Las tareas escolares, se repite la polémica.

La discusión respecto de si son o no necesarios las tareas escolares, si son muchas o pocas, así como su efecto en el desempeño escolar, vuelven una vez más a la palestra pública. 

Nuevamente son dos tres tecnócratas iluminados o de mentes lúcidas, a los que generalmente les apesta el consenso y la participación de los involucrados para la discusión y el análisis los temas importantes, son los que alborotan el sistema educativo con experimentos antojadizos que desconocen que las tareas escolares deben reflejar la naturaleza y calidad de las indicaciones dadas y de los objetivos planteados para ayudar a los estudiantes. 

En el año 2005 la Ministra Consuelo Yanes, “prohibió a los profesores enviar deberes a los alumnos de hasta 10 años para que las hagan en casa”; el argumento de antaño fue que los chicos se estresan. En estos tiempos revolucionarios, el Ministro Espinosa ha manifestado que “con el objetivo de optimizar el tiempo de los estudiantes fuera de las aulas…, se regula la carga horaria para el desarrollo de tareas escolares de todos los niveles de educación y con ello contribuir al logro de los objetivos de aprendizaje propuestos en el currículo” ; el argumento ahora es que los chicos tienen poco tiempo para la recreación. 

Al parecer en el Ministerio de Educación se desconoce que las tareas escolares son estrategias instruccionales y que por tanto para que sean eficaces se debe solucionar primero, los problemas de espacios físicos adecuados para el desarrollo y fortalecimiento de las actividades en el aula así como para la recreación; en segundo lugar, y aunque lo disponen en papeles, desconocen que en la práctica es importante mejorar los vínculos entre la escuela y los representantes, que no en pocas veces y a pesar de que recalcan “la gratuidad de la educación”, les imponen contribuciones económicas para el arreglo y mantenimiento de las aulas y del propio edificio; finalmente, mejorar radicalmente la capacitación y actualización profesional. 

Lo cierto es que las tareas escolares no planificadas terminan convirtiéndose en una carga neurasténica para estudiantes, padres de familia y hasta para los propios docentes, además de profundizar las inequidades y las desigualdades entre los niños cuyos padres pueden brindarles apoyo en la casa y los que no. 

 La práctica y la experticia confirman que no podrá eliminarse las tareas escolares y menos por decreto sin un previo debate de lo que acontece en la realidad educativa nacional.

La paz no vendrá con la firma del acuerdo de paz

El miércoles anterior se firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el estado Colombiano, el mismo que con seguridad será refrendado el próximo domingo. Sin embargo este no garantiza en realidad la paz social en Colombia; a lo sumo, y eso aspira la mayoría ciudadana, es que se pretende poner fin a un conflicto político insurgente que desangró al país durante más de cincuenta años. 

 La paz habrá que construirla en el día a día erradicando la pobreza de los sectores populares y excluidos, lo cual es válido no sólo para Colombia sino para todos los países donde la oligarquía local e internacional ha impuesto un modelo de permanente saqueo de los recursos naturales e injusticias sociales legalizadas. 

Desde luego que el acuerdo de paz, posibilitará la consolidación de la unidad nacional que en medio de la diversidad política vienen impulsando los movimientos sociales, con la intención de restablecer los derechos no solamente de las víctimas sino de toda la sociedad, el imperio de la justicia y la plena vigencia de las garantías para la participación social, política y la democratización de la sociedad. 

No se puede perder de vista, por tanto tener claro que el proyecto político y económico del Presidente Santos, es un modelo de especulación financiera que profundiza la desigualdad social en beneficio de los grandes monopolios nacionales y extranjeros, por tanto, el pueblo tendrá que seguir en su lucha popular y social para cambiar las condiciones de vida de las mayorías ciudadanas. 

El enfrentamiento en Colombia, a diferencia de lo ocurrido en Centroamérica nunca significó realmente la posibilidad de una victoria militar de la guerrilla. La mayoría de la población, o fue obligada o se mantuvo ajena, sobre todo en los principales centros urbanos, donde por el contrario se verifico repetidamente actos ceñidos a los derechos fundamentales de las personas e instituciones. 

En las más de cinco décadas de conflicto, la lucha armada tuvo lugar en el sector rural, en las montañas, donde las víctimas siempre fueron los campesinos, por lo cual la atención pública en realidad nunca fue de interés de las partes en conflicto, más bien lo convirtió en parte de la vida nacional, pero lejana y ajena a la mayoría. 

Lo cierto es que, el pueblo colombiano estaba literalmente en la posición de no confiar en ninguna de las partes, porque tanto el Ejército Nacional como las FARC cometieron durante ese período violaciones a los Derechos Humanos.

