En los diferentes cantones del país, sin que Loja sea la excepción, los cambios de semáforo cambian los horarios del toque de queda, de la circulación vehicular y de otras actividades que para algunos sectores de la población resultan un alivio, no así para otros que ven agravarse el peligro de contagio del COVID-19.
Lo que no cambia de color es la vergonzosa corrupción. Las denuncias llegan desde la prensa. En ningún caso éstas se han hecho públicas a tiempo por funcionarios a quienes se les obliga a cometer los ilícitos. Los involucrados o no, recién comienzan a cantar cuando ya han sido despedidos o se ven amenazados con el despido.
No pretendo aquí analizar el tipo o la cuantía que se lleva esta maleza humana mientras el pueblo pasa enormes necesidades, solamente deseo resaltar que esta gente putrefacta acusa a la oposición y a la prensa, de desacreditar al gobierno y de ser perseguidos al estilo de la cacería de brujas llevada a cabo en la administración del correato.
El Presidente Moreno, durante tres años se ha protegido acusando que jamás le dejaron la mesa tendida. Él, no solo sabía que la mesa no estaba tendida, sabía además de la baja popularidad por los actos de corrupción alrededor del gobierno pseudo revolucionario. Sabía y avaló la criminalización de la protesta social, la persecución, cancelación y encarcelamiento de centenares de dirigentes populares. Por eso, apenas iniciado su gobierno, intentó un acercamiento con las organizaciones populares, que a decir de uno de sus asesores, fue puro cuento, porque terminó rodeado de actores políticos y económicos de la oligarquía, para quienes gobierna.
Un nuevo acuerdo con el FMI reafirmó la dependencia del gobierno morenista a este organismo internacional, que como siempre recetó un paquete de medidas tendientes a destruir derechos laborales y a eliminar el subsidio a los combustibles. Ante esto, el pueblo junto a las organizaciones de trabajadores, de mujeres y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, protagonizaron el mayor paro nacional de los últimos veinte años. Las amenazas y la represión fueron la respuesta, aunque al final el gobierno cedió.
Tampoco cambió ni cambiaran de color las medidas que se sigan tomando a partir de la declaratoria de Estado de Excepción por el COVID-19. Bajo la excusa de combatir la crisis sanitaria y económica que vive el país, propuso a la Asamblea Nacional dos leyes, una de “Apoyo Humanitario” y otra de “Ordenamiento de Finanzas Públicas” disque para reducir el tamaño del Estado, leyes que definitivamente favorecen a los grandes empresarios y multinacionales, pues a ellos se da luz verde para despedir servidores públicos y trabajadores.
Las reacciones a las atrocidades llevadas a cabo desde el Ministerio de Finanzas, el pasado 25 de mayo, en medio de las prohibiciones de la Ministra de Gobierno, el pueblo salió a las calles y plazas a reclamar su derecho al trabajo, a defender los derechos humanos y a rechazar las medidas neoliberales.
Lo que no cambia de color es la vergonzosa corrupción. Las denuncias llegan desde la prensa. En ningún caso éstas se han hecho públicas a tiempo por funcionarios a quienes se les obliga a cometer los ilícitos. Los involucrados o no, recién comienzan a cantar cuando ya han sido despedidos o se ven amenazados con el despido.
No pretendo aquí analizar el tipo o la cuantía que se lleva esta maleza humana mientras el pueblo pasa enormes necesidades, solamente deseo resaltar que esta gente putrefacta acusa a la oposición y a la prensa, de desacreditar al gobierno y de ser perseguidos al estilo de la cacería de brujas llevada a cabo en la administración del correato.
El Presidente Moreno, durante tres años se ha protegido acusando que jamás le dejaron la mesa tendida. Él, no solo sabía que la mesa no estaba tendida, sabía además de la baja popularidad por los actos de corrupción alrededor del gobierno pseudo revolucionario. Sabía y avaló la criminalización de la protesta social, la persecución, cancelación y encarcelamiento de centenares de dirigentes populares. Por eso, apenas iniciado su gobierno, intentó un acercamiento con las organizaciones populares, que a decir de uno de sus asesores, fue puro cuento, porque terminó rodeado de actores políticos y económicos de la oligarquía, para quienes gobierna.
Un nuevo acuerdo con el FMI reafirmó la dependencia del gobierno morenista a este organismo internacional, que como siempre recetó un paquete de medidas tendientes a destruir derechos laborales y a eliminar el subsidio a los combustibles. Ante esto, el pueblo junto a las organizaciones de trabajadores, de mujeres y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, protagonizaron el mayor paro nacional de los últimos veinte años. Las amenazas y la represión fueron la respuesta, aunque al final el gobierno cedió.
Tampoco cambió ni cambiaran de color las medidas que se sigan tomando a partir de la declaratoria de Estado de Excepción por el COVID-19. Bajo la excusa de combatir la crisis sanitaria y económica que vive el país, propuso a la Asamblea Nacional dos leyes, una de “Apoyo Humanitario” y otra de “Ordenamiento de Finanzas Públicas” disque para reducir el tamaño del Estado, leyes que definitivamente favorecen a los grandes empresarios y multinacionales, pues a ellos se da luz verde para despedir servidores públicos y trabajadores.
Las reacciones a las atrocidades llevadas a cabo desde el Ministerio de Finanzas, el pasado 25 de mayo, en medio de las prohibiciones de la Ministra de Gobierno, el pueblo salió a las calles y plazas a reclamar su derecho al trabajo, a defender los derechos humanos y a rechazar las medidas neoliberales.
