La lucha del magisterio unionista
junto a la Gloriosa UNE el jueves 11 de agosto, alcanzaron que la Corte Constitucional, declare la constitucionalidad
de toda la Ley reformatoria a la LOEI, publicada en el Registro oficial N° 434,
de 19 de abril de 2021
El presidente Lasso anunció haber superado los nueve millones de vacunados contra la COVID-19 con primera dosis. Esto, gracias al apoyo de la empresa privada. El pueblo se pregunta, ¿por qué este sector de “benefactores” no hizo lo mismo antes? Por el contrario, despidió a miles de trabajadores durante el primer año de la pandemia. ¡Acaso en el gobierno del encuentro los empresarios encontraron la forma de asegurar sus ganancias con la emisión de leyes laborales que favorezcan sus esquemas de impunidad y evasión de impuestos!
Lejos estamos de alcanzar esos mismos nueve millones de vacunados con la segunda dosis, y mucho más lejos, de alcanzar “la inmunidad de rebaño” y de disminuir el riesgo de contaminación con las variantes Delta de COVID cuya circulación comunitaria ya es inminente. Como si estuviésemos en época navideña o de ferias, la “generosa” empresa privada ha prometido regalar diversos productos de primera necesidad a cambio de que los ciudadanos acudan a vacunarse, incluso han ofrecido rebajas en la compra de los combustibles, que abusivamente el gobierno eleva de precio cada mes.
El gobierno insiste, que si los ciudadanos no tomamos las precauciones y medidas sanitarias oportunas, la muerte nos sobreviene inevitablemente. Sin embargo, la realidad es otra, la muerte como la pobreza es consecuencia de decisiones políticas. Por eso, cuando el Estado descuida los servicios básicos como la salud y la educación, que son derechos plasmados en la Constitución, me refiero a crímenes sociales. Por tanto, no hablo solamente de crímenes contra la vida humana, hablo de ese crimen educativo que hunde lentamente en la pobreza a los sectores populares pero con igual letalidad que la COVID-19.
Las autoridades educativas reconocen que antes de la pandemia cerca del 10% de los estudiantes secundarios abandonaban los estudios. En la actualidad diversos sectores vinculados a la educación mencionan que la pandemia agregó al menos un 15% de chicos que dejaron de asistir a los colegios porque se vieron obligados a realizar actividades “productivas” o domésticas para ayudar a solventar la economía familiar. Otro tanto, no regresara a clases, porque no poseen computadoras ni conectividad en sus hogares. Esta situación inequitativa, bien podría superarse con la vigencia de las Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural aprobadas por la Asamblea Nacional y sancionadas favorablemente por el Poder Ejecutivo. Reformas que hoy, gracias a una mezquina demanda del propio gobierno está en manos de la Corte Constitucional, por cuya defensa, alrededor de 80 maestros, padres de familia y estudiantes permanecieron 32 días en huelga de hambre.
La lucha del magisterio unionista junto a la Gloriosa UNE el jueves 11 de agosto, alcanzaron que la Corte Constitucional, declare la constitucionalidad de toda la Ley reformatoria a la LOEI, publicada en el Registro oficial N° 434, de 19 de abril de 2021¨. Quedó pendiente, el tema salarial y la jubilación, aspectos que no fueron negados, sino postergada su vigencia hasta que la Asamblea Nacional lo resuelva, situación que con seguridad se logrará, puesto que la Asamblea Nacional hizo público su compromiso en la mesa de concertación con la UNE.
La lucha del magisterio y el pueblo sigue firme en defensa de la educación, en defensa de la eqiparación salarial de los docentes, en contra del alza del precio de los combustibles, en contra de la privatización del IESS y de las empresas públicas y en contra de la corrupción.
