domingo, 16 de julio de 2017

La herida oculta

Historia:
La herida oculta
Por Cristina Arboleda P. e Isabel González R.
El 1 de julio de 2017 vence el plazo para cumplir con la reparación material e inmaterial a 41 niños y niñas víctimas de abuso sexual en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA), un colegio privado del sur de Quito.
El aula de Sexto C se volvió oscura. El profesor José Luis Negrete Arias insistió en tapar las ventanas. Los padres de los 41 estudiantes compraron las cortinas para proteger a sus hijos del sol, sin saber que el peligro estaba adentro. Allí, durante once meses, el docente sin título universitario insultó, torturó y abusó sexualmente de todos los alumnos sin que nadie lo notara.
Negrete calculó el horror de cada día. Al cerrar la puerta del salón, el profesor obligaba al grupo a enfrentarse a golpes o con pistolas de balines. Dos niños vigilaban siempre por una rendija. Negrete forzaba a quienes asistían a sus clases a repetir escenas de las películas pornográficas que mostraba. Con sus manos gruesas desnudaba a las niñas, las tocaba y rayaba con un marcador sus partes íntimas. En esa aula, Negrete violó al menos a una de ellas.
Si los estudiantes se rehusaban a seguir sus órdenes eran azotados con un cable, castigados con un palo o quemados con un mechero en zonas poco visibles de sus cuerpos. Tenían entre 10 y 11 años. Y estaban seguros de que ese hombre de mirada perversa, que fingía hablar con sicarios durante las horas de clase, cumpliría la amenaza de matar a los padres e incendiar la casa del primero que hablara. Él sabía dónde vivían y les llamaba por teléfono si faltaban a clases.
Una de las estudiantes que testificó en el juicio, recuerda el salón como “una cárcel chiquita”. Durante el año lectivo 2010-2011, en medio de uno de los colegios más grandes del sur de la ciudad, los niños y niñas quedaron atrapados por la violencia de su profesor.
Todos, sin excepción, callaron y escondieron sus heridas.
La sombra de la violencia
El día de la captura, en septiembre de 2015, José Luis Negrete tenía barba, bigote y el cabello largo y rojizo. Engordó más y tenía un piercing en la ceja. No se parecía a la foto del quinto más buscado en Ecuador. Estuvo prófugo durante tres años, hasta que la policía lo encontró en una casa del barrio Solanda, a menos de cuatro kilómetros de AAMPETRA.
Mientras Negrete se escondía, los 41 estudiantes y sus padres lidiaron con las consecuencias de su abuso. La oscuridad del salón llegó hasta los hogares. Una de los 41 pintó su cuarto de negro, uno de los 41 no quería encender la luz, una de los 41 lloraba si pasaba cerca de la escuela, varios de los 41 intentaron suicidarse. Aunque hubo padres de familia que no denunciaron o desistieron del proceso, la Fiscalía llevó el caso por todos los afectados.
Las pruebas evidenciaron daños psicológicos y lesiones corporales, pero lo que más impactó al Tribunal fueron los testimonios. El juicio contra Negrete, en marzo de 2016, duró dos días. Seis estudiantes hablaron por los 41. Cada palabra les devolvió la luz que perdieron con el silencio: “Me liberé, saqué todo lo que tenía guardado. No solo pensé en mí, sino en los compañeros a quienes no les creyeron”, dice una de las alumnas. “Quería verlo a los ojos para que supiera que ya no le tengo miedo”, agrega otra.
Los testimonios fueron concordantes y sirvieron para condenar a José Luis Negrete Arias a 16 años de prisión por abuso sexual colectivo y violación a una de las menores. Para el fiscal Eduardo Estrella, especialista en género, estos delitos son los más frecuentes en los centros educativos. Define el abuso como cualquier acto de carácter sexual, por ejemplo, mostrar o tocar alguna parte del cuerpo; mientras la violación implica la penetración parcial o total por vía oral, anal o vaginal.
Son incontables los esfuerzos que hacen los padres de familia para encontrar el lugar al que confiarán sus hijos. Ariadna Reyes, asesora del fiscal general, precisa que cuando los maestros rompen con el deber de cuidar a quienes están a su cargo, incurren en dolo. Por eso, la violencia sexual en el ámbito educativo es un delito de doble afectación.
Si la Fiscalía comprueba que el ex profesor de AAMPETRA violó a otra niña del grupo, podría permanecer encarcelado mínimo 24 años.
Esperar por la justicia
La casa de una de las familias se convirtió en refugio para quienes impulsan el caso AAMPETRA. En la pequeña sala, los alumnos contaron hace cinco años lo que sucedía. Juntos han aprendido a contenerse. En ese círculo de confianza, los padres comentan que no están satisfechos pero sí aliviados de que el agresor de sus hijos esté en la cárcel.
