Participación política por el futuro del país

Las elecciones en Chile, representan una oportunidad para retomar los procesos de una integración regional soberana que supere las imposiciones del FMI y el BM., a fin de tratar problemas como la corrupción institucionaliza, el respeto a los derechos humanos, la eliminación de desigualdades e inequidades, el combate a la pobreza y la pandemia, entre otros. Los gobernantes deben llegar a establecer “políticas públicas y sociales, más inclusivas y más universales” que superen acuerdos coyunturales, a fin de que se realicen las transformaciones más urgentes que requieren nuestros pueblos para caminar hacia una patria justa y solidaria.

“Mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde camine el hombre libre para construir una sociedad mejor” pronunciaba Salvador Allende pocas horas antes de ser asesinado por la dictadura pinochetista servil a la oligarquía criolla e internacional. Ahora, Gabriel Boric, presidente electo de Chile, en su primer discurso dice sentirse “heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes, desde diferentes posiciones, han buscado incansablemente la justicia social, la ampliación de la democracia, la defensa de los Derechos Humanos, la protección de las libertades”.

Por cierto, ya se escuchan voces pitonisas de los sectores empresariales que temen perder sus privilegios y que junto a la derecha pinochetista no descansarán en hostigar el proceso de cambio que se avecina, como es la ampliación de la gratuidad en la educación y del sistema público de salud, de mejorar la seguridad social, de realizar una reforma tributaria para que sea el Estado y los sectores que amasan grandes fortunas los que financien estos cambios, cambios que no son otra cosa, que las demandas por las que el pueblo chileno salió a las calles en octubre de 2019, adelantando la derrota neoliberal representada por el neofascista José Antonio Kast.

Además, los resultados de las elecciones en Chile, representan una oportunidad para que los ecuatorianos reflexiones sobre nuestro rol en la construcción de mejores días para todo el pueblo. Recordemos que el populismo vigente más de medio siglo en el Ecuador y ahondado con el correato hasta la actualidad, ha servido de anzuelo para aprovecharse de la esperanza ciudadana, resultando en una suerte de embuste politiquero, pues ellos, al igual que la burguesía no quieren que los sectores populares hagan política mientras ellos hacen la suya a su gusto y medida. Esto va en contra de los intereses populares, porque luego se transforman en la impotencia para dejar de ser objetos políticos y convertirnos en sujetos políticos capaces de entender que al final con el voto, no es posible cambiar nada. Tenemos que participar políticamente, no podemos dejar el futuro de nuestros hijos y del país a merced de los poderosos.

Las calumnias del Presidente Lasso contra Leónidas Iza, muestran la incapacidad del régimen para solucionar los problemas del país; así como el temor del gobierno a un pueblo que se moviliza en torno a las reivindicaciones construidas colectivamente para cambiar la realidad y construir la patria nueva.

Debate de alternativas para superar la crisis del país

En 1948 la ONU como parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expuso que "toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por otros medios de protección social". Declaración que desconocen empresarios y banqueros, quienes a más de que durante la pandemia incrementaron las ganancias en alrededor de 400 millones de dólares, hoy se aprestan a rifarse las empresas públicas empezando por la compra del Banco del Pacifico. En suma, el sistema los enriquece cada día más.

La fijación del salario básico ha resultado un problema para los gobiernos de turno. En esta oportunidad, casi de manera sorprendente el presidente Guillermo Lasso anunció para el 2022, un alza salarial de veinte cinco dólares. Aumento, que no es más que un mínimo paliativo a la crisis caótica que viven los trabajadores, porqué un drama aparte viven la mayoría de ecuatorianos que no tienen un trabajo remunerado. El sector patronal, obviamente no está de acuerdo, ellos apoyaban un incremento irrisorio de tres a cinco dólares, argumentando que no se podrán generar más fuentes de trabajo y que se causaría la quiebra de sus empresas por la disminución de competitividad.

