El Gobierno Nacional del Ecuador reconoció
que desde el año 2011 aspiraba despojar a la CONAIE del edificio que les fue
entregado en comodato luego de la histórica jornada de inicios de los noventas,
en la que la organización indígena tuvo una destacada y valiente participación
socio político que inicio el camino para devolverle la dignidad a los pueblos
postergados por los gobiernos de turno entregados al capital extranjero. Sin
embargo, ahora se argumenta de manera humillante y displicente que la CONAIE y
su edificio han sido utilizados con fines políticos.
El distanciamiento de las organizaciones políticas y sociales que apoyaron la revolución ciudadana se debe a que la dirigencia “revolucionaria” se alejó del proyecto originario respaldándose en la persecución e intimidación social a quienes no se uniforman del pensamiento oficial, a quienes ejerciendo el derecho constitucional de la protesta social, buscan construir un país de consensos que respete y defienda los derechos de los ciudadanos.
Enrique
Ayala Mora expresa que en cualquier país del mundo. “Un gobierno de izquierda
no intenta destruir las organizaciones sociales ni al pueblo organizado,
agrediendo o dividiendo a los sindicatos, a las organizaciones gremiales,
indígenas o movimientos sociales… que son los regímenes autoritarios, quienes
lo hacen”
Efectivamente
sólo en los regímenes dictatoriales, de forma antojadiza y unilateral se dividen
o crean estructuras sociales paralelas y a la par se derogan, disminuyen o
avasallan los derechos a la organización y a la libre expresión política.
Dirigentes
populares y políticos tienen plena conciencia de sus acciones al denunciar como
en este gobierno se ha “configurado y fortalecido el modelo económico y
político capitalista”. Saben también que la cárcel, persecución o quitarles su
casa, son sólo maniobras insolentes y contrarias a los principios democráticos
e inaceptables en un gobierno que hacia
fuera se muestra como de izquierda, mientras hacia dentro, si bien se
ejecutan obras al puro estilo populista, a la par se ejercen políticas
equivocadas que constantemente perjudican a todos los sectores sociales de
nuestro país.
Ambas
situaciones se encuentran relacionadas y evidencian claramente un hostigamiento
y persecución sistemática a los luchadores populares y organizaciones de los
pueblos que son partícipes del actual movimiento social por la defensa de la
soberanía nacional y la construcción de la patria nueva.
