Por calles y plazas se puede escuchar
que buena parte de la obra social del Régimen es importante pero que la misma
contrasta con la obstinación represiva en el que la norma es tratar a quienes se
atreven a disentir públicamente, con persecución, multas, detenciones e incluso
con peticiones absurdas que corresponden a otras funciones, como es el caso de la
profesora Mery Zamora.
Desde la cofradía afín al sistema se manifiesta
que “las protestas son políticas con la clara intención de desestabilizar al
Gobierno…, que se han quedado anclados en la lucha contra el neoliberalismo del
pasado”. Claro que sí, toda protesta, toda lucha es política. No obstante, la
represión o los protervos calificativos a las últimas marchas protagonizadas
por los sectores populares responden a una falta de tradición democrática de
los convidadores de Carondelet, en la que, el respeto a los ciudadanos no
existe. En lugar de dialogar con los sectores que piensan diferente o de
escuchar sus demandas, se le considera enemigos potenciales y “desestabilizadores
influenciados por la CIA” a los que hay que acallarlos.
Los sectores populares, unos
almorzando en Palacio y otros cuasi sin almorzar coinciden en respaldar la
democracia, pero la democracia participativa, de estar contra la derecha
opresora, tómese muy en cuenta, contra la derecha, es decir contra la
oligarquía y el imperialismo. Los que marchan y los que contramarchan dicen que
se movilizan con responsabilidad social a fin de “apoyar” o de “protestar” para
que el Gobierno no siga descargando las consecuencias de la crisis capitalista
sobre la clase obrera y sectores populares.
Por otro lado, el oficialismo
escudado en el relativo éxito de su obra social, para justificar su
comportamiento represivo, no duda en utilizar sus medios de comunicación para
como en una especie de terrorismo propagandístico, erigirse en los salvadores
de la libertad y la democracia, pero encarcelando jóvenes que portan
escarapelas y panfletos del “Che”.
Disponen y logran con mucha habilidad
y éxito la aprobación de leyes que convierten en terrorista a cualquier ciudadano
o ciudadana, que convoca a la reflexión y análisis de las leyes que pretenden
criminalizar la protesta popular y convertir derechos fundamentales en delitos,
con la finalidad de disminuir los derechos y libertades y así, y sólo así, silenciar
a un pueblo que está despertando y exigiendo se pare la prepotencia y la entrega
y explotación de nuestros recursos indiscriminadamente. Y sin embargo, a pesar de la existencia de leyes, no se endurece el
castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos por los
aduladores del régimen. La idea es garantizar su permanencia sin
opositores.
La respuesta popular ante la vulneración
de sus derechos fundamentales, pasa por la firmeza ideológica, indudablemente
de ciertos líderes de los sectores populares y de las bases que desafían al sistema,
no para desestabilizarlo sino para enderezarlo.
