Muy
a pesar de que el actual gobierno va ya por su octavo año, en el Ecuador hemos
podido constatar que la práctica de la política es asunto pendular de
corto plazo. Los partidos políticos o movimientos, valga decir los grupos que han
accedido al poder, han volcado sus acciones a resolver lo inmediato como una
exigencia basada en el clientelismo y no como las políticas que ellos mismos se
plantearon en los planes de gobierno ofertados en campaña.
Luego de la última dictadura militar, las políticas
públicas de los gobiernos de turno, no han sido suficientes para solucionar los
graves problemas sociales como el desempleo, educación, salud, migración,
violencia, narcotráfico, etc.; por el contrario, han fortalecido el sistema de
dependencia que favorece a los “herederos del poder”, mientras la mayoría ve
postergadas sus esperanzas de alcanzar el anhelado buen vivir, esperanzas que
son ocultadas por una revolución discursiva.
Nuestros líderes y lideresas políticas deben tener
claro que para buscar las alternativas de solución a los problemas sociales, es
necesario evaluar la naturaleza y las características particulares de la
situación concreta, y luego si establecer, las políticas públicas que se cree
solucionarán o que podrían ayudar a mitigar los problemas. Pero sobre todo,
deben mantener una comunicación clara, sencilla, permanente y motivar la participación ciudadana en el proceso de
construcción de las políticas públicas.
La participación ciudadana debe recuperar la parte
pública de la política y permitir que nuestra democracia no sea solo en las
urnas, sino una democracia participativa pero ante todo propositiva que
contribuya a mejorar el desempeño de los representantes políticos para que
optimicen las soluciones a los problemas sociales que en definitiva son
problemas públicos.
El establecimiento de las políticas públicas no debe
concebirse como una tarea aislada, sino una herramienta consensuada para
solucionar problemas. El verdadero valor
y efecto de la política pública está en la socialización de la misma. Claro,
para ello hay que trabajar por un Estado que garantice nuestros derechos
políticos y sociales.
