Historia:
La herida oculta
El 1 de julio de 2017 vence el plazo para cumplir con la reparación material e inmaterial a 41 niños y niñas víctimas de abuso sexual en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA), un colegio privado del sur de Quito.
El aula de Sexto C se volvió oscura. El profesor José Luis Negrete Arias insistió en tapar las ventanas. Los padres de los 41 estudiantes compraron las cortinas para proteger a sus hijos del sol, sin saber que el peligro estaba adentro. Allí, durante once meses, el docente sin título universitario insultó, torturó y abusó sexualmente de todos los alumnos sin que nadie lo notara.
Negrete calculó el horror de cada día. Al cerrar la puerta del salón, el profesor obligaba al grupo a enfrentarse a golpes o con pistolas de balines. Dos niños vigilaban siempre por una rendija. Negrete forzaba a quienes asistían a sus clases a repetir escenas de las películas pornográficas que mostraba. Con sus manos gruesas desnudaba a las niñas, las tocaba y rayaba con un marcador sus partes íntimas. En esa aula, Negrete violó al menos a una de ellas.
Si los estudiantes se rehusaban a seguir sus órdenes eran azotados con un cable, castigados con un palo o quemados con un mechero en zonas poco visibles de sus cuerpos. Tenían entre 10 y 11 años. Y estaban seguros de que ese hombre de mirada perversa, que fingía hablar con sicarios durante las horas de clase, cumpliría la amenaza de matar a los padres e incendiar la casa del primero que hablara. Él sabía dónde vivían y les llamaba por teléfono si faltaban a clases.
Una de las estudiantes que testificó en el juicio, recuerda el salón como “una cárcel chiquita”. Durante el año lectivo 2010-2011, en medio de uno de los colegios más grandes del sur de la ciudad, los niños y niñas quedaron atrapados por la violencia de su profesor.
Todos, sin excepción, callaron y escondieron sus heridas.
La sombra de la violencia
El día de la captura, en septiembre de 2015, José Luis Negrete tenía barba, bigote y el cabello largo y rojizo. Engordó más y tenía un piercing en la ceja. No se parecía a la foto del quinto más buscado en Ecuador. Estuvo prófugo durante tres años, hasta que la policía lo encontró en una casa del barrio Solanda, a menos de cuatro kilómetros de AAMPETRA.
Mientras Negrete se escondía, los 41 estudiantes y sus padres lidiaron con las consecuencias de su abuso. La oscuridad del salón llegó hasta los hogares. Una de los 41 pintó su cuarto de negro, uno de los 41 no quería encender la luz, una de los 41 lloraba si pasaba cerca de la escuela, varios de los 41 intentaron suicidarse. Aunque hubo padres de familia que no denunciaron o desistieron del proceso, la Fiscalía llevó el caso por todos los afectados.
Las pruebas evidenciaron daños psicológicos y lesiones corporales, pero lo que más impactó al Tribunal fueron los testimonios. El juicio contra Negrete, en marzo de 2016, duró dos días. Seis estudiantes hablaron por los 41. Cada palabra les devolvió la luz que perdieron con el silencio: “Me liberé, saqué todo lo que tenía guardado. No solo pensé en mí, sino en los compañeros a quienes no les creyeron”, dice una de las alumnas. “Quería verlo a los ojos para que supiera que ya no le tengo miedo”, agrega otra.
Los testimonios fueron concordantes y sirvieron para condenar a José Luis Negrete Arias a 16 años de prisión por abuso sexual colectivo y violación a una de las menores. Para el fiscal Eduardo Estrella, especialista en género, estos delitos son los más frecuentes en los centros educativos. Define el abuso como cualquier acto de carácter sexual, por ejemplo, mostrar o tocar alguna parte del cuerpo; mientras la violación implica la penetración parcial o total por vía oral, anal o vaginal.
Son incontables los esfuerzos que hacen los padres de familia para encontrar el lugar al que confiarán sus hijos. Ariadna Reyes, asesora del fiscal general, precisa que cuando los maestros rompen con el deber de cuidar a quienes están a su cargo, incurren en dolo. Por eso, la violencia sexual en el ámbito educativo es un delito de doble afectación.
Si la Fiscalía comprueba que el ex profesor de AAMPETRA violó a otra niña del grupo, podría permanecer encarcelado mínimo 24 años.
Esperar por la justicia
La casa de una de las familias se convirtió en refugio para quienes impulsan el caso AAMPETRA. En la pequeña sala, los alumnos contaron hace cinco años lo que sucedía. Juntos han aprendido a contenerse. En ese círculo de confianza, los padres comentan que no están satisfechos pero sí aliviados de que el agresor de sus hijos esté en la cárcel.