Buscar justicia no ha sido fácil. Padres y madres cambiaron de trabajo o cerraron los negocios para acompañar a sus hijos. Los trámites para encontrar nuevas escuelas, el tiempo invertido en las diligencias judiciales y el dinero para pagar las terapias psicológicas se suman al sufrimiento. Ellos continúan con sus vidas, a veces aferrándose a la fe. Algunos dicen haber perdonado, pero en los ojos de todos se asoma el dolor.
Negrete está preso, aunque los estudiantes sienten que todavía los mira desde el fondo del salón. Ahora, que son adolescentes, desconfían de los hombres y se estremecen cuando ven que alguien parecido al profesor se sube al bus en el que viajan.
Negrete destruyó su infancia. ¿Quién les devuelve su derecho a ser niños? ¿Cómo se recuperan los años de depresión y angustia de 41 familias?
Francisco Bonilla, director de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, explica que las sentencias incluyen tanto la pena como la garantía de reparación integral, para compensar material e inmaterialmente los daños y restablecer la dignidad de las víctimas. En el caso AAMPETRA, la fiscal Soria anticipa que es poco probable que el agresor indemnice a cada estudiante con 10 mil dólares, como se le ordena. Por eso, insiste en que la reparación simbólica es la única forma de resarcir en algo los perjuicios.
Hay historias que no deben repetirse. La sentencia que fue ratificada en todas sus partes por la Corte Provincial de Pichincha, obliga a la escuela AAMPETRA a convertir el aula donde ocurrieron los abusos en una sala de uso múltiple e impartir allí, cada año, charlas de prevención contra la violencia. Hay historias que no pueden olvidarse. La institución debe realizar un acto público para instalar una placa con la leyenda: “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”.
La placa sería un hito contra la violencia. El salón, un lugar para la verdad.
Los adolescentes y sus familias quieren cerrar con esta reparación simbólica la herida que la escuela no quiso ver. Esperan que ocurra antes del 1 de julio.
Reparar para sanar
Luis Naranjo Paredes, rector de AAMPETRA, es abogado e interpuso varios recursos legales para evitar el cumplimiento de las acciones de reparación simbólica. A pesar de que los hechos ocurrieron en una de las aulas de la escuela que dirige, Naranjo alega que, al no ser parte del proceso judicial, las medidas vulneran su derecho a la defensa y afectan el buen nombre de la institución.
La reparación no implica una sanción al establecimiento, aclara Jorge Fabara, coordinador general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación. Dice también que la placa conmemorativa está lista y que el Ministerio ha insistido en que la escuela acate la sentencia a través de varias comunicaciones.
El buen nombre no alcanza para esconder las heridas causadas a 41 alumnos. “La comunidad educativa tiene que conocer lo que sucedió y saber qué está haciendo la institución para que los abusos no se repitan”, enfatiza Celine Andrés, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir.
Los estudiantes han esperado más de dos mil días para que se reconozca que los hechos que cambiaron sus vidas ocurrieron en AAMPETRA. Sin embargo, el rector solicitó una Acción Especial de Protección que fue admitida por la Corte Constitucional del Ecuador, sin que esto implique una respuesta a su favor. Ni Naranjo ni su abogado atienden el teléfono para explicar por qué insisten en alargar la espera.
La fiscal Soria, que ha investigado al menos 20 casos de violencia sexual en centros educativos, recalcó durante la audiencia de estrados en la Corte que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de interés prioritario. Todas las autoridades e instituciones deben ajustar sus decisiones para aplicar el principio de interés superior, como establecen la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia.
La justicia no es un túnel sin salida. El plazo de un año para ejecutar la sentencia se vence en menos de 40 días. El tiempo es largo para quienes esperan y corto para quienes intentan incumplir. Bonilla plantea que AAMPETRA está usando las prácticas del viejo sistema judicial para dilatar los plazos, pero advierte que “generar incidentes es falta de lealtad procesal”.
Las medidas de reparación no son opcionales. Si el rector desacata la sentencia cometerá un delito penado con cárcel de uno a tres años. En ese caso, la Defensoría del Pueblo tendrá que intervenir para garantizar los derechos de los niños y niñas.
Un rector es la primera autoridad que los niños reconocen por fuera de su casa. Es quien vigila que las reglas y obligaciones se cumplan en la escuela. Pero Luis Naranjo Paredes, el rector de AAMPETRA, todavía no cumple con la suya.

