Parafraseando
parte de la expresión bíblica “dad al César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios”, pareciera que hay quienes quisieran que ante el extendido Estado
de Excepción nos limitemos a las normativas que lo rigen, podría decirse que de
acuerdo; pero hay también quienes quieren que creamos que la pandemia del
COVID-19 es un castigo de Dios que llegó acompañado de la corrupción de estos
neo fariseos que pululan alrededor de Carondelet y los Ministerios Públicos.
No
son criterios opuestos, aunque si distintos, sumado a que ni unos ni otros
respeten sus propias obligaciones y menos la Constitución y las leyes. No nos sorprende
que nuestro país encabece las estadísticas del COVID-19, de la corrupción y de
la arremetida contra los trabajadores y los sectores populares, a quienes bajo
el pretexto del achicamiento del Estado, primero se da preferencia a la
privatización de las empresas y servicios públicos y a las compañías oligárquicas
redactando leyes tributarias y otras que precarizan y flexibilizan el trabajo
en detrimento de la estabilidad laboral y de garantizar un salario justo, leyes
que en definitiva conculcan derechos y disminuyen las condiciones de vida de
los trabajadores y sus familias.
Infortunadamente
siempre supuse que la legislación laboral no es regresiva, que los gobiernos
están para garantizar los derechos a todos los ciudadanos, sin embargo desde
hace más de una década y ahora aprovechando la coyuntura del COVID-19, derechos
como el contrato individual de trabajo, salario mínimo, jornada máxima, pago de
horas extras, sindicalización, huelga, contrato colectivo, seguridad social, vacaciones,
amparo a la maternidad, el no trabajo infantil, las indemnizaciones por despido,
accidentes y enfermedades profesionales, pago de utilidades, entre otros; en
algunos casos se han disminuido y en otros se han suprimido.
Desde
luego que la posición reivindicadora de los sectores populares, de la izquierda
y de los trabajadores, toda la vida ha incomodado al sector empresarial y al
Estado capitalista, éstos los han calificado de terroristas, socialistas, marxistas,
comunistas, etc., etc., presionando a la par a los gobiernos para que les
garanticen sus inversiones y sus ganancias depredadoras, cumpliendo recetas de
organismos internacionales, que las imponen como en tiempos de las dictaduras
que la CIA establecía en nuestros países.
En
el gobierno de la revolución ciudadana entre comillas, nos hizo creer que
habría un amplio cambio en la legislación laboral, reformas que finalmente se
identificaron como neoliberales, puesto que derechos como la organización fue
debilitado con la intención de liquidarlas, para ello se crearon organizaciones
paralelas que condujeron al aumento del servilismo y a la profundización de la
corrupción.
Sin
embargo de estas limitaciones impuestas durante la era del correato, organizaciones
como la Unión Nacional de Educadores ha cuestionado las reformas y junto a
gremios de los servidores públicos y de trabajadores van forjando la unidad y
recuperando fuerzas para ejercer la resistencia y protestar; así como acudiendo
a las instancias legales para interponer los recursos que permitan restablecer
sus derechos.
