Sin pena ni gloria y con la decepción y preocupación
de un moderador con el papel de acusador, concluyó el debate económico, en el
que el Presidente Correa, convertido en entrevistador, entrevistado y poseedor
absoluto de la razón, reiteró que la crítica situación actual que vive el país
es culpa del pasado, pero al mismo tiempo afirmó que el Gobierno ha manejado
bien los recursos económicos; que a pesar de la caída de los depósitos se
cuenta con las reservas suficientes, las mismas que están bien invertidas en
obra pública; que están garantizadas las pensiones jubilares, etc., etc.
La mala conducción del programa, impidió que los
supuestos opositores al régimen, expresen ordenadamente sus opiniones, y a pesar
de que se pidió tener “un dialogo técnico” sé terminó acusándoles tratar de
sacar réditos políticos del debate.
De otro lado, la expectativa de los sectores
populares estaba fijada en conocer propuestas relacionadas con el enfoque interministerial
para tratar la seguridad
social y la generación de empleo a las poblaciones suburbanas y rurales. Se esperaba que se analice juiciosamente los desafíos políticos y de
gestión que garanticen el pleno ejercicio de derechos y libertades sociales.
Que se diga en la práctica,
cuales son las estrategias para que la aprobada Ley de Alianzas Público
Privadas favorezcan a la sociedad civil en su conjunto, sobre la base de la sistematización
de las experiencias nacionales e incorporarlas a las actividades cotidianas de
los gobiernos autónomos descentralizados.
Que se aclare o aproximen
alternativas a la capacitación y apoyo a los micro-emprendimientos, a las
empresas familiares, programas de empleo autónomo e iniciativas para promover
la inserción laboral de la mujer y no solamente la proselitista afiliación a la
seguridad social de las amas de casa.
Sin embargo, poco o nada de
eso se escuchó. Por el contrario se insistió en informes y recetas de
organismos internacionales que finalmente terminarán profundizando
irracionalmente las desigualdades sociales.
Queda entonces, a las organizaciones populares de
base, retomar sus principios de luchar por una sociedad justa y democrática, lo
cual plantea la necesidad inaplazable de unificar sus fuerzas para alcanzar las
transformaciones que la patria necesita y el pueblo reclama, por una mayor
democratización de la sociedad ecuatoriana y una distribución equitativa de la
riqueza que permita el buen vivir de las grandes mayorías nacionales.
