El Consejo de Participación Ciudadana, define la
rendición de cuentas como un proceso mediante el cual los funcionarios públicos,
tienen la responsabilidad de explicar y responder a la ciudadanía sobre su
gestión a fin de que ésta evalúe dicha gestión.
Por tanto el buen vivir, supone rendir cuentas con
transparencia en las informaciones sobre la consecución de los objetivos propuestos
y el cómo se los ha conseguido. En suma, es una tarea legal y ética.
Sin embargo, no tiene
sentido evaluar el accionar individual de los y las Asambleístas oficialistas
si han declarado públicamente su obediencia a la “dictadura del corazón” y han
confesado que su accionar es colectivo
en apoyo incondicional a lo que se dispone desde Carondelet. Tampoco
sirve de mucho, evaluar la tarea de los de minoría o de “oposición”, puesto que
su trabajo ha sido impedido.
Similar opinión merece
el accionar del Alcalde y ediles lojanos. En el municipio, a menudo se formulan
políticas de una manera discrecional y carente de transparencia, en contra de las
prioridades reales de los sectores populares. Basta señalar que incluso al
Vice-Alcalde, se le coarta asumir las funciones cuando el titular se ausenta.
Es obvio que los funcionarios
de elección popular y los designados para dirigir entidades públicas deben responder
por su conducta, es decir, por su obediencia a la ley sin abusar de sus poderes;
así como, por su desempeño demostrando lealtad al interés público.
La rendición de
cuentas para que sea efectiva, debe contar con la participación ciudadana, quienes
en cualquier momento deberían exigir se les rinda cuentas sin esperar su
voluntad. Y es que, sino no hay la disponibilidad y confiabilidad en la información
solicitada, tampoco puede ser eficaz la participación de los ciudadanos y de
las organizaciones sociales, en la búsqueda de la auténtica gobernabilidad para
garantizar la sostenibilidad de la democracia y el anhelado buen vivir.
En fin, en los
actuales momentos en que se ha judicializado la protesta social; la rendición
de cuentas debe permitir a los ciudadanos de a pie acceder a la información,
expresar sus necesidades y tomarles cuentas a sus mandatarios, funcionarios públicos y burócratas con la
posibilidad de lograr efectivamente un cambio que conlleve a un desarrollo
productivo más eficaz para el mejoramiento de las condiciones de vida y la
construcción de la patria equitativa y soberana.
