudadanos.
Sin
embargo, en lo concerniente a los derechos laborales garantizados por la
Constitución de la República, estos hoy son disminuidos. La nueva ley contempla
normas que se refieren a los acuerdos para ajustar las condiciones económicas
laborales, el contrato emergente, el goce de vacaciones, el teletrabajo, la
reducción de la jornada laboral y la consecuente reducción del salario.
Servidores
públicos y trabajadores vienen cumpliendo protestas y han anunciado demandas de
inconstitucionalidad a la ley, tema éste que será motivo de otro análisis. Cabe
preguntarnos ahora, si las revueltas de ayer revivirán en los próximos días.
Pienso que sí, porque a mi entender, las bases de los reclamos seguirán
vigentes mientras el estado capitalista de Lenin Moreno esté maniatado por la
derecha económica y sometido a los requerimientos de la banca chulquera
internacional.
La
pandemia ha develado las
enormes carestías sufridas por los sectores populares a causa de un neocapitalismo
cuyo principio es la corrupción, que a la vez ahonda las desigualdades entre
ricos y pobres. Mientras que al tercio de la población que tiene subempleo y
trabajo informal, le despoja de derechos y los obliga a laborar en condiciones
deplorables y con sueldos de miseria.
La Ministra de Gobierno desde el
COE-Nacional declaró una cuarentena sanitaria y de confinamiento social, se
emitieron normativas para precautelar la salud y seguridad de los pobladores.
Mas éstas desembocaron en una fuerte represión ejercida por los uniformados,
que al parecer recibieron órdenes de defender abiertamente los privilegios de
la clase dominante y castigar con dureza cualquier conato de protestas que en
medio de la mencionada cuarentena, inicialmente de forma virtual y luego en
calles y plazas realizaron la clase trabajadora y sectores populares.
Lo cierto es que la Covid-19,
despertó el proceso de lucha emancipadora. El cacareado buen vivir no se ve
llegar, por el contrario hay una pérdida de la calidad de vida que se suma a la
privatización de varias empresas estatales. Las desigualdades sociales empiezan
a verse desde el prisma de la conciencia de clase, por lo que cobra vigencia la
unidad y solidaridad entre la gente y los movimientos sociales y populares en
el contexto de la soberanía del pueblo.