viernes, 14 de julio de 2017

La escuela del mundo al revés

El título que precede es parte del libro de Eduardo Galeano “Patas arriba”. Como él mismo lo describe, nos encontramos con un modelo de sociedad y de escuela que se contradice con la lógica del respeto a los demás, y nos muestra una realidad inhumana, propia del decadente sistema capitalista.
Mientras el Ministro de Educación anuncia acciones para mejorar la calidad de la educación, por ejemplo, reformas al sistema de ingreso a la universidad y reapertura de escuelas unidocentes; el anterior Ministro y otros colaboradores del Presidente Correa, censuran estas intenciones. Será acaso como parodia Galeano, se estará planteando una reforma educativa al revés. Al revés también pareciera el dialogo que propone el Presidente Moreno, que en el campo educativo insiste en educar en y para la libertad, y sin embargo se mantiene la las políticas de reprensión propia de las dictaduras políticas, como la judicialización de la protesta social y la persecución a los dirigentes políticos y sociales que no se alinean al pensamiento oficial.
Los cambios educativos parecieran ser del mundo al revés del que habla Galeano, puesto que se dice que los estudiantes tendrán derecho a una formación integral, para ello se propone un bachillerato general unificado que reduce los aprendizajes a las destrezas con criterios de desempeño y un bachillerato internacional excluyente y ajeno a la realidad nacional, en los que se concibe a los estudiantes como “capital humano”, priorizando la dimensión de emprendimiento y lo económico, y no la condición de ser humano. Lo importante de este modelo al revés, es garantizar la dependencia y no la anunciada educación liberadora para alcanzar el buen vivir.
La escuela del mundo al revés habla de la inclusión pero en realidad es excluyente, ya que niega a los alumnos con capacidades diferentes el derecho a recibir educación y atención especial al no dotar de los profesionales para ello. Se habla del derecho a la diversidad y al reconocimiento de las diferencias, pero se impone una evaluación estandarizada a todos.
Creyendo que la escuela es el centro de atención, se construyen escuelas del milenio que dejan a los alumnos fuera con el cierre masivo de escuelas unidocentes en el sector rural e indígenas o alejándolos de sus lugares de origen. En el modelo revolucionario no es necesario estudiar para profesor, cualquiera puede serlo, es decir se desprofesionaliza al docente. Así el cambio y las soluciones no serán posibles.

viernes, 7 de julio de 2017

Que la astucia política no privilegie la impunidad.

