Han pasado
casi 90 días de confinamiento debido al COVID-19 que esta vez está acompañada
de la pandemia de la corrupción. Durante este tiempo, no solamente se ha puesto
de manifiesto que no hemos estado preparados en el campo de la salud, sino que
son las camarillas de sinvergüenzas y rateros que rodean a los gobiernos de
turno, los que se llevan con la complicidad de jueces los dineros del erario
nacional.
El Gobierno
Nacional y los gobiernos seccionales no han podido dar respuesta a la amenaza
que representa la evolución de la pandemia de COVID-19, probablemente lo
intentan, pero las redes de corrupción que no son de ahora, lo impiden,
haciendo que los niveles de pobreza en los sectores populares aumente casi en
el mismo porcentaje de la pandemia, todos reconocen, que los más pobres serán
los más afectados, puesto que en general carecen de acceso a los más
elementales servicios de higiene y salud, sumado a las deplorables condiciones
de vivienda y de hacinamiento.
Ante esta
realidad, la tarea más importante del Gobierno es la de garantizar el trabajo a
las personas, a fin de que éstas puedan acceder a la compra de alimentos, de medicamentos
y al pago de los servicios básicos. Pero en nuestro país sucede lo contrario,
se eliminan fuentes de trabajo, limitando así, el derecho a la vida de la población.
Al mismo tiempo se anula la libertad de reunión y de asociación y se pretende
invalidar el derecho constitucional a la resistencia. Decretan un
distanciamiento social con la clara intención de impedir que luchemos contra la
corrupción y los corruptos, incluso con la amenaza de usar las armas contra el
pueblo.
En el Ecuador
más de la tercera parte de la población sobrevive del comercio informal, esto
no es una aventura fácil en estos tiempos de confinamiento y prohibiciones.
Muchos de los trabajadores informales dependen de sus ventas diarias, las
mismas que han disminuido y en otros casos no hay. Los sectores de negocios
semi formales y formales que se vieron obligados a cerrar durante la etapa del
semáforo rojo, ahora corren el riesgo de caer de nuevo en la pobreza.
Lo cierto es
que la enfermedad deja al descubierto las desigualdades sociales. El mencionado
teletrabajo -que dicho sea de paso disminuyó la jornada laboral y por ende el
salario de los trabajadores-, resulta ser un lujo que los pobres no se pueden
permitir, en donde los altos niveles de informalidad laboral hacen que grandes
sectores de la población queden excluidos de la seguridad social, aumentando
como consecuencia de ello, las redes de la delincuencia social menor.
No hay duda de
que la pandemia reveló los altos niveles de corrupción, la intención de
privatizar algunas empresas estatales, la voracidad de la banca chulquera y de
las transnacionales que someten al gobierno a los mandatos del FMI; pero al
mismo tiempo, renueva la necesidad de la organización popular para luchar
contra estas lacras sociales.