A lo largo de la historia ha sido necesaria la organización de los trabajadores para evitar el deterioro de las condiciones laborales, entendiendo que el trabajo como tal es un factor esencial dentro de la vida del país, por lo tanto, no debería manejarse solo por el empleador. De esta manera, más allá del anuncio de campaña, el alza salarial ha sido fruto de la movilización de los trabajadores agrupados en el FUT demandando del gobierno este aumento salarial que sigue siendo injusto. Aunque el ministro de trabajo insolentemente diga que incluso alcanza para ahorrar, ni siquiera cubre las necesidades básicas. El Gobierno y la Asamblea Nacional deben tomar las medidas políticas para evitar mayor inflación y aumento de los precios de los productos de consumo básico.

La derecha empresarial muestra, entre comillas, cierta inconformidad con el Presidente Lasso, sumado a esto, la pauperización de las condiciones de vida y la perdida de trabajo de las mayorías populares, se intensifica el desconcierto y la pérdida de credibilidad del gobierno. De allí que es necesario, apoyar la reactivación económica, pero sin descuidar las pretensiones de la burguesía, que exige la aprobación de reformas laborales que quitan derechos sociales. Así, ellos garantizarán sus capitales y ganancias a costa de trasladar el peso de la crisis sobre los hombros de los pobres.

Finalmente, para enfrentar el proyecto neoliberal del gobierno del desencuentro, el próximo año el FUT y la CONAIE han anunciado movilizaciones, las mismas que dependerán de la propia capacidad de convocatoria a sus bases y a otros sectores sociales, a fin de debatir propuestas y alternativas para superar la crisis general que se vive en el país.

Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto

 

Durante la formación docente, un concepto básico fue que la didáctica es la disciplina que se enfoca a orientar al docente en el proceso de enseñanza y, una de las recomendaciones recurrentes que se hacían para que surja el aprendizaje era acerca de la importancia y necesidad de aprender a guardar silencio y escuchar activamente para lograr alcanzar un adecuado desarrollo cognitivo. Pero que paradójico y nefasto resulta cuando la sociedad y en especial ciertos docentes, lo hayan asimilado como sinónimo de callar, quizá por temor o por simple conformismo.

Los gobiernos a lo largo de nuestra historia, han acudido a amordazar las protestas sociales. Rafael Correa disfrazado de izquierdista, criminalizó y judicializó la protesta social, con el propósito de castigar el descontento popular y la protesta pública de los sectores de la izquierda, del movimiento indígena, de trabajadores, del magisterio, de estudiantes, entre otros. Ejemplos sobran; el “Caso Dayuma” en la provincia de Orellana; el “Caso Victoria del Portete” en la provincia del Azuay; la protesta por la Ley de Aguas en Morona Santiago, donde se asesinó al profesor Bosco Wisuma; el encarcelamiento de Marcelo Rivera, presidente de la FEUE; la persecución a Mery Zamora, presidenta de la UNE; etc., etc.

Es preciso recordar que el Derecho a la Resistencia está consagrado en la Constitución en su Artículo 98, el cual estipula que: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público de personas naturales/jurídicas que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales…” El problema surge cuando los ciudadanos abandonamos este derecho, el derecho a exigir el anhelado buen vivir, lo cual no es otra cosa sino la muerte de la soberanía y la complicidad para que desde el gobierno la burguesía se rife la patria. Aún más grave es, que una buena parte de maestros y maestras tengan miedo de alzar su voz para exigir la vigencia de la LOEI en la que se contemplan derechos como la equiparación salarial, permanecer callados no es otra cosa que la muerte del cerebro social sin el cual un país no puede avanzar.

Reconozco que, en las últimas movilizaciones, me refiero a la ciudad de Loja, haya poca presencia de maestras y maestros. Me pregunto: ¿Por qué dejan que el miedo los paralice si sus derechos son vulnerados? ¿Es el miedo a ser despedidos? “Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto” nos dice Mercedes Sosa. Compañeros, si callamos en la defensa de nuestros derechos, qué podemos enseñar a nuestros estudiantes.  ¡Acaso que para sobrevivir hay que callar! No vaya a ser, que de tanto callar, adquiramos una “parálisis de la lengua y el cerebro”.

