A propósito de las reformas al fondo de pensiones del IESS, que el Estado pague la deuda

“el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, a cambio de mi vida entera, o (de) lo que me queda” versos del cantautor mexicano José Espinoza Aragón que a propósito de las reformas al fondo de pensiones del IESS, trabajadores y jubilados debido a la indolencia del Estado, corean estos días…

     A poco de concluir el nefasto gobierno del encuentro, el presidente Guillermo Lasso, asesorado por el Econ. Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina, se apresta a enviar a la Corte Constitucional un Decreto Ley Económico con el carácter de urgente, con reformas al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte del IESS, bajo el pretexto que este es insostenible dizque porque los ecuatorianos viven más de 80 años, por tanto, cobran sus pensiones por más tiempo.
      El presidente Guillermo Lasso y los sectores interesados en la quiebra del IESS, saben bien que la crisis que vive la seguridad social no ha sido causada por los afiliados o trabajadores, sino que es consecuencia de la inoperancia y abuso de los directivos; que la crisis se debe a los más de 24 mil millones de dólares que el Estado adeuda al IESS; que la crisis se debe a que cada vez hay menos afiliados porque no hay fuentes de trabajo; que la crisis principalmente se debe a la corrupción e impunidad que gozan los ex directores desfalcadores del instituto de seguridad social.
     Entre las reformas neoliberales, está subir a 35 los años de aporte que hasta la presente es de 30 años. Los descuentos por aportaciones incluirían al décimo tercer y cuarto sueldo. Que el fondo de cesantía solo podrá retirarse cuando los trabajadores se jubilen, ahora se lo hace cuando estos se quedan desempleados. Los fondos de reserva si no se mensualizan deben depositarse de manera obligatoria, en una cuenta del BIEES a dos o tres años.
      Otra de las reformas es cambiar la fórmula de cálculo para la pensión jubilar, actualmente se considera los salarios de los cinco mejores años de servicio del afiliado; con la reforma se propone ajustar de manera gradual esa fórmula hasta que el número de años para el cálculo de la pensión sea de 15 o 20. También se plantea poner límites al aporte del 40% que realiza el Estado para el pago de pensiones del IESS.
      La exigencia de buena atención médica y prestaciones, el logro de una pensión digna y del estímulo de jubilación, han sido producto de la lucha alrededor de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados Alfonso Yanes Monteros que junto a la UNE con la firmeza de sus principios, su dirigencia y los agremiados se han jugado la vida resistiendo la opresión de los gobiernos de turno en su afán por privatizar la seguridad social.
     Posdata: La comisión no menciona nada de los 750 millones de dólares que se necesitan para el pago puntual y en efectivo del estímulo por jubilación que se adeuda a cerca de 15 mil maestros y maestras jubiladas.

Precarización de los aprendizajes y virtualización de la pedagogía

    En el artículo anterior, hice referencia al “Segundo Congreso Mundial Educativo”, celebrado recientemente en la ciudad de Panamá, el cual colocó en la discusión lecturas y vivencias que, puestas en conjunto, mostraron el panorama de una estrategia común y desigual al mismo tiempo, en torno a las políticas educativas del neoliberalismo en América Latina.
  En la misma temática, los movimientos pedagógicos y las organizaciones sindicales decidieron “transgredir los debates anacrónicos y los hábitos previsibles de las resistencias populares, mediante una propuesta consensuada para la desterritorializarción escolar y matriculación digital en plataformas privadas", lo que se considera como la forma más descarada de privatización de la educación, descarada por que los Estados neoliberales de la región evitan la obligación de garantizar el derecho a la educación pública y gratuita de forma presencial.
   Se resaltó que otro de los males en la educación regional es la “precarización de los aprendizajes y virtualización de la pedagogía bancaria", acentuada durante la pandemia y sometiendo a los escolares a un proceso de enseñanza unidireccional en condiciones de desigualdad social y tecnológica, por lo que urge al profesorado construir las taxonomías para los aprendizajes críticos a fin de oponer resistencia a las relaciones de competitividad y rentabilidad económica que impone el neoliberalismo.
  Para el caso ecuatoriano y a propósito del proceso electoral los candidatos que defienden el sistema establecido nos hablan de gobernabilidad y gobernanza, lo cual no es más que una invención del capitalismo para posicionar a las corporaciones económicas, multilaterales de la globalización, organismos financieros trasnacionales y a la burguesía criolla, en la determinación de políticas educativas públicas para la formación artesanal y técnica, con ese pretexto, se introdujeron las metodologías de desarrollo de competencias y de proyectos, cuyo fin oculto es la formación para la incertidumbre laboral y la auto organización del desempleo con emprendimientos que en realidad son de precariedad económica y de sometimiento.
   A los docentes nos corresponde buena parte de los éxitos y fracasos educativos, sin embargo, si permanecemos en la comodidad y enajenados de la problemática socio educativa, seremos parte de la “colonización del cerebro” con fines de manipular políticamente a los estudiantes. A la unión nacional de educadores nos preocupa la facilidad con que algunos maestros aceptan el discurso oficial sin reparar en que la sociedad nos ha encomendado la formación de hombres y mujeres capaces de comprender que las diferencias y desigualdades sociales son parte del conflicto de la lucha de clases.
   Finalmente, ante la imposición de un modelo totalitarista de gestión docente: vertical, individualista, deshumano, despersonalizado y autoritario, en el que prevalece la extrema burocratización y tramitología de la carrera docente, el cual despoja al profesorado del derecho a la organización sindical en cada centro educativo; por tanto, nos corresponde una invitación mutua para forjar el diálogo y la unidad con los sectores populares a fin de defender la educación pública y nuestros derechos.

