Sin temor a equivocación, puedo afirmar que los profesores jubilados hicieron del ejercicio docente un apostolado en beneficio de la niñez y juventud, también estoy seguro que la mayoría de ellos vivió como propias las penurias de las comunidades donde trabajó, recorriendo largas distancias sin vialidad y sin transporte, sin alcantarillados, sin agua potable ni luz eléctrica, sin servicios de salud, inclusive sin infraestructura escolar, pero siempre venciendo todas esas adversidades los maestros hoy jubilados llegábamos hacia nuestro sitio de trabajo.
Los gobiernos de turno de manera justa reconocieron y entregan desde hace más de sesenta años a los empleados públicos que se jubilan un merecido incentivo económico. Sin embargo, este derecho le fue negado al magisterio ecuatoriano. Para compensar esta discriminación, los maestros organizados en la UNE, lograron arrancar a la Junta Militar de 1964 un Decreto Supremo y la firma de un Convenio, en el que además de tener la protección del seguro general obligatorio, los profesores pagaríamos un aporte adicional del 5% personal con la finalidad de tener el derecho a una pensión adicional proporcional al tiempo laborado en el magisterio, para así de alguna manera mejorar las ínfimas pensiones jubilares.
En el 2008, cientos de maestros activos y jubilados de todo el país junto a Mery Zamora, presidenta nacional de la UNE, Alfonso Yánez representante de los jubilados y a Jorge Escala, asambleísta constituyente, acudimos por más de una ocasión a Montecristi para exigir a la Asamblea Constituyente reconozca el estímulo a la jubilación de los y las docentes del sector público, la misma que luego de una huelga de hambre, aprobó la vigésima primera disposición transitoria de la Constitución, en la que finalmente se reconoció el pago de una compensación variable fijando como monto ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador.
En esa historia se inscribe la lucha de los jubilados, en especial a los de los años 2008, 2009 y 2010, a los que el Presidente Correa les cercenó el pago conforme a lo estipulado por la Constitución, luego el resto de jubilados han sufrido el engaño de los gobiernos de Correa y Moreno, quienes primero decidieron no pagar en efectivo sino entregar bonos, luego mediante la emisión de Acuerdos Ministeriales y cronogramas para el pago del estímulo de jubilación, han postergado dicho compromiso. Vale agregar dos aspectos: 1. Cientos de jubilados han fallecido sin alcanzar a disfrutar el esfuerzo de su trabajo al cual tenían derecho; y, 2. Los bonos en el mercado bursátil llegaron a ser penalizados hasta con un veinte por ciento.
En ocasiones siento vergüenza ajena, al escuchar decir a mis compañeros jubilados que solamente les importa recibir el bono y a otros el pago del estímulo, que “por favor no se hagan opiniones políticas”, es una pena que hayan olvidado que el compañero Alfonso Yánez, murió luchando y exigiendo políticamente hasta sus últimos días, ese derecho para todos los jubilados.