No compañeros, no guardemos silencio, organicemos a los padres y madres de familia y a los sectores populares, para juntos combatir la doble moral del gobierno, Alcemos la voz exigiendo que los dineros fiscales se inviertan en educación, salud; en el bienestar de todo el pueblo.

Gobierno se resguarda en la pandemia del Covid19

Que los grandes medios de comunicación repitan la gran mentira de que en Estados Unidos se vive una auténtica democracia, no sorprende a nadie. Pero que en nuestras escuelas algunos docentes afirmen lo mismo es un absurdo. Si aceptamos el significado burgués de democracia, entendemos que esta es, “el gobierno del pueblo y para el pueblo, y en Estados Unidos quienes gobiernan son las corporaciones transnacionales, cuyo Dios es la avaricia y el capital carente de subjetividades y emociones humanas. Si el pueblo sufre explotación, vive en la miseria o muere de hambre a causa de la corrupción, los capitalistas no sienten ni les importa nada.

Una muestra de aquello, es la “Ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia covid-19” que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, gracias a la incapacidad e inoperancia de los asambleístas que se dejaron meter el dedo por la alianza entre la corrupción y la banca. El hecho real es que, la nueva ley incrementa los impuestos afectando principalmente a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano. Deja, además la puerta abierta para que los capitales ecuatorianos vayan a los paraísos fiscales y para que los evasores de impuestos no sean controlados por el Estado. Pero lo más grave, el presidente Lasso, con esta ley al igual que Correa y Moreno, perdona más de dos mil millones de dólares a la banca y a los grandes grupos económicos por concepto de multas, intereses y recargos que no pagan al Estado.

Las políticas que imponen las transnacionales y la burguesía criolla a través de los gobiernos de turno, están orientadas para privar o encarecer los servicios básicos de los sectores populares y medios, mientras ellos desde Carondelet y la Asamblea Nacional siguen haciéndose aun de más beneficios. La alianza entre Correa y Lasso evidencia que los pseudo revolucionarios se sacaron el disfraz de izquierda. Esta alianza y la nueva ley tributaria explica que, necesitamos un cambio del carácter político del gobierno, que las políticas públicas deben implementarse desde las organizaciones populares y no desde el gobierno, que la gente tiene que ser protagonista de la solución a los problemas sociales y de la defensa de sus derechos.

Parafraseando la historia, Nerón puso fuego en Roma, Los Reyes de España aniquilaron a millones de indígenas en América, Hitler incendio Europa, Trump profundizó las guerras e invasiones en el mundo, Correa criminalizó la protesta social, y ahora Lasso legaliza la desigualdad social que crece cada día en nuestro país. El gobierno, sigue resguardándose en la pandemia del Covid19, descargando el peso de la crisis sobre los ciudadanos menos favorecidos. Estos seis meses de gestión han sido de permanente movilización de sectores como la UNE, servidores sanitarios, jubilados, campesinos, indígenas y, recientemente todo el sector educativo que salió a exigir del gobierno mayor presupuesto para la educación y salud.

Finalmente, corresponde a todos, sobre todo a la izquierda, sistematizar y encabezar la unidad, organización y la lucha social de los trabajadores y el pueblo, como único camino hacia la construcción de la patria nueva.

¡Acaso transitamos silenciosamente hacia la pandemia de la pobreza!

Para la CEPAL la pandemia de COVID-19 “ya no es una emergencia, sino una crisis prolongada que requiere de acciones en el corto plazo, cuya recuperación depende en gran parte de la regularización de las actividades escolares”. Ello implica el regreso inmediato de los estudiantes a las escuelas. La Unión Nacional de Educadores ha mostrado su predisposición para ello, pues se considera que la no presencialidad y los cierres de las escuelas perjudican más a la educación fiscal y aún más, a los estudiantes de los sectores populares. Pero para ello, se necesita mayor inversión en educación para poder romper los ciclos de pobreza y desigualdad.