Alternativas pedagógicas y resistencias gremiales

   En la ciudad de Panamá, la segunda semana de junio, se desarrolló el “Segundo Congreso Mundial Educativo: Alternativas Pedagógicas, Resistencias Gremiales y Sindicales”, participaron sindicatos y gremios de educadores de Latinoamérica, con el indeclinable compromiso de defender el derecho a la educación pública para todos los sectores sociales.
   Se realizó un diagnóstico consensuado aseverando que la educación pública es un derecho humano fundamental, obligación indeclinable de los Estados, para disminuir las brechas sociales derivadas del origen social de clase; la urgencia de una transformación radical del sistema escolar que implique revisar las condiciones del trabajo docente, sueldos y salarios, la seguridad social y el derecho a un retiro digno.
   Es claro que las luchas de los profesores forman parte de un marco más amplio de disputas contra los dueños del capital que someten a la clase trabajadora a condiciones cada vez de mayor miseria y precariedad; el estudiantado es otro sector que es fuertemente golpeado por el neoliberalismo educativo, está carente de derechos, sin voz ante las políticas educativas, una juventud sin pensamiento propio, sometida, pero que a pesar de ello se levanta, se expresa también por una nueva educación y una sociedad que le ofrezca mejores condiciones de vida.

Durante el congreso los gremios de educadores, con la participación activa de la UNE, denunciaron el “progresivo giro neoliberal de la UNESCO en las últimas tres décadas, construyendo una telaraña de discursos e imaginarios para colocar la educación al servicio de los intereses del mercado”

   En el evento se enfatizó que “la movilización social es una forma fundamental para denunciar al neoliberalismo educativo y construir consensos;” por ello, hicieron un llamado a multiplicar desde los gremios y los centros escolares, los espacios de formación, debate plural y encuentro, que posibiliten frenar la ofensiva global que contra la educación pública han emprendido las corporaciones tecnológicas, la banca chulquera, el multilateralismo y la falsa filantropía que pretenden asaltar a las organizaciones de la sociedad civil; pero una cosa es lo que intenta imponer el capitalismo y otra cosa es la resistencia que opondrán los pueblos y el magisterio progresista, para defender la educación pública y exigir a los gobiernos de turno mayor inversión social, primordialmente en educación y salud.
   Por ahora resaltaré, dos de las conclusiones: 1. Rechazar las variadas formas de ataque de los gobiernos neoliberales que pretenden convertir a la educación en una mercancía; y, 2. “combatir al capitalismo que quiere desdibujar la identidad de los educadores”.
   Ante esto, los docentes decimos que nuestra identidad la construimos a partir de la movilización popular y el encuentro con otros sectores sociales. Si el capitalismo nos quiere encerrados en nuestras aulas, nosotros decidimos abrir las ventanas para respirar los aires de cambio y salimos a las calles para encontrarnos con nuestros colegas y el pueblo en todos los territorios, con los movimientos populares, las juventudes, luchando por una sociedad de unidad, justicia social y por una Patria Nueva.