Buscar justicia no ha sido fácil. Padres y madres cambiaron de trabajo o cerraron los negocios para acompañar a sus hijos. Los trámites para encontrar nuevas escuelas, el tiempo invertido en las diligencias judiciales y el dinero para pagar las terapias psicológicas se suman al sufrimiento. Ellos continúan con sus vidas, a veces aferrándose a la fe. Algunos dicen haber perdonado, pero en los ojos de todos se asoma el dolor.
Negrete está preso, aunque los estudiantes sienten que todavía los mira desde el fondo del salón. Ahora, que son adolescentes, desconfían de los hombres y se estremecen cuando ven que alguien parecido al profesor se sube al bus en el que viajan.
Negrete destruyó su infancia. ¿Quién les devuelve su derecho a ser niños? ¿Cómo se recuperan los años de depresión y angustia de 41 familias?
Francisco Bonilla, director de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, explica que las sentencias incluyen tanto la pena como la garantía de reparación integral, para compensar material e inmaterialmente los daños y restablecer la dignidad de las víctimas. En el caso AAMPETRA, la fiscal Soria anticipa que es poco probable que el agresor indemnice a cada estudiante con 10 mil dólares, como se le ordena. Por eso, insiste en que la reparación simbólica es la única forma de resarcir en algo los perjuicios.
Hay historias que no deben repetirse. La sentencia que fue ratificada en todas sus partes por la Corte Provincial de Pichincha, obliga a la escuela AAMPETRA a convertir el aula donde ocurrieron los abusos en una sala de uso múltiple e impartir allí, cada año, charlas de prevención contra la violencia. Hay historias que no pueden olvidarse. La institución debe realizar un acto público para instalar una placa con la leyenda: “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”.
La placa sería un hito contra la violencia. El salón, un lugar para la verdad.
Los adolescentes y sus familias quieren cerrar con esta reparación simbólica la herida que la escuela no quiso ver. Esperan que ocurra antes del 1 de julio.
Reparar para sanar
Luis Naranjo Paredes, rector de AAMPETRA, es abogado e interpuso varios recursos legales para evitar el cumplimiento de las acciones de reparación simbólica. A pesar de que los hechos ocurrieron en una de las aulas de la escuela que dirige, Naranjo alega que, al no ser parte del proceso judicial, las medidas vulneran su derecho a la defensa y afectan el buen nombre de la institución.
La reparación no implica una sanción al establecimiento, aclara Jorge Fabara, coordinador general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación. Dice también que la placa conmemorativa está lista y que el Ministerio ha insistido en que la escuela acate la sentencia a través de varias comunicaciones.
El buen nombre no alcanza para esconder las heridas causadas a 41 alumnos. “La comunidad educativa tiene que conocer lo que sucedió y saber qué está haciendo la institución para que los abusos no se repitan”, enfatiza Celine Andrés, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir.
Los estudiantes han esperado más de dos mil días para que se reconozca que los hechos que cambiaron sus vidas ocurrieron en AAMPETRA. Sin embargo, el rector solicitó una Acción Especial de Protección que fue admitida por la Corte Constitucional del Ecuador, sin que esto implique una respuesta a su favor. Ni Naranjo ni su abogado atienden el teléfono para explicar por qué insisten en alargar la espera.
La fiscal Soria, que ha investigado al menos 20 casos de violencia sexual en centros educativos, recalcó durante la audiencia de estrados en la Corte que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de interés prioritario. Todas las autoridades e instituciones deben ajustar sus decisiones para aplicar el principio de interés superior, como establecen la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia.
La justicia no es un túnel sin salida. El plazo de un año para ejecutar la sentencia se vence en menos de 40 días. El tiempo es largo para quienes esperan y corto para quienes intentan incumplir. Bonilla plantea que AAMPETRA está usando las prácticas del viejo sistema judicial para dilatar los plazos, pero advierte que “generar incidentes es falta de lealtad procesal”.
Las medidas de reparación no son opcionales. Si el rector desacata la sentencia cometerá un delito penado con cárcel de uno a tres años. En ese caso, la Defensoría del Pueblo tendrá que intervenir para garantizar los derechos de los niños y niñas.
Un rector es la primera autoridad que los niños reconocen por fuera de su casa. Es quien vigila que las reglas y obligaciones se cumplan en la escuela. Pero Luis Naranjo Paredes, el rector de AAMPETRA, todavía no cumple con la suya.
