La democracia en el Ecuador contemporáneo es solo una
costosa simulación. Mientras la Función Electoral y el aparato judicial operan
como brazos ejecutores de una proscripción política selectiva, que sofoca el
derecho a elegir y ser elegido para garantizar la hegemonía de las élites, la
estructura institucional muestra un Estado fuerte para encarcelar y proscribir
a la oposición, pero inoperante cuando se trata de proteger la vida.
Esta concentración antidemocrática de poder no es un
accidente, sino la condición necesaria para sostener un modelo económico que
precariza la existencia. En el "Nuevo Ecuador", la ciudadanía ha sido
despojada de sus derechos. No enfrentamos simplemente una crisis institucional;
vivimos bajo un régimen de abandono sistemático donde la vulnerabilidad
socioeconómica es la norma.
Mientras los sectores dominantes disputan el control
de la papeleta y blindan sus privilegios, las grandes mayorías populares sufren
los embates desproporcionados del fenómeno de El Niño. Las inundaciones, el
colapso de infraestructuras precarias y la pérdida de soberanía alimentaria en
los territorios más golpeados reciben como única respuesta el silencio oficial.
La emergencia climática desnuda la violencia del gobierno y la naturaleza
destruye lo que la desigualdad ya había condenado.
Los sectores populares no exigen privilegios, sino el
derecho a vivir con dignidad. El acceso a la salud se ha convertido en una
carrera de resistencia donde la vida depende de la capacidad de pago; la
educación pública desmantelada empuja a la juventud a la informalidad o al
reclutamiento por parte de la delincuencia organizada; y la seguridad se
administra mediante operativos que criminalizan la pobreza en lugar de combatir
las causas estructurales de la violencia.
Los desposeídos, la madre que busca el pan diario, el
joven precarizado en una motocicleta, el agricultor arruinado, no son
invisibles por azar; son el resultado directo de una política de ajuste que
calcula la vida humana en términos de rentabilidad, sin embargo, ellos sostienen
al país con sus manos mientras el discurso oficial pretende que el progreso es
una lotería individual.
Frente a la incertidumbre gubernamental, la respuesta
no puede ser la resignación ni la espera de milagros electorales. La
reconstrucción del país exige superar la democracia formal de las élites y
articular la resistencia popular desde los territorios, exigiendo que la vida,
la justicia social y la decencia estén por encima del autoritarismo estatal.