La ética en términos sencillos no es otra cosa que, la evidencia de nuestro comportamiento respecto de determinados hechos que perturban a la colectividad, afectando los principios morales y sociales, e incluso a la propia vida, por lo que es un deber ético de todo ciudadano erradicar la corrupción que perjudica a nuestros pueblos.
Quizá sea más peligroso aún para la sociedad que, desde las instancias de las funciones públicas y otras de poder económico y político, se pretenda combatir la corrupción, imponiendo una cultura individualista e irrespetuosa de las instancias judiciales y de control, lo cual lejos de solucionar este malestar social, debilita las posibilidades reales de un verdadero dialogo ético.
Si bien la corrupción no es propiedad del gobierno actual, las recientes denuncias contra funcionarios públicos y su parentela, nos exigen repensar en el significado de la ética y su relación con la clase política, no porque todos sean corruptos, sino porque su indiferencia o porque la supuesta lealtad a su líder, los delata como cómplices y encubridores del chantaje y la corrupción.
En política y en cualquier relación con los demás, la solidaridad deja de ser un privilegio personal para convertirse en una exigencia social que debe verificarse entre las palabras y los hechos. La firmeza en la condenación de los eventos dolosos debe acompañarse de un juicio sin ofuscaciones afectivas, cualquier duda debe ser expuesta al interior del movimiento o partido. Si no hay tratamiento entonces es válida la denuncia abierta, allí serán juzgados todos los actos de los funcionarios con base a la conciencia pública, aquí no se podrá siquiera pensar, que criticar duramente los actos fraudulentos sea deslealtad, porque esta crítica es un deber de los ciudadanos y más aun de un revolucionario, porque ningún funcionario puede por sí considerarse infalible, al fin y al cabo son seres humanos y no seres angelicales.
Finalmente, no se puede aceptar, que en su defensa los presuntos involucrados aleguen que en política para la oposición lo único inmoral es perder. Tampoco podemos juzgar ciertas debilidades humanas en su vida privada, pero en el ámbito que concierne a la función pública, tiene que demostrarse un comportamiento apegado a un mínimo marco de referencia ético, en el que se tiene la obligación de rendir cuentas y de actuar con responsabilidad conforme a la exigencia Aristotélica, que sostiene que “no es aceptable que la astucia política privilegie la impunidad”.

viernes, 30 de junio de 2017

Fiscalizar, investigar y absolver, así no se vale

El ex presidente Rafael Correa faroleaba reiteradamente, que los culpables de la crisis política y económica en el Ecuador, no eran tanto las empresas transnacionales sino los medios de comunicación que las representaban, por la “mala fe y deshonestidad a la hora de informar.
Más de una vez, rechazó el dialogo incluso con quienes inicialmente contribuyeron a encumbrarlo, a envanecerlo en el poder. Negación que sostenía con eso de “prohibido olvidar” y el ego de que él ganaría cualquier elección. Ahora, que el Presidente Lenin Moreno, intenta llevar el mismo proyecto político pero con un estilo moderado, es el propio ex presidente, quien arremete en contra del anunciado dialogo. Quizá solo sea temeroso de que esas tertulias con las organizaciones políticas y populares, conlleve al derrumbamiento de la inexistente revolución ciudadana.
El solo anuncio de dialogar ya es un avance, lo que se logre o no, luego será evaluado, sobre todo a sabiendas de antemano que hay dos visiones enfrentadas durante diez años, las que hoy apuestan por el desarrollo, la democracia, la paz y la equidad. Así lo entienden los invitados. Así aspira sea las mayorías populares representadas en las organizaciones sociales que el correísmo desconoció.
El Presidente Moreno se muestra como un pedagogo del consenso, del dialogo, aunque no del debate. Sabe bien que las diferencias conllevan a futuros requerimientos y compromisos entre las partes. Mientras que las posturas arrogantes desembocan en exigencias unilaterales como eso de querer “fiscalizar, investigar, encubrir y absolver” el caso Odebrecht, eso termina imponiéndose al débil, a los sin poder.
Se ha empezado con el tema de las privaciones de la libertad por cuestiones de carácter político, por las protestas sociales. Es un buen punto. No se puede esperar todo de una vez. Poco a poco, entonces los pequeños consensos irán pariendo grandes acuerdos que efectivamente conduzcan a recuperar la patria para todos, a recuperar las libertades y el pleno ejercicio de deberes y derechos. El problema entonces será cuestión de paciencia, de saber esperar sin desmayar en el espíritu popular.
Finalmente, quizá sea necesario exigir prudencia a los revolucionarios fanáticos, que siendo parte del mismo gobierno, lo dejen gobernar ciñéndose a su lógica, a la lógica del dialogo, a la lógica de negociación social y no traten de imponer y colocar obstáculos inútiles. Por su parte, los trabajadores y la ciudadanía de pie, ha hecho ya su pronunciamiento de respaldo.

