El miércoles anterior se firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el estado Colombiano, el mismo que con seguridad será refrendado el próximo domingo. Sin embargo este no garantiza en realidad la paz social en Colombia; a lo sumo, y eso aspira la mayoría ciudadana, es que se pretende poner fin a un conflicto político insurgente que desangró al país durante más de cincuenta años.
La paz habrá que construirla en el día a día erradicando la pobreza de los sectores populares y excluidos, lo cual es válido no sólo para Colombia sino para todos los países donde la oligarquía local e internacional ha impuesto un modelo de permanente saqueo de los recursos naturales e injusticias sociales legalizadas.
Desde luego que el acuerdo de paz, posibilitará la consolidación de la unidad nacional que en medio de la diversidad política vienen impulsando los movimientos sociales, con la intención de restablecer los derechos no solamente de las víctimas sino de toda la sociedad, el imperio de la justicia y la plena vigencia de las garantías para la participación social, política y la democratización de la sociedad.
No se puede perder de vista, por tanto tener claro que el proyecto político y económico del Presidente Santos, es un modelo de especulación financiera que profundiza la desigualdad social en beneficio de los grandes monopolios nacionales y extranjeros, por tanto, el pueblo tendrá que seguir en su lucha popular y social para cambiar las condiciones de vida de las mayorías ciudadanas.
El enfrentamiento en Colombia, a diferencia de lo ocurrido en Centroamérica nunca significó realmente la posibilidad de una victoria militar de la guerrilla. La mayoría de la población, o fue obligada o se mantuvo ajena, sobre todo en los principales centros urbanos, donde por el contrario se verifico repetidamente actos ceñidos a los derechos fundamentales de las personas e instituciones.
En las más de cinco décadas de conflicto, la lucha armada tuvo lugar en el sector rural, en las montañas, donde las víctimas siempre fueron los campesinos, por lo cual la atención pública en realidad nunca fue de interés de las partes en conflicto, más bien lo convirtió en parte de la vida nacional, pero lejana y ajena a la mayoría.
Lo cierto es que, el pueblo colombiano estaba literalmente en la posición de no confiar en ninguna de las partes, porque tanto el Ejército Nacional como las FARC cometieron durante ese período violaciones a los Derechos Humanos.
