viernes, 9 de octubre de 2015

En Mandariacu no hay sobre precio sino un ajuste de precios


Ante la presunta corrupción en la contratación y construcción de la Hidroeléctrica Mandariacu, obra denominada como “emblemática de la revolución ciudadana”, la Comisión Anticorrupción cree que podrían estar involucrados funcionarios de la Prefectura de Pichincha, de la Corporación Eléctrica, de la Contraloría General y de la transnacional Odebrecht, quienes serían los responsables de un sobre precio que supera los cien millones de dólares y de la generación de apenas el 15% de la energía contratada.
A estos hechos, altas autoridades gubernamentales, responden que las acusaciones de la Comisión Anticorrupción son demagógicas, que no hay sobre precio sino un ajuste de precios. Que los comisionados, parte de la vieja partidocracia, hacen afirmaciones sin ningún fundamento legal, sino con el “sólo objetivo de hacer alharaca y lograr algún dudoso protagonismo que los mantenga políticamente”.
Sin embargo, cuando se arrebató los dineros de los profesores en el Fondo de Cesantía del Magisterio, y ante el reclamo de más de seis mil personas entre profesores activos y jubilados que invirtieron para la Hidroeléctrica Sabanilla se manifestó, que se iban a averiguar hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga, los supuestos malos manejos del Fondo, sin que hasta la presente se demuestre nada ni se haya hecho conocer el borrador del informe donde
se afirmaba que habían dineros públicos. Consecuencia de aquel atropello, se paralizó por decir lo menos, la construcción de la central hidroeléctrica de 30 megavatios, cuyos trabajos con una duración de tres años estaban previstos iniciarse este mes, que aparte de generar fuentes de trabajo local, contribuiría a cubrir el déficit de energía eléctrica que tiene el país.
El Gobierno, lejos de dar las facilidades para que se aclaren los hechos denunciados, amenazan con enjuiciar a los comisionados, por redactar un informe “lleno de imprecisiones y omitir información clave para entender en su conjunto y transparentemente, el Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu”. Claro, cuando se trata de defender su “proceso revolucionario”, todo es válido, están por encima de todo, se valen de medios constitucionales e institucionales para deslegitimar o dividir al movimiento sindical y con mayor empeño a la UNE, llegando al extremo de judicializar el pensamiento crítico para acallar a los líderes gremiales y de la oposición política.

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