Las diferencias entre el presidente
Moreno y su antecesor fueron evidentes antes de la misma posesión. En las
últimas semanas, la ruptura si bien es más publica, es difícil para el propio
presidente, saber quiénes están acá o allá; aunque la ciudadanía sabe bien
dónde se ubican los oportunistas, los marrulleros.
Como consecuencia de la opinión pública y
la presión política y popular, el gobierno nacional convocó a una consulta
nacional que se realizó el pasado 4 de febrero. En la que, con excepción de los
correístas, la mayoría de las fuerzas políticas y sociales votaron por el sí.
Un sí que llamó de manera urgente a fortalecer la democracia eliminando la
reelección indefinida, a combatir la corrupción, a defender los derechos de la
niñez, entre otros.
Como se tenía previsto, triunfó el sí,
lo cual implica poner el fin al poder omnímodo y caudillista que representó
Rafael Correa, al tiempo que servirá de exigencia al gobierno central, a la
asamblea nacional y a los órganos judiciales, para que aceleren el combate a la
corrupción.
Los ecuatorianos esperamos que a los funcionarios
que están junto al presidente Moreno no se les vaya a ocurrir, que el triunfo
en la consulta nacional, es un triunfo de ellos sobre la prepotencia y
persecución de la década anterior. Que les quede claro, que el triunfo le
pertenece a todo el pueblo, y el pueblo les exige una depuración de la
corrupción y no solamente un cambio de caras o de puestos entre sus amigos. Que
lean bien, que el apoyo popular en la consulta, no es un cheque en blanco. Por
el contrario, es una advertencia desde los movimientos sociales, desde el movimiento
indígena, desde las centrales sindicales, desde los diversos sectores gremiales
que defendieron la consulta popular para que se aceleren los cambios significativos
y urgentes que el país necesita para generar fuentes de trabajo y disminuir la
pobreza.
Estos mismos sectores sociales y
políticos, también se han manifestado en contra de la intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
los asuntos internos, pretendiendo desconocer el mandato popular del pasado 4
de febrero, que con el 63% decidió cesar en los cargos a los actuales miembros
del Consejo de Participación Ciudadana, y permitir que el presidente Moreno
nombre un organismo transitorio, como mecanismo para combatir la corrupción y
recuperar la democracia y las libertades.
