Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, deja fuera del debate temas de trascendencia que mantienen la tensión entre los actores educativos y un gobierno populista caracterizado por el autoritarismo y la persecución.

Toda reforma debe responder a acciones políticas de gobierno. En el tema educativo, el “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural” debería ser el resultado de un proceso de amplia participación ciudadana, por tanto, responder a acciones a través de las cuales el Ministerio de Educación oriente la política educativa para consensuar y lograr metas comunes como equidad en el acceso, gratuidad efectiva, trabajo sobre la base de estándares de calidad e información de resultados, entre otros, que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa y de vida.

Las últimas dos décadas del siglo pasado y la primera de éste se caracterizaron por el manejo caótico del sistema educativo, caos generado por una serie de decretos, acuerdos y resoluciones en muchos casos contradictorias entre sí e impuestos por organismos internacionales como el Banco Mundial, que desembocaron en el ahondamiento de la crisis educativa.

En el caso actual, al igual que en los anteriores, tanto desde la derecha oligárquica como el gobierno de la revolución ciudadana insiste en responsabilizar exclusivamente de la crisis a los docentes y a la UNE, desconociendo el carácter de clase que encierra la crisis y  a la aplicación del neoliberalismo educativo que arrastramos por décadas, y al que precisamente la UNE junto a las organizaciones populares se han opuesto.

Surge entonces la necesidad de cambio, se impulsan una serie de acciones que confluyen en las “Consultas Nacionales Educación Siglo XXI” de 1992 y 1996, en las que se proponen las bases para lograr un “Acuerdo Nacional”, acuerdo que no fue impulsado por los gobiernos de turno. Esto obligó a una tercera Consulta Nacional que culminó en el 2006 con la aprobación de un “Plan Nacional de Educación”. Cabe también mencionar que en abril de 2007, de manera conjunta El Ministerio de Educación, Facultades de Educación y gremios, incluida la UNE, desarrollaron el II Congreso Nacional de la Educación, en el que se aprobó el mandato: “Educar para la libertad, educar para la Patria Nueva”.

Esto fue el antecedente, para que el actual gobierno, promueva, debata y finalmente la Asamblea Nacional apruebe a inicios del 2011 la Ley Orgánica de Educación Intercultural, abriendo la posibilidad de cambios significativos y nuevas perspectivas en todo el sector educativo. Sin embargo, la visión conservadora y elitista alrededor del gobierno presionó al Presidente Correa para que vete la ley e incluya 37 artículos que menoscaban derechos como: suspensión del cargo sin sueldo a quienes fallen en la evaluación; cambio de horas pedagógicas por horas reloj; Juntas distritales de resolución de conflictos sin delegados de los docentes; INEVAL con directivos nombrados a dedo; Sanciones a los estudiantes que defienden su derecho a la educación.

La LOEI contempla una serie de aspectos positivos, como el laicismo y gratuidad, el carácter plurinacional e intercultural; los principios y fines responden a una educación para la emancipación; se reconoce el derecho a la organización estudiantil aunque el gobierno se empeñe en atacar a las organizaciones populares; el reconocimiento al desarrollo humano y profesional del docente a pesar del acoso laboral a los dirigentes gremiales; se establece un escalafón docente pero a la vez se excluye del mismo a miles de maestros que laboran en planteles privados, a quienes incluso se les paga menos del sueldo básico vigente.

En fin, el “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”, lejos de atacar las signos de la “noche neoliberal” y la visión empresarial que atraviesa algunos de los artículos de la LOEI, deja fuera del debate temas de trascendencia que mantienen la tensión entre los actores educativos y un gobierno populista caracterizado por el autoritarismo y la persecución.

Resurrección y penitencia

Hoy es oportuno releer la frase de Mario Benedetti: "el olvido está lleno de memoria", ya que al parecer muchos no entendemos la relación social de estas letras. Por ejemplo, cuando Monseñor Leónidas Proaño decidió conjugar sus predicas con la práctica cotidiana de los pobres; los poderosos oligarcas junto a la iglesia opusdiana, lo tildó de “Obispo rojo, comunista, subversivo, terrorista…”

"Me han dicho de todo y no tengo miedo a las calumnias, las amenazas, ni la muerte. Si trabajar cristianamente por la paz, la justicia y los derechos humanos de los más pobres es ser ’rojo’, ojalá que todos nos volviéramos siquiera ‘colorados’, contestó Monseñor Proaño.

En estos días de Semana Santa, en los púlpitos, en las calles y en los medios de comunicación, se escucha con fervor cristiano a los representantes religiosos y políticos hacer llamados al recogimiento, a la reconciliación y a la penitencia pública. Quizá lográsemos reflexionar, en que fortalecer la unidad y perder el miedo es tan importante como la docilidad, la obediencia, el dolor y la humildad que nos impone la iglesia y el sistema.

