La Universidad Andina
Simón Bolívar, gestionada por el académico, escritor y político Enrique Ayala
Mora, mantiene un enorme prestigio nacional e internacional, son evidentes sus éxitos
y capacidad en la formación de estudiantes de postgrado y liderazgo en investigación
y producción de conocimiento con enfoque crítico y pluralista.
El 30 de octubre
se desarrollará un proceso de consulta previa a los estamentos universitarios
de la Andina, los resultados servirán de referencia al Consejo Superior, para que
de dos candidaturas, designen al sucesor de Enrique Ayala M., tarea nada fácil.
Uno de los
candidatos, es el actual Embajador en Colombia y ex Ministro de Educación de
los gobiernos de Borja, Palacios y Correa, que entre sus “méritos” destaca la engañosa
declaratoria de “Ecuador Patria Alfabetizada", en la que se afirmaba haber
“hecho en dos años lo que ningún gobierno hizo en décadas". La otra candidatura
corresponde al jurista lojano Cesar Montaño Galarza, actual coordinador del área
de Derecho, quien como ex alumno, seguro velará por la “preservación de la
excelencia, la autonomía y el sentido crítico de la UASB”, y para que esa
relevancia y autonomía, fruto de la acumulación del pensamiento libre y
tradición histórica no se revierta por la intención correísta de controlarla,
probablemente para revivir las oscuras prácticas de prebendas con las agrupaciones
políticas sectarias y corporaciones que permanecen en los pasillos de los poderes
estatales, cuya tarea principal consistía en su auto reproducción
obstaculizando proyectos de innovación y resistencia en favor del desarrollo
nacional.
El país vive un “cambio
de época” en el orden social, político y económico, que no solo limita el
acceso al saber sino que genera un sistema universitario y científico
totalmente confuso, en el que el concepto mismo de universidad está en
discusión. Ante ello, la UASB con el Doctor César Montaño en el rectorado,
tendrá la capacidad de pensarse, de redefinirse y establecer un programa de
transformaciones imprescindibles, para insertar a la universidad en el tejido
social y comprometerla con el derecho universal a una educación productora de
conocimiento socialmente relevante, solidaria, crítica y emancipadora que
convierta a los saberes activos en bienes públicos y de uso social, en
oposición a la versión neoliberal de la revolución ciudadana, que tiende a
concebir a la universidad ecuatoriana como mera fábrica de profesionales para
satisfacer las demandas del mercado.
