El Gobierno del Presidente Moreno desde la ruptura con su benefactor político, bajo presiones del FMI tenía planeado cambios en la economía para favorecer a los sectores empresariales y a la derecha oligárquica. Sin embargo en el mes de octubre del año anterior, marchas encabezadas por el movimiento indígena, detuvieron esas pretensiones; que tampoco se olvidaron, porque justo ahora, desde el inicio del estado de excepción COVID-19 se ha podido evidenciar que se cogobierna para arremeter con esas medidas antipopulares.
Desde Carondelet y en complicidad de una pírrica mayoría en la Asamblea Nacional, se logró aprobar dos leyes para condenar la escuálida economía de los empleados públicos, docentes, trabajadores y sectores populares. Es el tradicional paquetazo recetado por el FMI, que a lo contrario de lo esperado por el Gobierno, muy a pesar de la pandemia, ha reanimado la confrontación y la lucha clases, que desde la protesta en las redes sociales, ha pasado ya a las calles y plazas.
El Presidente Moreno, ya en el 2019 se había comprometido con el FMI., a realizar “un cuidadoso reajuste de la masa salarial... con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales”; a “armonizar (disminuir) los sueldos de los nuevos empleados del sector público para equipararlos con los del sector privado que en promedio, son más bajos que el sector público”; a “vender las empresas públicas; y, a “continuar con la optimización de los subsidios a los combustibles”.
Aprovechando la cuarentena y el miedo al contagio, el Gobierno y sus aliados dentro y fuera de la Asamblea Nacional, han dado cumplimiento a lo concertado hace más de un año, cuando le ofrecieron nuevos préstamos desde el mayor organismo chulquero del mundo. Las últimas medidas, conducen al despido de miles de trabajadores, a la reducción de la jornada laboral y a la reducción del salario; pero particularmente la aprobación de estas leyes lleva implícito la eliminación de los subsidios a los combustibles.
A los banqueros y grandes empresarios inicialmente se dijo que se les impondría un impuesto del 5% a las utilidades mayores a un millón de dólares, sin embargo, el Presidente Moreno, dispuso que no se les afectara ni un pelo, por el contrario, pasaron a semáforo verde para reducir la jornada laboral y bajar el salario hasta ciento ochenta dólares. A eso le llaman “Ley de apoyo Humanitario”. Para rematar, en la cadena nacional se dejó muy claro que “el país vive una tragedia humanitaria”, pero que ésta deben pagarla los trabajadores y el pueblo.
“A los maestros se les reducirá parcialmente su salario”. Si el Presidente Moreno y la señora Creamer han olvidado que los salarios del docente no han sido elevados desde el correato, y que ahora con el teletrabajo la jornada laboral aumentó. Que no olviden que el magisterio es una clase social que junto a las organizaciones sociales, dejando el miedo a todo, saldrá a luchar para oponer resistencia y detener las medidas económicas que afectan a los sectores populares.
Desde Carondelet y en complicidad de una pírrica mayoría en la Asamblea Nacional, se logró aprobar dos leyes para condenar la escuálida economía de los empleados públicos, docentes, trabajadores y sectores populares. Es el tradicional paquetazo recetado por el FMI, que a lo contrario de lo esperado por el Gobierno, muy a pesar de la pandemia, ha reanimado la confrontación y la lucha clases, que desde la protesta en las redes sociales, ha pasado ya a las calles y plazas.
El Presidente Moreno, ya en el 2019 se había comprometido con el FMI., a realizar “un cuidadoso reajuste de la masa salarial... con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales”; a “armonizar (disminuir) los sueldos de los nuevos empleados del sector público para equipararlos con los del sector privado que en promedio, son más bajos que el sector público”; a “vender las empresas públicas; y, a “continuar con la optimización de los subsidios a los combustibles”.
Aprovechando la cuarentena y el miedo al contagio, el Gobierno y sus aliados dentro y fuera de la Asamblea Nacional, han dado cumplimiento a lo concertado hace más de un año, cuando le ofrecieron nuevos préstamos desde el mayor organismo chulquero del mundo. Las últimas medidas, conducen al despido de miles de trabajadores, a la reducción de la jornada laboral y a la reducción del salario; pero particularmente la aprobación de estas leyes lleva implícito la eliminación de los subsidios a los combustibles.
A los banqueros y grandes empresarios inicialmente se dijo que se les impondría un impuesto del 5% a las utilidades mayores a un millón de dólares, sin embargo, el Presidente Moreno, dispuso que no se les afectara ni un pelo, por el contrario, pasaron a semáforo verde para reducir la jornada laboral y bajar el salario hasta ciento ochenta dólares. A eso le llaman “Ley de apoyo Humanitario”. Para rematar, en la cadena nacional se dejó muy claro que “el país vive una tragedia humanitaria”, pero que ésta deben pagarla los trabajadores y el pueblo.
“A los maestros se les reducirá parcialmente su salario”. Si el Presidente Moreno y la señora Creamer han olvidado que los salarios del docente no han sido elevados desde el correato, y que ahora con el teletrabajo la jornada laboral aumentó. Que no olviden que el magisterio es una clase social que junto a las organizaciones sociales, dejando el miedo a todo, saldrá a luchar para oponer resistencia y detener las medidas económicas que afectan a los sectores populares.