Es incomprensible que, mientras la ministra de educación exprese que se necesitan 650 millones para la reconstrucción de la infraestructura escolar, el presidente Lasso disponga la disminución de 1000 millones de dólares del presupuesto para el año 2022. De esto, 500 millones de dólares son precisamente para mejorar la infraestructura necesaria para el regreso obligatorio a clases y; de otros 500 millones de dólares del gasto corriente, eso explica la eliminación de 7.000 docentes contratados y otros separados por la pandemia, afectando a sus familias y a la niñez y juventud. Recorte que además dejaría en el corto plazo sin uniformes, sin libros ni alimentación a los estudiantes. A esto hay que sumar, que el último paquetazo entre la alianza Lasso-Correa, perdona más de 2.000 millones dólares a los grandes empresarios por moras al SRI.

Luego de veinte meses desde el cierre inicial de las escuelas por la pandemia, el ministerio de educación no ha resuelto el tema de la infraestructura, y no se diga que ellos están recién seis meses, porque la burocracia incluida la ministra Brown viene desde el correato. Cuanto más tiempo se tarde esta tarea, pondremos a los estudiantes, especialmente a los más pobres, a unos en riesgo por no brindarles las seguridades biosanitarias -muchos planteles no cuentan con servicios básicos como agua, servicios higiénicos-, mientras que, a otros se dejará fuera de las aulas. Consecuentemente, el regreso obligatorio a clases no está siendo priorizado por el gobierno del desencuentro si no se destina el presupuesto para la educación y salud conforme al PIB.

Cabe recordarle al gobierno burgués que las escuelas cumplen un papel que va más allá de lo académico, del desarrollo de las capacidades operativas, intelectuales y de comportamiento ético. La escuela tiene como función básica la reconstrucción del tejido social roto por la pandemia y por el débil sistema de protección social. Para el gobierno, la educación no es primordial en la agenda de su política pública, situación que aumenta la brecha de exclusión y las condiciones de inequidad ya existentes antes de la crisis del COVID-19.

La Unión Nacional de Educadores, considera que el regreso a las escuelas es muy importante, especialmente para los sectores menos favorecidos, porque también cumple un rol de socialización que protege a los niños y jóvenes de lacras como la violencia y la delincuencia. Por eso, para evitar que transitemos silenciosamente hacia la pandemia de la pobreza, exigimos del presidente Lasso financiar la educación conforme a la Constitución.

La violencia desenfrenada, también se vive fuera de las cárceles

El “gobierno del desencuentro”, lejos de buscar solucionar los problemas sociales de la gente, en especial, los problemas carcelarios, sigue culpando a los gobiernos anteriores, haciendo oídos sordos a los reclamos de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Francisco Huerta Montalvo, otrora político liberal, ahora vocero del oficialismo, dice que la última masacre en la penitenciaría, “refleja una intencionalidad política de crear el caos en el Ecuador, para dar al traste con el gobierno…”. Razonamiento que, han hecho propio varios analistas, pero lo que no hacen propio, es que efectivamente el tema carcelario es político, que como tal, se le fue del control al gobierno cómplice de los potentados económicos que en un santiamén se enriquecen favorecidos por el silencio de fiscales y jueces, que ya sea por temor o por confabulación, tapan los hechos dolosos de estos enemigos del pueblo.

Que el tema carcelario es político, claro que lo es. Pero el gobierno actual aceptó y cedió el control carcelario a las bandas criminales y del narcotráfico. Eso explica, porque las autoridades carcelarias no actuaron, pese a que los presos a través de las redes sociales, con más de cuatro horas de anterioridad denunciaban y pedían auxilio a lo que posteriormente se convirtió en un exterminio; y digo las autoridades carcelarias, porque en el momento mismo en que se masacraba a más de medio centenar de presos en la penitenciaria, el presidente Guillermo Lasso, estaba de farra, rifándose la patria con la diplomacia de la embajada de EE-UU.

