viernes, 15 de mayo de 2015

La dictadura del corazón y la rendición de cuentas


El Consejo de Participación Ciudadana, define la rendición de cuentas como un proceso mediante el cual los funcionarios públicos, tienen la responsabilidad de explicar y responder a la ciudadanía sobre su gestión a fin de que ésta evalúe dicha gestión.
Por tanto el buen vivir, supone rendir cuentas con transparencia en las informaciones sobre la consecución de los objetivos propuestos y el cómo se los ha conseguido. En suma, es una tarea legal y ética.
Sin embargo, no tiene sentido evaluar el accionar individual de los y las Asambleístas oficialistas si han declarado públicamente su obediencia a la “dictadura del corazón” y han confesado que su accionar es colectivo  en apoyo incondicional a lo que se dispone desde Carondelet. Tampoco sirve de mucho, evaluar la tarea de los de minoría o de “oposición”, puesto que su trabajo ha sido impedido.
Similar opinión merece el accionar del Alcalde y ediles lojanos. En el municipio, a menudo se formulan políticas de una manera discrecional y carente de transparencia, en contra de las prioridades reales de los sectores populares. Basta señalar que incluso al Vice-Alcalde, se le coarta asumir las funciones cuando el titular se ausenta.
Es obvio que los funcionarios de elección popular y los designados para dirigir entidades públicas deben responder por su conducta, es decir, por su obediencia a la ley sin abusar de sus poderes; así como, por su desempeño demostrando lealtad al interés público. 
La rendición de cuentas para que sea efectiva, debe contar con la participación ciudadana, quienes en cualquier momento deberían exigir se les rinda cuentas sin esperar su voluntad. Y es que, sino no hay la disponibilidad y confiabilidad en la información solicitada, tampoco puede ser eficaz la participación de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, en la búsqueda de la auténtica gobernabilidad para garantizar la sostenibilidad de la democracia y el anhelado buen vivir. 
En fin, en los actuales momentos en que se ha judicializado la protesta social; la rendición de cuentas debe permitir a los ciudadanos de a pie acceder a la información, expresar sus necesidades y tomarles cuentas a sus mandatarios,  funcionarios públicos y burócratas con la posibilidad de lograr efectivamente un cambio que conlleve a un desarrollo productivo más eficaz para el mejoramiento de las condiciones de vida y la construcción de la patria equitativa y soberana.