viernes, 23 de junio de 2017

El cuento la flexiseguridad.


Mientras los trabajadores ecuatorianos durante los últimos diez años, han manifestado su malestar por la violación y disminución de sus derechos laborales; el Ministro de Trabajo, lejos de orientar su política para proteger a la clase trabajadora y garantizar sus derechos, maquilla el término flexibilidad con “flexiseguridad”.
No es reciente que los empresarios y los gobiernos de turno, en su afán de justificar la supresión de plazas y los despidos masivos, reiteren el discurso de que la reducción de los derechos de los asalariados es el único medio para superar este mal y la crisis económica; ya que según ellos, los derechos laborales, serían la causa del desempleo y un obstáculo para las “exigencias de flexibilidad de las empresas”.
La embellecida frasecita “flexiseguridad”, exige que el trabajador se convierta en una mercancía adaptable a los requerimientos del imperante mercado capitalista, que en la práctica descarga sobre el obrero todos los riesgos económicos que deben asumir los empresarios, puesto que para ellos, disminuir la fuerza del trabajo es casi como desprenderse de sus trajes usados.
Se manifiesta que ya se han reunido con los trabajadores, -con cuáles-, para “socializar” con la misma práctica correísta, que la flexibilización del mercado de trabajo y precarización de las condiciones de trabajo, es decir, reducción de salarios, transiciones entre distintos empleos y no estabilidad en el puesto de trabajo, modificación de horarios, trabajo por horas y no en horario completo, contratos laborales temporales, periodos de prueba, pasantías de uno a tres meses; despidos con indemnizaciones mínimas y sin visto bueno, etc.
La “flexiseguridad” no es más que una expresión adornada de flexibilidad, de precarización, de transformación de la fuerza de trabajo en una mercancía, de reducción de los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, incluso eliminando la personería jurídica de estos, con la intención de desbaratar la estructura de la negociación colectiva e impedir el derecho a la resistencia que se expresa en la Constitución. Para ello, con anterioridad, se han emitido una serie de leyes, decretos y acuerdos que garantizan el Estado de Bienestar Capitalista.
Así se quiere imponer una herramienta que garantice las ganancias de los empresarios y no la seguridad de los trabajadores que con el cuento de la flexiseguridad desaparece, y en la práctica se flexibiliza la vida y se disminuyen las posibilidades de alcanzar un trabajo digno y el anhelado buen vivir.