Es preciso reconocer que la crisis existe

     En el corto y apresurado proceso electoral que se avecina, la prensa y los comunicadores jugarán un significativo rol. Hoy en día, las personas en las redes sociales crean y acceden a la difusión de información y desinformación; de allí que, la mejor arma competitiva de un periodista profesional es revisar y verificar la información antes de ofrecerle a la ciudadanía, puesto que las redes sociales en buena parte son utilizadas para influenciar de forma negativa en el pensamiento de las personas.

     Para las organizaciones y movimientos políticos que aspiran a una transformación social y revolucionaria profunda, no es insustancial el papel de denuncia que puedan hacer su militancia y dirigencia muchas de las veces en las condiciones adversas como el amedrentamiento, la persecución, el encarcelamiento y hasta el asesinato que impone la farsa de la democracia burguesa. 

Claro que la denuncia es positiva, pero para los sectores populares, es más importante impulsar la movilización, lo cual es consecuencia de la estructura partidaria y organización popular.

     Hasta el cierre de inscripciones, de un lado había siete precandidatos repartidos entre la derecha recalcitrante y la centro derecha: Daniel Noboa, Fernando Villavicencio, Otto Sonnenholzner, Jan Topic, Xavier Hervas, Bolívar Armijos, Luisa González. Todos coinciden en garantizar seguridad ciudadana, recuperación económica y lucha contra la corrupción, pero para nada tocan a los grandes millonarios evasores y elusores de impuestos, ni de la entrega a dedo de jugosos contratos de obras públicas, en definitiva, van por defender a los grupos que los auspician.

     Del otro lado, Yaku Pérez por la alianza claro que se puede, integrada por Movimiento Agua; Unidad Popular listas 2; Democracia Si, Partido Socialista y varias organizaciones sociales, campesinas, indígenas, profesionales progresistas y gremiales, entre ellas, la Unión Nacional de Educadores y el Frente Unitario de Trabajadores. Yaku Pérez es un hombre de pueblo, un luchador popular, se reconoce como de izquierda ecológica. La alianza claro que se puede, es, además, para favorecer a los intereses de las grandes mayorías, proclamando la unidad y solidaridad para desarrollar un plan que asegure las transformaciones sociales y culturales fundamentales reorganizando la economía “en torno a la vida, a la salud y a la educación como ejes ordenadores de la producción.”

     En cuanto al trabajo legislativo, es cardinal el respaldo popular a los asambleístas nacionales y provinciales de la alianza, que en Loja van representados por: Dayana Pucha, Ramiro Carrión, Jannela Aguirre y Pablo Sigcho, ellos saben que la Asamblea Nacional es un terreno donde chocan los intereses de la burguesía monopolista contra los de las capas democráticas del país. El pueblo necesita asambleístas de sus bases que vayan a evitar la expedición de leyes privatizadoras de los sectores estratégicos de la economía del país, asambleístas que vayan a arrancar a la oligarquía ciertas concesiones para superar la crisis institucionalizada causante de la pobreza, desempleo e inseguridad que afectan a las mayorías populares.

Escenario político alrededor de dos tendencias

 

El próximo 20 de agosto serán las elecciones para concluir los periodos de presidente y de asambleístas. Al igual que en campañas anteriores la guerra proselitista está en marcha, solo que ahora es a toda velocidad. La lluvia de candidatos empezó mucho antes de la muerte cruzada, aparecen Fernando Villavicencio, Jan Topic, Otto Sonnenholzner, Luisa González, Bolívar Armijos, Daniel Noboa, todos del mismo barrio; aparece también Yaku Pérez considerado el candidato de los sectores populares y de las bases del movimiento indígena.

El cronograma electoral pone en jaque a los partidos y movimientos políticos que deberán cumplir en una estrechísima semana la campaña. Quizá los electores podrían conocer los nombres de los candidatos, pero no los programas de gobierno que ofrezcan, lo cual sin duda será un dolor de cabeza al momento de decidir el voto. A esto se suman dos consultas populares, una sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuni y la otra en Quito acerca de la minería.

La campaña política está activada por la lucha de clases. Por un lado, los sectores gubernamentales, sus aliados políticos y los grupos de poder como la banca y las corporaciones mediáticas, como siempre utilizarán todos los medios a su alcance, en especial a los comunicadores y periodistas de las cadenas nacionales de radio y televisión y que se han convertido en máquinas propagandísticas de la burguesía a la cual sirven en cuerpo y alma por jugosos salarios o pautajes millonarios.

