Para la CEPAL la pandemia de COVID-19 “ya no es una emergencia, sino una crisis prolongada que requiere de acciones en el corto plazo, cuya recuperación depende en gran parte de la regularización de las actividades escolares”. Ello implica el regreso inmediato de los estudiantes a las escuelas. La Unión Nacional de Educadores ha mostrado su predisposición para ello, pues se considera que la no presencialidad y los cierres de las escuelas perjudican más a la educación fiscal y aún más, a los estudiantes de los sectores populares. Pero para ello, se necesita mayor inversión en educación para poder romper los ciclos de pobreza y desigualdad.
Es incomprensible que, mientras la ministra de educación exprese que se necesitan 650 millones para la reconstrucción de la infraestructura escolar, el presidente Lasso disponga la disminución de 1000 millones de dólares del presupuesto para el año 2022. De esto, 500 millones de dólares son precisamente para mejorar la infraestructura necesaria para el regreso obligatorio a clases y; de otros 500 millones de dólares del gasto corriente, eso explica la eliminación de 7.000 docentes contratados y otros separados por la pandemia, afectando a sus familias y a la niñez y juventud. Recorte que además dejaría en el corto plazo sin uniformes, sin libros ni alimentación a los estudiantes. A esto hay que sumar, que el último paquetazo entre la alianza Lasso-Correa, perdona más de 2.000 millones dólares a los grandes empresarios por moras al SRI.
Luego de veinte meses desde el cierre inicial de las escuelas por la pandemia, el ministerio de educación no ha resuelto el tema de la infraestructura, y no se diga que ellos están recién seis meses, porque la burocracia incluida la ministra Brown viene desde el correato. Cuanto más tiempo se tarde esta tarea, pondremos a los estudiantes, especialmente a los más pobres, a unos en riesgo por no brindarles las seguridades biosanitarias -muchos planteles no cuentan con servicios básicos como agua, servicios higiénicos-, mientras que, a otros se dejará fuera de las aulas. Consecuentemente, el regreso obligatorio a clases no está siendo priorizado por el gobierno del desencuentro si no se destina el presupuesto para la educación y salud conforme al PIB.
Cabe recordarle al gobierno burgués que las escuelas cumplen un papel que va más allá de lo académico, del desarrollo de las capacidades operativas, intelectuales y de comportamiento ético. La escuela tiene como función básica la reconstrucción del tejido social roto por la pandemia y por el débil sistema de protección social. Para el gobierno, la educación no es primordial en la agenda de su política pública, situación que aumenta la brecha de exclusión y las condiciones de inequidad ya existentes antes de la crisis del COVID-19.
La Unión Nacional de Educadores, considera que el regreso a las escuelas es muy importante, especialmente para los sectores menos favorecidos, porque también cumple un rol de socialización que protege a los niños y jóvenes de lacras como la violencia y la delincuencia. Por eso, para evitar que transitemos silenciosamente hacia la pandemia de la pobreza, exigimos del presidente Lasso financiar la educación conforme a la Constitución.
