Dudo que queden quienes crean los argumentos con los que el gobierno intenta justificar la disminución del presupuesto en el sistema educativo. Es bastante obvio que no hay verdaderas intenciones de mejorar la calidad de la educación, tampoco es gratuito ni importan los miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han quedado fuera de las aulas, que de apoco aumentan la masa de la pobreza y están siendo fáciles presas de la delincuencia.
Mientras los centros escolares de educación básica, bachillerato y ciertos institutos particulares han terminado convirtiéndose en empresas multimillonarias. Comentarios no tan antojadizos revelan que los propietarios de estas instituciones para precautelar sus intereses, no han dudado en invertir parte de sus cuantiosas ganancias, financiando campañas locales y nacionales. Lo grave es que los cobros por matrículas y pensiones de varias de estos institutos no guardan la menor relación con los más mínimos estándares de calidad.
“La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla”, nos dice José Martí. De allí que es muy penoso y vergonzoso que entre los responsables de regentar y controlar a estas entidades haya ciertos defensores fanáticos de la desregulación, que en estos tiempos cuando la corrupción campea, presumo reciben coimas para autorizar el funcionamiento de “institutos de garaje” que casi se han convertido en minas de oro, y además afirmar torpezas como la de que “es preferible tener una mala educación que no tener ninguna”.
Ignoran la desesperación de miles de padres al ver que sus hijos no han logrado el cupo para la universidad pública, ante lo cual invierten esfuerzos y hasta los recursos económicos que no tienen para que sus hijos accedan a una educación superior. Es más penoso aún, que como lo expresa el investigador peruano Jorge Raúl Tobar: “estos institutos superiores, aunque cumplen con otorgar un título al final de las carreras, lo hacen formando profesionales mediocres, que a la hora de ingresar al mercado laboral descubrirán la triste verdad de que fueron estafados, y sus diplomas valen poco más que el cartón y la tinta”.
Alguien debe informar al presidente Noboa, que la crisis moral y de seguridad que vive el país, es un conflicto que no se va a solucionar con más policías y militares en las calles, sino con mayores cupos para el ingreso de los jóvenes a las universidades, y con más fuentes de trabajo, debe informarle, además que las llaves de las puertas hacia el desarrollo y futuro del Ecuador, dependen de un mayor presupuesto para la educación.