El gobierno y el Poder Judicial tienen al país escandalizado por la serie de hechos brutales dentro y fuera de las cárceles. Ante los errores y la indolencia del gobierno y la burguesía a los problemas carcelarios de toda la vida, el pueblo exige del presidente Guillermo Lasso, la salida de la Ministra de Gobierno, de la Comandante de Policía, de las autoridades carcelarias y de todos sus “adulones”, por cuya incapacidad, las bandas delincuenciales durante la última masacre en la penitenciaria, asesinaron a un luchador popular, a un defensor de la tierra y del agua, al compañero Víctor Enrique Guaillas, a quien Lenin Moreno y Paula Romo, acusaron de sabotaje por su participación en el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019.

Entonces, en un ejercicio de conciencia social, de compromiso popular, debemos preguntarnos: ¿quiénes se benefician de la crisis carcelaria? Tras respondernos y entenderlo, no podemos callar ante la inoperancia y la entrega del gobierno del presidente Lasso, a la banca internacional.

No podemos callar ante la desvergüenza del gobierno, para favorecer a los evasores de impuestos a costa de disminuir en la proforma presupuestaria, los montos para la salud, la educación y la seguridad social.

No podemos callar ante la desfachatez de calificar a las masacres dentro de las cárceles, como “actos terroristas”. ¿Qué le pasa señor Presidente?, ¡Acaso nos cree tontos! ¡Una vez más saldremos a las calles!

Quizá no nos arrepintamos de haber permitido la consolidación de la corrupción

Maliciosamente se construyen las grandes avenidas de las maquinaciones, obligando a los sectores populares a caminar sin solidaridad, indiferentes a la igualdad de derechos, renuentes a la participación política, ajenos a los problemas nacionales y a las decisiones que afectan a la sociedad, por tanto, apartados de la lucha por el tan anhelado buen vivir. Así, solamente interesados en el pan de cada día, sin darnos cuenta, sin oposición alguna, nos han hecho parte de un sistema maléfico cuyos efectos sociales, económicos y políticos, benefician a los más ricos en menoscabo de los millones de pobres.

Al igual que en los países menos desarrollados, en el Ecuador domina el capitalismo global regentado por la oligarquía, donde la concentración de la riqueza es signo de los atracos y de la corrupción a los dineros de todo el pueblo; es el resultado de la imposición de un proyecto político y económico basado en la marginación ciudadana y en la falta de valores morales y humanos que, al final aumentan el empobrecimiento de la clase trabajadora y la exclusión de las mujeres y la juventud de los escenarios políticos.

El presidente Lasso, en el afán de librarse de las investigaciones sobre el caso “pandora papers”, ha iniciado un dialogo con quienes le garantizarán a él y su grupo de involucrados que sigan mintiendo, que sigan evadiendo, que sigan delinquiendo, que sigan cometiendo perjurio a la Constitución y al pueblo ecuatoriano. Mientras que el dialogo con el “Parlamento de los Pueblos”, encabezado esta vez por Leonardo Iza, en la práctica no dio resultados claros. Sobre la propuesta principal, referida a la congelación del precio de los combustibles al mes de junio, solamente se dio largas a la ya adelantada negativa del gobierno del desencuentro, por lo que, la continuación de las mesas de dialogo está en riesgo y la movilización nacional por esa y otras exigencias sigue vigente.

 Los sectores populares y de izquierda, en el afán de buscar respuestas a la necesidad de construir un país equitativo y solidario que nos lleve por los caminos del progreso, enfrentan a las cadenas informativas internacionales y locales que se hacen eco de los calificativos despectivos que el gobierno y los grandes empresarios vociferan sin reparo contra los lideres sociales. Sin embargo, hay que reconocer que, en esa dinámica de defensa de nuestra soberanía, hemos ido perdiendo espacios y voces, precisamente porque estos medios de comunicación reproductores del discurso oficial y del poder económico privan a los pueblos de la verdadera información y participación ciudadana.

Finalmente, no podemos seguir callados ni obedientes a los opresores, no podemos quedarnos paralizados esperando a que otros nos defiendan y nos saquen de la pobreza. Es hora de actuar, porque quizá mañana, nos arrepentiremos por no haber reaccionado a tiempo, por haber permitido la consolidación de estructuras politiqueras como el gobierno del encuentro, que cobija la impunidad contra la corrupción y fomenta la pobreza.