Mientras los ciudadanos, católicos o no, vivamos afligidos con la cabeza agachada y los ojos cerrados ante la realidad social, el gobierno de turno, nos seguirá arrebatando derechos como el que se consumará en contra de la seguridad social. Ya se anunció que “no pagará ni veinte centavos” de la deuda que el Estado mantiene con el IESS. Por el contrario, al puro estilo neoliberal, se elevará del 9,74% al 12,67 % el aporte de los trabajadores y al mismo tiempo, ampliarían de 5 a 12 años la base de cálculo y así recudir el pago de las pensiones que recibirán los futuros jubilados.

Simultánea a la aplicación de las “recomendaciones” o recetarios del FMI, BM, UE o del BIC de China, se refuerza una sistemática política de persecución selectiva a líderes populares y políticos que se oponen al martirio neoliberal. Sin embargo, la justicia no existe cuando los “revolucionarios” se involucran en actos de corrupción.

El pueblo se pregunta ¿por qué será que los predicadores de semana santa no denuncian las calamidades anticristianas? Ojalá, no haya algún acuerdo, que disponga contradecir la virtud de rebeldía con la que predicó Jesús, que castigue a quienes creemos que la “Resurrección” sólo ocurrirá si decidimos abandonar la actitud de penitentes eternos de Viernes Santo.

Mejorar la participación política, tarea ciudadana.

Que las agrupaciones políticas,  llámense partidos o movimientos son la base de la democracia, que estas son las que dan estabilidad y legitimidad a los gobiernos democráticos, son simples expresiones. Desde el punto de vista gremial, se diría que las agrupaciones políticas tienen como finalidad hacerse del poder para servir a quienes dicen representar, quizá a la mayoría de ciudadanos pero no a todos. De ahí la preocupación de si tales agrupaciones podrán cumplir con eficiencia lo que ofrecen defender, aun cuando en su interior no estén organizados y peor funcione con los principios democráticos esgrimidos en sus programas.

En los últimos tiempos, se viene hablando del descrédito de la “partidocracia” por la falta de democracia interna y de renovación de cuadros con un mínimo de liderazgo, de la corrupción e inoperancia a la hora de gobernar.  Estás y otras críticas que más allá de ser ciertas, sumadas a la poca formación política, hacen que buena parte de los ecuatorianos se abstengan no solamente de los procesos electorales sino de ser parte de los partidos y movimientos políticos. Esto también explica la breve existencia de infinidad de agrupaciones locales y nacionales que responden más a intereses personales que de la comunidad.

No hace mucho, todos los partidos y movimientos políticos, a propósito de cumplir con los requisitos del Código de la Democracia, evidenciaron ser “verdaderas agencias recolectoras de firmas, votos y figuras” para su legitimización y representatividad.

Los partidos y movimientos políticos que han dejado de lado la educación, formación y promoción política de sus bases, no pueden hablar de democracia, de libertad de pensamiento, de pluralismo, peor aún invitar a la participación ciudadana si ellos mismos han excluido éstas prácticas, priorizando la “compra o pago de favores”.

Los enunciados filosóficos y contenidos programáticos -a pesar de expresarse- pasan a segundo plano o de hecho se olvidan. Pues se accede al poder, las decisiones políticas que se toman son contrarias a las ofertas de campaña porque son tomadas por los grupos de interés que a la final son quienes controlan al candidato.

Lo cierto es que la existencia de agrupaciones políticas no garantiza la democracia participativa ni la gobernabilidad en función del interés popular. La tarea de mejorar la participación política para cerrar el paso al populismo, al oportunismo y al autoritarismo corresponde a todos.

Y sin embargo no se endurece el castigo contra la corrupción…

Por calles y plazas se puede escuchar que buena parte de la obra social del Régimen es importante pero que la misma contrasta con la obstinación represiva en el que la norma es tratar a quienes se atreven a disentir públicamente, con persecución, multas, detenciones e incluso con peticiones absurdas que corresponden a otras funciones, como es el caso de la profesora Mery Zamora.

Desde la cofradía afín al sistema se manifiesta que “las protestas son políticas con la clara intención de desestabilizar al Gobierno…, que se han quedado anclados en la lucha contra el neoliberalismo del pasado”. Claro que sí, toda protesta, toda lucha es política. No obstante, la represión o los protervos calificativos a las últimas marchas protagonizadas por los sectores populares responden a una falta de tradición democrática de los convidadores de Carondelet, en la que, el respeto a los ciudadanos no existe. En lugar de dialogar con los sectores que piensan diferente o de escuchar sus demandas, se le considera enemigos potenciales y “desestabilizadores influenciados por la CIA” a los que hay que acallarlos.

