“El Estado ecuatoriano debe sacudirse del yugo clerical, cumpliendo con la laicidad constitucional para emancipar la razón, garantizar los derechos ciudadanos y la soberanía popular.” José Peralta, político liberal cañari
El
artículo 1 de la Constitución ecuatoriana define con claridad meridiana al
Estado como un ente constitucional de derechos, justicia, soberanía y,
fundamentalmente, laico. Sin embargo, en la práctica política cotidiana, este
mandato fundamental parece ignorarse de manera sistemática. Gobiernan de
espaldas al mandato popular y a la soberanía ciudadana, subordinando el espacio
público a dogmas particulares que nada tienen que ver con las urgencias de los
sectores populares.
Parece que nuestros gobernantes aún no comprenden que
los preceptos religiosos pertenecen a la esfera íntima de los creyentes y no
pueden imponerse al conjunto de la sociedad. El Ecuador no se rige bajo
mandatos divinos, sino conforme a la voluntad de la ciudadanía, los derechos
humanos y el marco democrático. Esta contradicción histórica vulnera
flagrantemente el principio de neutralidad institucional y perpetúa privilegios
inaceptables para un país diverso.
Garantizar verdaderamente la libertad de conciencia y
la soberanía nacional exige revisar los viejos acuerdos con la Santa Sede que
hipotecan nuestra independencia. Asimismo, la neutralidad del Estado no es
negociable: las autoridades públicas y los medios estatales deben abstenerse de
participar en proselitismo religioso, recordando que el espacio público
pertenece a todos, sin distingos de fe.
La laicidad institucional debe traducirse en
conquistas tangibles para los sectores populares. Esto implica asegurar la
autonomía moral sobre el propio cuerpo mediante el acceso a derechos
reproductivos, la protección irrestricta de las infancias frente al
adoctrinamiento y a cualquier forma de abuso, y la eliminación de la
financiación pública a entidades religiosas. Los recursos fiscales deben
destinarse exclusivamente a resolver las necesidades sociales prioritarias, no
a sostener privilegios clericales.
Defender el carácter laico del Estado no es un capricho
ideológico, sino una condición indispensable para garantizar la igualdad y la
justicia social. Mientras los gobernantes sigan cediendo ante presiones
confesionales, las grandes mayorías populares seguirán cargando con el peso de
la desigualdad y la discriminación. Es urgente exigir el cumplimiento estricto
de la Constitución, recordando que un Estado verdaderamente democrático es
aquel que acoge a todas las personas por igual, sin dogmas que coarten sus
libertades ni poderes fácticos que pisoteen la soberanía popular.
La transformación del país exige un poder político
comprometido únicamente con los derechos humanos y el bienestar de su pueblo,
para ello es necesario articular desde las bases sociales una veeduría
ciudadana efectiva que frene la intromisión de los dogmas religiosos en las
políticas públicas del país.