La herida oculta
Por Cristina Arboleda P. e Isabel González R.
El aula de Sexto C se volvió oscura. El profesor José Luis Negrete Arias insistió en tapar las ventanas. Los padres de los 41 estudiantes compraron las cortinas para proteger a sus hijos del sol, sin saber que el peligro estaba adentro. Allí, durante once meses, el docente sin título universitario insultó, torturó y abusó sexualmente de todos los alumnos sin que nadie lo notara.
Negrete calculó el horror de cada día. Al cerrar la puerta del salón, el profesor obligaba al grupo a enfrentarse a golpes o con pistolas de balines. Dos niños vigilaban siempre por una rendija. Negrete forzaba a quienes asistían a sus clases a repetir escenas de las películas pornográficas que mostraba. Con sus manos gruesas desnudaba a las niñas, las tocaba y rayaba con un marcador sus partes íntimas. En esa aula, Negrete violó al menos a una de ellas.
Si los estudiantes se rehusaban a seguir sus órdenes eran azotados con un cable, castigados con un palo o quemados con un mechero en zonas poco visibles de sus cuerpos. Tenían entre 10 y 11 años. Y estaban seguros de que ese hombre de mirada perversa, que fingía hablar con sicarios durante las horas de clase, cumpliría la amenaza de matar a los padres e incendiar la casa del primero que hablara. Él sabía dónde vivían y les llamaba por teléfono si faltaban a clases.
Una de las estudiantes que testificó en el juicio, recuerda el salón como “una cárcel chiquita”. Durante el año lectivo 2010-2011, en medio de uno de los colegios más grandes del sur de la ciudad, los niños y niñas quedaron atrapados por la violencia de su profesor.
Todos, sin excepción, callaron y escondieron sus heridas.
La sombra de la violencia
El día de la captura, en septiembre de 2015, José Luis Negrete tenía barba, bigote y el cabello largo y rojizo. Engordó más y tenía un piercing en la ceja. No se parecía a la foto del quinto más buscado en Ecuador. Estuvo prófugo durante tres años, hasta que la policía lo encontró en una casa del barrio Solanda, a menos de cuatro kilómetros de AAMPETRA.
Mientras Negrete se escondía, los 41 estudiantes y sus padres lidiaron con las consecuencias de su abuso. La oscuridad del salón llegó hasta los hogares. Una de los 41 pintó su cuarto de negro, uno de los 41 no quería encender la luz, una de los 41 lloraba si pasaba cerca de la escuela, varios de los 41 intentaron suicidarse. Aunque hubo padres de familia que no denunciaron o desistieron del proceso, la Fiscalía llevó el caso por todos los afectados.
Las pruebas evidenciaron daños psicológicos y lesiones corporales, pero lo que más impactó al Tribunal fueron los testimonios. El juicio contra Negrete, en marzo de 2016, duró dos días. Seis estudiantes hablaron por los 41. Cada palabra les devolvió la luz que perdieron con el silencio: “Me liberé, saqué todo lo que tenía guardado. No solo pensé en mí, sino en los compañeros a quienes no les creyeron”, dice una de las alumnas. “Quería verlo a los ojos para que supiera que ya no le tengo miedo”, agrega otra.
Los testimonios fueron concordantes y sirvieron para condenar a José Luis Negrete Arias a 16 años de prisión por abuso sexual colectivo y violación a una de las menores. Para el fiscal Eduardo Estrella, especialista en género, estos delitos son los más frecuentes en los centros educativos. Define el abuso como cualquier acto de carácter sexual, por ejemplo, mostrar o tocar alguna parte del cuerpo; mientras la violación implica la penetración parcial o total por vía oral, anal o vaginal.
Son incontables los esfuerzos que hacen los padres de familia para encontrar el lugar al que confiarán sus hijos. Ariadna Reyes, asesora del fiscal general, precisa que cuando los maestros rompen con el deber de cuidar a quienes están a su cargo, incurren en dolo. Por eso, la violencia sexual en el ámbito educativo es un delito de doble afectación.
Si la Fiscalía comprueba que el ex profesor de AAMPETRA violó a otra niña del grupo, podría permanecer encarcelado mínimo 24 años.
Esperar por la justicia
La casa de una de las familias se convirtió en refugio para quienes impulsan el caso AAMPETRA. En la pequeña sala, los alumnos contaron hace cinco años lo que sucedía. Juntos han aprendido a contenerse. En ese círculo de confianza, los padres comentan que no están satisfechos pero sí aliviados de que el agresor de sus hijos esté en la cárcel.