viernes, 9 de junio de 2017

Movilización popular para sancionar la corrupción

Mientras la gran mayoría de los ecuatorianos, exigen al Gobierno acciones concretas para combatir la corrupción, éste, al estilo romano de “al pueblo, pan y circo”.
Conforma una Comisión Anticorrupción que luego denomina Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, un show para mantenernos distraídos del tema Odebrecht.
Un show, porque hasta el lunes pasado se obstruía toda propuesta tendiente a enfrentar y sancionar la corrupción. Se llegó incluso a sentenciar a los integrantes de la Comisión Anticorrupción formada por personajes de elevada solvencia ética y política, como el Doctor Julio César Trujillo, quienes se negaron a ser parte del show ya que, en su momento, realizaron una serie de investigaciones en diferentes esferas y no solamente en el caso Odebrecht, entre las que encontraron presuntas responsabilidades del ahora prófugo Contralor General del Estado.
Los medios informativos han dado a conocer la existencia de una larga lista de involucrados con fuero de Corte. Desde el oficialismo se canturrea que se investigará hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Sin embargo, el inesperado interés de la mayoría legislativa, por las averiguaciones del caso Odebrecht, sumado a la cercanía del fiscal Carlos Baca con el Gobierno, nos genera sospecha. Se sabe ya que el interés no es para respaldar la acción del Presidente Lenín Moreno, sino más bien, que su apuro de apoderarse de la lista de involucrados, es para manipularla y sancionar como se ha empezado, solamente a peces chicos, protegiendo el pellejo de Rafael Correa, Jorge Glass y otros altos burócratas que gozaban de impunidad oficial por afiliación o afinidad al partido verdeagüita.
El vicepresidente Jorge Glass ha mostrado su predisposición para acudir a la Asamblea Nacional a ofrecer sus opiniones como responsable de los sectores estratégicos, pero la Asambleísta María Carrión, presidenta de la comisión respectiva, ha negado esa posibilidad, pese a estar detenido su tío y otros allegados, alegando no haber evidencias suficientes que lo vinculen. A Carrión, cabe recordarle la cita maquiavélica: “el que no quiere detectar los males cuando brotan, dejando de lado lo que se debería hacer, inicia el camino de la complicidad”.
Hoy que el escándalo es público, la fanaticada correísta quiere aparecer como moralizadora. El juicio político al prófugo Contralor, es parte de la distracción mediática, él mismo ha dicho que no regresará. Por tanto, urge la movilización popular, para exigir se sancione a todos los responsables de la corrupción.

viernes, 2 de junio de 2017

Jubilados: De la esperanza a la nostalgia


El exministro de finanzas Patricio Rivera, argumentaba que debido a la drástica caída de los precios del petróleo, se tuvo que emitir bonos para pagar la compensación económica a los servidores públicos que accedían a la jubilación. 
El pasado mes de marzo, él mismo explicó, que se ha llegado a un acuerdo con la coordinadora nacional de maestros jubilados, para hasta el mes de abril cancelarles todo lo que se les adeuda, sin embargo, esto no sucedió, ni siquiera aquellos docentes con 70 años de edad o los jubilados con enfermedades catastróficas, terminales e invalidez, fueron atendidos.
El miércoles 31 de mayo, se conoció que la Ministra del Trabajo del gobierno anterior, el 22 de mayo emitió el acuerdo ministerial “No.: MDT-2017-0094, mediante el cual se manda al traste con la aspiración de miles de jubilados y de otros tantos que esperan jubilarse.
Quizá la nefasta noticia no sorprenda al magisterio y al sector público y de trabajadores, porque durante los 10 años del gobierno correísta, han sido vulnerados sus derechos y conquistas, todo este tiempo ha sido de ofrecimientos, que mañana, que pasado, y nada.
Varios son los y las docentes que han fallecido, llevándose consigo estos amargos recuerdos y el canto esperanzador de “En vida que me pagaran, de muertos ya para qué…”.
El acuerdo en mención, que entró en vigencia el 22 de mayo de 2017, expresa que el Estado no está obligado a pagar la compensación por jubilación a los servidores públicos que quieran salir voluntariamente, es decir a los menores de 70 años, que sin embargo, si hubiera disponibilidad de fondos, podrán acogerse a los beneficios de la jubilación del IESS.
El acuerdo establece dos transitorias paradójicas, una dice que por única ocasión, para el año 2017, los servidores con nombramiento permanente menores de 70 años, para acogerse a la medida, deberán remitir la solicitud y documentos habilitantes hasta el 22 de junio de 2017 a la Unidad de Administración de Talento Humano institucional. Mientras que la segunda, manda que gozaran del beneficio solo para las desvinculaciones realizadas antes de la suscripción del presente acuerdo.
Lo cierto es que los jubilados y trabajadores, están forjando la unidad y vigilantes de que el compromiso del nuevo Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, de “revisar el tema y encontrar una solución”, sea para recobrar la tranquilidad durante la última etapa de su vida.