Para la derecha lo importante es frenar el avance de los sectores progresistas, para lo cual no dudan en la persecución política y judicial o la utilización de recursos públicos con fines de publicidad política a favor de la derecha. Como siempre los candidatos presidenciables arrastrarán a sus asambleístas, quienes pasen al balotaje tendrán los bloques más representativos para dominar la Asamblea Nacional. El escenario político, aunque con varios candidatos se configura alrededor de dos tendencias que plasman alianzas: la derecha y los sectores progresistas.

La tarea de los sectores progresistas y de izquierda, es forjar una alianza posible con la certeza de “claro que se puede” construir un nuevo Ecuador. Un Ecuador que frene las intenciones que, en los cinco meses del gobierno transitorio, el presidente Guillermo Lasso pretende imponer una reforma a la seguridad social incrementando los aportes de los afiliados, subir la edad para jubilarse y disminuir las pensiones jubilares. Procura una metamorfosis laboral afectando los derechos de los trabajadores. Pretende además la privatización de los sectores petrolero y eléctrico con el satánico cuento de atraer inversión y la participación del sector privado en esas áreas.

Lo cierto es que, a la derecha hay que oponer una que garantice seguridad, enfrente el fenómeno del Niño, incremente fuentes de trabajo, atienda a la educación y la salud para que todo el pueblo viva y disfrute en una patria soberana.

Descontento y desconfianza ciudadana

Reaparece con fuerza el deseo de posesionarse para la Presidencia del Ecuador y para la Asamblea Nacional. Lo de que sí estuvo bien o mal la muerte cruzada y el descontento político por estas instituciones va quedando atrás. Hoy corre el tiempo para la inscripción de candidaturas. Los empresarios electoreros nos han tenido acostumbrados a votar por los menos malos. Ese ha sido nuestro infortunio.

Infortunio que se agrava por la legitimación de reglas antidemocráticas plasmadas en el mismo Código de la Democracia, que promueve, estimula y califica a que para ser candidato no es necesario ser afiliado a un partido o movimiento político, por eso precisamente muchos vivarachos se desafilian y como en temporada de feria abren sus propias tiendas. Sin embargo, esas son las normas de la democracia burguesa, porque si se tratase de una democracia más participativa, todo candidato debería ser afiliado por lo menos un año antes de su participación.

Parece que a los partidos débiles ni a los candidatos les conviene. Los primeros ganan votación y los segundos si es que son electos, cualquier momento deciden separarse del partido o movimiento que los auspició y declararse independientes. Lo más ridículo es que para estos embusteros no hay ninguna sanción ni ética, ni moral, mucho menos electoral. Deberían perder inmediatamente la representación y que esta la asuma el suplente. Pero no, no pasa nada y precisamente por eso la ciudadanía vive hastiada de la politiquería.

En fin, la campaña está en marcha, las organizaciones políticas, sociales y populares han hecho público los nombres de sus cuadros, en unos casos para enfrentar con responsabilidad la tarea de recuperar la patria, otros respaldando a figuras políticas ya posicionadas, y en otros hasta han empezado a alquilar sus partidos para los supuestos candidatos outsiders. Lo cierto es que, hay una ofensiva en medios de comunicación y redes sociales atacando la fragilidad crítica de la juventud y de los ciudadanos con esperanzas de mejores días.

Considero que lo más importante para las organizaciones políticas y sociales, es construir una verdadera democracia participativa. Eso es lo primero y es un tema superior incluso a la designación de autoridades que completarán el periodo denominado de "transición". Es urgente poner fin a la mediocridad gubernamental, dar trabajo, salud y educación para todos, combatir la corrupción institucional, garantizar seguridad ciudadana frenando la delincuencia organizada, pero sin querer parecernos a un régimen autoritario o totalitario.

Los ecuatorianos, en especial los sectores populares tienen derechos y si se conculcan saldrán a reclamarlos amparados en la Constitución y las leyes. Estos sectores, hoy apuestan más por la asociación cívica y patriótica que por los cargos de poder, desde esos espacios pretenden generar la presión para el cumplimiento de las ofertas de campaña, la defensa de sus derechos; pero en particular para recuperar la confianza ciudadana en la política e institucionalidad del Estado.