Los últimos acontecimientos políticos del país, evidencian que las discrepancias en el movimiento gobernante, más que ideológicas son por intereses económicos para asegurar la perpetuación de sus adherentes en los cargos de la administración pública.
En efecto, los incondicionales seguidores del ex presidente Correa evidencian las fisuras dentro de la cúpula de alianza país, fisuras que se traducen en la revocatoria de funciones al vicepresidente Glass, en las acusaciones de traición y en los pedidos públicos de “fuera Moreno fuera” que se corean en las mismas puertas de Carondelet; y por otra, quienes se suman al llamado del actual mandatario al dialogo en aras de superar uno de los momentos más críticos de la política nacional, heredado por la ola de corrupción y por la incapacidad del anterior gobierno para resolverla.
Sin embargo, las respuestas frente a la crisis han sido ambiguas, y si bien ya no se responde con prepotencia, ahora se escudan en los errores pasados. Por ejemplo, ante los pedidos de revisión de las políticas en contra de la seguridad social hechas por los jubilados, y por la derogatoria de los decretos y acuerdos que desarticulan y disminuyen los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, el gobierno responde con medidas dóciles que en realidad sostienen el modelo neoliberal, la persecución y el autoritarismo del correísmo.
Si bien el llamado al dialogo es bien visto por la sociedad, en la práctica, con algunas organizaciones gremiales como la Unión Nacional de Educadores, no se demuestra ninguna voluntad para dialogar. Esto conduce, a pensar que no hay un verdadero interés de buscar alternativas frente a la crisis, y por el contrario, se cierran los espacios de participación ciudadana y se abren las posibilidades de encender la conflictividad social, más aún, cuando se reafirman las conversaciones con las organizaciones paralelas serviles a la inexistente revolución ciudadana.
Por lo que, los movimientos sociales, los trabajadores y los partidos políticos progresistas tienen la difícil tarea, desde sus trincheras tradicionales, las calles y plazas, de evitar que los neo revolucionarios y las clases dominantes responsables de la corrupción en el país, tengan cada vez más poder y más riqueza mientras los sectores populares son condenados a la pobreza.
Por cierto, no es suficiente decir que se dejará la prepotencia y la persecución, si la verdadera causa, el dogmatismo y fanatismo se mantiene en las entrañas de los poderes ejecutivo y legislativo.
En efecto, los incondicionales seguidores del ex presidente Correa evidencian las fisuras dentro de la cúpula de alianza país, fisuras que se traducen en la revocatoria de funciones al vicepresidente Glass, en las acusaciones de traición y en los pedidos públicos de “fuera Moreno fuera” que se corean en las mismas puertas de Carondelet; y por otra, quienes se suman al llamado del actual mandatario al dialogo en aras de superar uno de los momentos más críticos de la política nacional, heredado por la ola de corrupción y por la incapacidad del anterior gobierno para resolverla.
Sin embargo, las respuestas frente a la crisis han sido ambiguas, y si bien ya no se responde con prepotencia, ahora se escudan en los errores pasados. Por ejemplo, ante los pedidos de revisión de las políticas en contra de la seguridad social hechas por los jubilados, y por la derogatoria de los decretos y acuerdos que desarticulan y disminuyen los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, el gobierno responde con medidas dóciles que en realidad sostienen el modelo neoliberal, la persecución y el autoritarismo del correísmo.
Si bien el llamado al dialogo es bien visto por la sociedad, en la práctica, con algunas organizaciones gremiales como la Unión Nacional de Educadores, no se demuestra ninguna voluntad para dialogar. Esto conduce, a pensar que no hay un verdadero interés de buscar alternativas frente a la crisis, y por el contrario, se cierran los espacios de participación ciudadana y se abren las posibilidades de encender la conflictividad social, más aún, cuando se reafirman las conversaciones con las organizaciones paralelas serviles a la inexistente revolución ciudadana.
Por lo que, los movimientos sociales, los trabajadores y los partidos políticos progresistas tienen la difícil tarea, desde sus trincheras tradicionales, las calles y plazas, de evitar que los neo revolucionarios y las clases dominantes responsables de la corrupción en el país, tengan cada vez más poder y más riqueza mientras los sectores populares son condenados a la pobreza.
Por cierto, no es suficiente decir que se dejará la prepotencia y la persecución, si la verdadera causa, el dogmatismo y fanatismo se mantiene en las entrañas de los poderes ejecutivo y legislativo.
