El “gobierno del desencuentro”, lejos de buscar solucionar los problemas sociales de la gente, en especial, los problemas carcelarios, sigue culpando a los gobiernos anteriores, haciendo oídos sordos a los reclamos de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Francisco Huerta Montalvo, otrora político liberal, ahora vocero del oficialismo, dice que la última masacre en la penitenciaría, “refleja una intencionalidad política de crear el caos en el Ecuador, para dar al traste con el gobierno…”. Razonamiento que, han hecho propio varios analistas, pero lo que no hacen propio, es que efectivamente el tema carcelario es político, que como tal, se le fue del control al gobierno cómplice de los potentados económicos que en un santiamén se enriquecen favorecidos por el silencio de fiscales y jueces, que ya sea por temor o por confabulación, tapan los hechos dolosos de estos enemigos del pueblo.
Que el tema carcelario es político, claro que lo es. Pero el gobierno actual aceptó y cedió el control carcelario a las bandas criminales y del narcotráfico. Eso explica, porque las autoridades carcelarias no actuaron, pese a que los presos a través de las redes sociales, con más de cuatro horas de anterioridad denunciaban y pedían auxilio a lo que posteriormente se convirtió en un exterminio; y digo las autoridades carcelarias, porque en el momento mismo en que se masacraba a más de medio centenar de presos en la penitenciaria, el presidente Guillermo Lasso, estaba de farra, rifándose la patria con la diplomacia de la embajada de EE-UU.
El gobierno y el Poder Judicial tienen al país escandalizado por la serie de hechos brutales dentro y fuera de las cárceles. Ante los errores y la indolencia del gobierno y la burguesía a los problemas carcelarios de toda la vida, el pueblo exige del presidente Guillermo Lasso, la salida de la Ministra de Gobierno, de la Comandante de Policía, de las autoridades carcelarias y de todos sus “adulones”, por cuya incapacidad, las bandas delincuenciales durante la última masacre en la penitenciaria, asesinaron a un luchador popular, a un defensor de la tierra y del agua, al compañero Víctor Enrique Guaillas, a quien Lenin Moreno y Paula Romo, acusaron de sabotaje por su participación en el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019.
Entonces, en un ejercicio de conciencia social, de compromiso popular, debemos preguntarnos: ¿quiénes se benefician de la crisis carcelaria? Tras respondernos y entenderlo, no podemos callar ante la inoperancia y la entrega del gobierno del presidente Lasso, a la banca internacional.
No podemos callar ante la desvergüenza del gobierno, para favorecer a los evasores de impuestos a costa de disminuir en la proforma presupuestaria, los montos para la salud, la educación y la seguridad social.
No podemos callar ante la desfachatez de calificar a las masacres dentro de las cárceles, como “actos terroristas”. ¿Qué le pasa señor Presidente?, ¡Acaso nos cree tontos! ¡Una vez más saldremos a las calles!