Buscar justicia no ha sido fácil. Padres y madres cambiaron de trabajo o cerraron los negocios para acompañar a sus hijos. Los trámites para encontrar nuevas escuelas, el tiempo invertido en las diligencias judiciales y el dinero para pagar las terapias psicológicas se suman al sufrimiento. Ellos continúan con sus vidas, a veces aferrándose a la fe. Algunos dicen haber perdonado, pero en los ojos de todos se asoma el dolor.
Negrete está preso, aunque los estudiantes sienten que todavía los mira desde el fondo del salón. Ahora, que son adolescentes, desconfían de los hombres y se estremecen cuando ven que alguien parecido al profesor se sube al bus en el que viajan.
Negrete destruyó su infancia. ¿Quién les devuelve su derecho a ser niños? ¿Cómo se recuperan los años de depresión y angustia de 41 familias?
Francisco Bonilla, director de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, explica que las sentencias incluyen tanto la pena como la garantía de reparación integral, para compensar material e inmaterialmente los daños y restablecer la dignidad de las víctimas. En el caso AAMPETRA, la fiscal Soria anticipa que es poco probable que el agresor indemnice a cada estudiante con 10 mil dólares, como se le ordena. Por eso, insiste en que la reparación simbólica es la única forma de resarcir en algo los perjuicios.
Hay historias que no deben repetirse. La sentencia que fue ratificada en todas sus partes por la Corte Provincial de Pichincha, obliga a la escuela AAMPETRA a convertir el aula donde ocurrieron los abusos en una sala de uso múltiple e impartir allí, cada año, charlas de prevención contra la violencia. Hay historias que no pueden olvidarse. La institución debe realizar un acto público para instalar una placa con la leyenda: “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”.
La placa sería un hito contra la violencia. El salón, un lugar para la verdad.
Los adolescentes y sus familias quieren cerrar con esta reparación simbólica la herida que la escuela no quiso ver. Esperan que ocurra antes del 1 de julio.
Reparar para sanar
Luis Naranjo Paredes, rector de AAMPETRA, es abogado e interpuso varios recursos legales para evitar el cumplimiento de las acciones de reparación simbólica. A pesar de que los hechos ocurrieron en una de las aulas de la escuela que dirige, Naranjo alega que, al no ser parte del proceso judicial, las medidas vulneran su derecho a la defensa y afectan el buen nombre de la institución.
La reparación no implica una sanción al establecimiento, aclara Jorge Fabara, coordinador general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación. Dice también que la placa conmemorativa está lista y que el Ministerio ha insistido en que la escuela acate la sentencia a través de varias comunicaciones.
El buen nombre no alcanza para esconder las heridas causadas a 41 alumnos. “La comunidad educativa tiene que conocer lo que sucedió y saber qué está haciendo la institución para que los abusos no se repitan”, enfatiza Celine Andrés, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir.
Los estudiantes han esperado más de dos mil días para que se reconozca que los hechos que cambiaron sus vidas ocurrieron en AAMPETRA. Sin embargo, el rector solicitó una Acción Especial de Protección que fue admitida por la Corte Constitucional del Ecuador, sin que esto implique una respuesta a su favor. Ni Naranjo ni su abogado atienden el teléfono para explicar por qué insisten en alargar la espera.
La fiscal Soria, que ha investigado al menos 20 casos de violencia sexual en centros educativos, recalcó durante la audiencia de estrados en la Corte que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de interés prioritario. Todas las autoridades e instituciones deben ajustar sus decisiones para aplicar el principio de interés superior, como establecen la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia.
La justicia no es un túnel sin salida. El plazo de un año para ejecutar la sentencia se vence en menos de 40 días. El tiempo es largo para quienes esperan y corto para quienes intentan incumplir. Bonilla plantea que AAMPETRA está usando las prácticas del viejo sistema judicial para dilatar los plazos, pero advierte que “generar incidentes es falta de lealtad procesal”.
Las medidas de reparación no son opcionales. Si el rector desacata la sentencia cometerá un delito penado con cárcel de uno a tres años. En ese caso, la Defensoría del Pueblo tendrá que intervenir para garantizar los derechos de los niños y niñas.
Un rector es la primera autoridad que los niños reconocen por fuera de su casa. Es quien vigila que las reglas y obligaciones se cumplan en la escuela. Pero Luis Naranjo Paredes, el rector de AAMPETRA, todavía no cumple con la suya.