LA EDUCACIÓN NO PUEDE SER USADA COMO PARTE DE UNA POLÍTICA POPULISTA

Entrevista a Rosana Palacios, Presidenta de la UNE

Tomado de: https://es.scribd.com/document/324712301/Opcion-S-77-Septiembre-de-2016

Como parte de la campaña de descrédito y persecución contra las organizaciones sociales, el gobierno ha iniciado un proceso de disolución contra la UNE ¿Cuál es la intención detrás de esta medida?

 El gobierno está en una campaña contra sindicatos, universidades, ha reactivado juicios contra líderes socia-les, estos actos buscan hacer el mayor daño posible a la organización social, sindical y popular, pese a que el gobierno tiene los días contados. El objetivo de Rafael Correa es pretender callarnos, aplicar una política de mie-do, amenazas. La misma intención tiene, por ejemplo, el enfrentamiento con el Consejo de Disciplina de los militares. En este marco es importante la capacidad de análisis que tenemos en la organización social, hay que ver el momento, leer el contexto. Las FFAA también han sabido leer el mensaje del gobierno y no caen en la provocación, para evitar que Correa se victimice.

¿Bajo qué causal se inició el proceso de disolución?

Si en el Ecuador no estuvieran cooptadas todas las funciones del Estado, no habría ninguna base para la disolución de la Unión Nacional de Educadores, ningún sustento jurídico. El acto administrativo por el que se inicia la disolución deja a la organización en la indefensión, se nos acusa de todo y nada. Cuando se nos acusa que hemos violado la Constitución, la Ley y el Reglamento, no se especifica que articulado se ha violado. No hay motivación, ni fundamentación. Es un acto dictatorial, que no respeta ninguna norma jurídica.

¿Qué acciones ha tomado la UNE para enfrentar este proceso?

Hemos tomado dos caminos: el uno es la defensa jurídica, con un grupo de abogados como Ciro Guzmán, el Colegio de Abogados de Pichincha, abogados de Funda-medios, ellos están a cargo de nuestra defensa. Hemos solicitado la nulidad del proceso, sin embargo el trámite en sede administrativa es absurdo, porque la misma autoridad que emite el Acuerdo es ante quien debemos apelar. El otro camino ha sido pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la intervención urgente de la Organización Internacional del Trabajo, también hemos enviado cartas al Comité de e Expertos de la ONU en Derechos Civiles y Políticos, pe-dimos también la solidaridad dentro del mundo sindical, recibiendo una respuesta magnífica dentro de estos espacios. El Director General de la OIT ya ha hecho llegar al Presidente de la República una carta recordándole –en términos muy diplomáticos- que el proceso que se sigue contra la UNE viola los tratados y convenios ratificados por el Ecuador, y ha solicitado al gobierno informe sobre temas como la apropiación de las sedes de la UNE en Quito y Guayaquil. También han existido comunicaciones de parte de la Confederación Sindical de las Américas y de la Internacional del Servicio Público (ISP), entidades que enviaron una misión internacional. Se solicitó una mesa de diálogo, sin resultado alguno. El gobierno ha llegado al extremo de desconocer el carácter de organización sindical de la UNE.

El odio que tiene el gobierno a la UNE ¿es por sus críticas al modelo educativo?

La persecución es por nuestra insistencia en que el gobierno responda por los resultados de su gestión, especialmente en referencia a la implementación del Plan Decenal. Este Plan no se convirtió en política pública, la inversión en educación la han mostrado como una dádiva del gobierno. La educación no puede ser usada como parte de una política populista. Hemos reclamado la evaluación del Plan Decenal al haberse cumplido ya los diez años. No existe una respuesta sobre la aplicación de las ocho políticas establecidas en el Plan, que fue puesto en consideración del pueblo por medio de la Consulta Popular del año 2006. Uno de los puntos era el de la inversión, hoy tenemos apenas el 3,9% del PIB invertido en educación, tenía que estar ya en el 6%, con ello se podía universalizar la educación inicial (3 a 5 años de edad). El Plan también establecía la capacitación permanente del personal docente. El gobierno habla de 40 mil profesores capacitados, pero somos 160 mil a nivel nacional, pese a haberse despedido a 45 mil que estaban por contrato ocasional. Otro punto tenía que ver con la  jubilación con estímulos en efectivo, que tampoco se ha cumplido. No se ha cumplido la Constitución ni el Plan Decenal, y al gobierno le molesta cuando una organización sindical desenmascara las violaciones a los derechos laborales. El tema de la infraestructura educativa es otro punto por el que hemos peleado, las unidades educativas del milenio atienden apenas al 10-15% de estudiantes del país, sin embargo existen 6 mil escuelas y colegios cerrados o fusionados.