La democracia burguesa nos ha impuesto la creencia de que las elecciones constituyen el aspecto más importante de la participación política y la vida democrática. Que la mejor forma que tienen los ciudadanos para expresar su opinión y para elegir a sus gobernantes, es el voto.
Sin embargo, es durante la campaña electoral y el día de las votaciones, cuando a las organizaciones sociales y populares se restringe la libertad de expresión y de información, que son precisamente los derechos básicos para garantizar la existencia misma de una sociedad democrática. Ese control que se ejerce desde el poder político y económico, impide la participación de la mayor cantidad de ciudadanos en la elección de sus gobernantes.
Es obligación de las organizaciones populares y de trabajadores, organizar debates públicos y facilitar la información necesaria para que sus integrantes y la población de los sectores marginados tengan la mayor cantidad de información posible sobre el panorama político, los candidatos y sus propuestas, y a partir de su análisis crítico puedan tomar decisiones de forma libre y razonada.
El análisis de las ofertas de campaña presidencial de los candidatos Moncayo, Laso, Moreno y otros, debe ser una herramienta básica para la formación de la opinión pública ciudadana, para la participación activa en el control social que exija la mayor transparencia y la fiscalización de la gestión de las futuras autoridades.
Es preciso que desde organizaciones como la Unión Nacional de Educadores y de los sindicatos, los docentes y los trabajadores puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad y honestidad de los candidatos a asambleístas, así como discrepar y confrontar sus propuestas e ideas; solo así, se garantiza el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y de expresión, y a la par se podrá votar responsablemente por quienes vayan a legislar a favor de nuestros derechos.
Los sectores populares no pueden perder de vista el papel que juegan las empresas encuestadoras. Aún está fresca en la memoria ciudadana, los resultados de las elecciones que postergaron la firma del acuerdo de paz en Colombia y la elección de Trump en Estados Unidos, donde los sondeos pronosticaban lo contrario.
Finalmente, hay que impedir que los políticos que contratan la realización de encuestas y se obsesionan por publicarlas cuando estas les favorecen, las usen como estrategia de controlar la opinión pública e influir indebidamente en los electores.
Sin embargo, es durante la campaña electoral y el día de las votaciones, cuando a las organizaciones sociales y populares se restringe la libertad de expresión y de información, que son precisamente los derechos básicos para garantizar la existencia misma de una sociedad democrática. Ese control que se ejerce desde el poder político y económico, impide la participación de la mayor cantidad de ciudadanos en la elección de sus gobernantes.
Es obligación de las organizaciones populares y de trabajadores, organizar debates públicos y facilitar la información necesaria para que sus integrantes y la población de los sectores marginados tengan la mayor cantidad de información posible sobre el panorama político, los candidatos y sus propuestas, y a partir de su análisis crítico puedan tomar decisiones de forma libre y razonada.
El análisis de las ofertas de campaña presidencial de los candidatos Moncayo, Laso, Moreno y otros, debe ser una herramienta básica para la formación de la opinión pública ciudadana, para la participación activa en el control social que exija la mayor transparencia y la fiscalización de la gestión de las futuras autoridades.
Es preciso que desde organizaciones como la Unión Nacional de Educadores y de los sindicatos, los docentes y los trabajadores puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad y honestidad de los candidatos a asambleístas, así como discrepar y confrontar sus propuestas e ideas; solo así, se garantiza el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y de expresión, y a la par se podrá votar responsablemente por quienes vayan a legislar a favor de nuestros derechos.
Los sectores populares no pueden perder de vista el papel que juegan las empresas encuestadoras. Aún está fresca en la memoria ciudadana, los resultados de las elecciones que postergaron la firma del acuerdo de paz en Colombia y la elección de Trump en Estados Unidos, donde los sondeos pronosticaban lo contrario.
Finalmente, hay que impedir que los políticos que contratan la realización de encuestas y se obsesionan por publicarlas cuando estas les favorecen, las usen como estrategia de controlar la opinión pública e influir indebidamente en los electores.