Los sectores populares, unos almorzando en Palacio y otros cuasi sin almorzar coinciden en respaldar la democracia, pero la democracia participativa, de estar contra la derecha opresora, tómese muy en cuenta, contra la derecha, es decir contra la oligarquía y el imperialismo. Los que marchan y los que contramarchan dicen que se movilizan con responsabilidad social a fin de “apoyar” o de “protestar” para que el Gobierno no siga descargando las consecuencias de la crisis capitalista sobre la clase obrera y sectores populares.

Por otro lado, el oficialismo escudado en el relativo éxito de su obra social, para justificar su comportamiento represivo, no duda en utilizar sus medios de comunicación para como en una especie de terrorismo propagandístico, erigirse en los salvadores de la libertad y la democracia, pero encarcelando jóvenes que portan escarapelas y panfletos del “Che”.

Disponen y logran con mucha habilidad y éxito la aprobación de leyes que convierten en terrorista a cualquier ciudadano o ciudadana, que convoca a la reflexión y análisis de las leyes que pretenden criminalizar la protesta popular y convertir derechos fundamentales en delitos, con la finalidad de disminuir los derechos y libertades y así, y sólo así, silenciar a un pueblo que está despertando y exigiendo se pare la prepotencia y la entrega y explotación de nuestros recursos indiscriminadamente. Y sin embargo, a pesar de la existencia de leyes, no se endurece el castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos por los aduladores del régimen. La idea es garantizar su permanencia sin opositores.

La respuesta popular ante la vulneración de sus derechos fundamentales, pasa por la firmeza ideológica, indudablemente de ciertos líderes de los sectores populares y de las bases que desafían al sistema, no para desestabilizarlo sino para enderezarlo.

Plan Familia Ecuador: La visión moralista y puritana de la educación sexual que quiere imponer el Opus Dei

Con el propósito de promover la prevención del embarazo prematuro entre adolescentes, el Presidente Correa anunció la creación del “Plan Familia Ecuador” cuyo eje principal es la moral católica. La responsabilidad del plan está a cargo de una inconfesa militante del Opus Dei, que busca “implantar el hábito de la castidad como vía para mejorar a la sociedad". Al parecer se estaría contrariando el derecho constitucional a la educación laica.

El Presidente ha manifestado que hay que dejar atrás “el hedonismo más puro y más vacío: el placer por el placer. Ahora la estrategia se fundamenta en valores”, destacando la abstinencia como método revolucionario para controlar este problema en la niñez y adolescencia.

El problema no es la abstinencia o el placer. Son dos cuestiones: Una ideológica confesional de sometimiento y otra de carácter formativo.

Respecto de la primera, dejemos bien claro que la Constitución establece que la educación pública será universal y laica en todos sus niveles, que será responsabilidad del Estado asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en sexualidad desde el enfoque de derecho y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los y las estudiantes. Por otro lado la LOEI “garantiza la educación pública laica,… y mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos”. Sin embargo, con el “Plan Familia Ecuador”, -inspirado en la Universidad de Navarra-España, cuna del Opus Dei- con el pretexto de la promoción de valores, quiere imponérsenos una educación moralista y puritana de la sexualidad, que además es excluyente, pone en riesgo la salud mental y física de la mujer como consecuencia de embarazos no deseados, que en una gran mayoría no son producto de relaciones “irresponsables” entre jóvenes, sino de actos de violencia sexual cometidos por adultos del entorno familiar y vecinal de las menores.

En relación a lo formativo, hay que partir reconociendo la educación sexual como un fenómeno social que ha sido descuidado por todos. Pues los jóvenes están obteniendo la información sobre sexualidad y reproducción por muchos medios: amigos, redes sociales, televisión, cine, etc. y a veces –aunque no parezca- de los propios padres y algunas con suerte en los centros de salud. La única ausencia en ese proceso es de la educación formal, con su aporte científico serio y oportuno. Es imperioso impulsar una adecuada educación sexual que comience en el hogar con la participación de la familia y que se refuerce científicamente en la escuela incluyendo un tratamiento transversal de contenidos sobre sexualidad, desde luego, en relación y dependiendo de la edad y maduración de los menores, a fin de ofrecerles información seria sobre las relaciones humanas, sobre el cuerpo humano y como parte de ello, sobre la sexualidad.

En fin, hay que generar una mayor comunicación e información que conlleve la reflexión consciente y permita a los adolescentes fortalecer el desarrollo armónico de su personalidad a fin de dejar sus temores y sus deseos inconscientes, que por el contrario puedan valorar con objetividad acerca las consecuencias y riesgos por no asumir sus responsabilidades.