La historia reciente demuestra que cada vez que la fuerza militar se impone sobre el diálogo, quienes pagan el precio no son los gobiernos ni los estrategas, sino los pueblos. Por eso resulta imposible mirar con indiferencia cualquier acción armada que vulnere la soberanía y la paz de Venezuela, un país cuyas tensiones internas no pueden ni deben resolverse mediante la violencia externa.
La experiencia internacional demuestra que las guerras rara vez se libran por las razones que se declaran públicamente; suelen justificarse con discursos morales mientras persiguen objetivos económicos y estratégicos. En Venezuela, el uso de la fuerza contra la población civil no fue una consecuencia inevitable, sino una decisión política genocida con el interés de controlar la mayor reserva de petróleo del mundo.
Aceptar estas agresiones como parte del orden mundial implica asumir que la vida humana y la soberanía pueden sacrificarse en nombre del poder y el capital. Cuando la guerra se normaliza como herramienta para garantizar acceso a recursos, se anula el Derecho Internacional y se impone la lógica del más fuerte sobre la convivencia entre naciones.
Para la clase trabajadora ecuatoriana, la paz no es una consigna, sino una necesidad concreta que sostiene el trabajo, la migración y la vida diaria. La violación de principios como la no intervención, la autodeterminación y la soberanía desestabiliza no solo países, sino regiones enteras. Son los sectores más vulnerables y quienes viven de su esfuerzo los que sufren primero, más pobreza, desplazamientos forzados y disminución de los derechos sociales básicos.
Venezuela forma parte de una historia regional compartida y de una América Latina marcada por disputas sobre sus riquezas naturales. La amenaza de una intervención militar en la región es inquietante, pues demuestra que nuestros territorios continúan siendo considerados reservas estratégicas y, para Trump, el patio trasero de Estados Unidos.
La agresión y el secuestro de un presidente disfrazados de la “lucha contra el narcotráfico” y la “defensa de la democracia” es un argumento cínico. La historia demuestra que las guerras por recursos no construyen democracia ni estabilidad; dejan dependencia y fracturas sociales profundas.
Frente a este escenario, el antiimperialismo obrero exige denunciar la ofensiva estadounidense y garantizar la soberanía y la autodeterminación, que no es tomar partido por un gobierno, sino por los pueblos, lo cual es quizá, el acto más combativo de todos.
