Para el Gobierno, la Ley de
Comunicación es un instrumento que garantiza “más transparencia y más información”; mientras que para otro sector
de ecuatorianos que opinan distinto, constituye un retroceso en el ejercicio
del derecho a la libre expresión y el debate público.
Es importante el
papel que desempeña el periodismo, en particular el periodismo de
investigación, en el derecho a la información, en el combate contra el burocratismo,
el oportunismo, el nepotismo y la corrupción, males que en los últimos tiempos han
incrementado las ambiciones personales y la defensa egoísta de intereses y posiciones
adquiridas que se alejan de los postulados éticos de la “revolución ciudadana”.
Parece que el
ocupar puestos burocráticos, dificulta la objetividad y la tolerancia. Es
inmediata la demostración de prepotencia a todo nivel, cuando se denuncian
actos y acciones incorrectas. Les es imposible entender, que el objetivo es
acabar con la corrupción y no con las personas, desde luego anteponiendo siempre
el interés de la sociedad en su conjunto.
Inicialmente,
los sectores populares y organizaciones de base, creyeron que la redistribución
de frecuencias iba a democratizar la comunicación y la información. Sin embargo
al definir a la comunicación como servicio público y someterla a un sistema
exagerado de censura previa, en la práctica se terminó impidiendo la labor
periodística e investigativa sobre asuntos de interés público, llegando al
extremo de cerrar medios de comunicación y perseguir periodistas.
Para el caso de
los líderes gremiales y actores populares de base, la intransigencia se agrava más
con la vigencia del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de
Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, el cual restringe -por
no decir viola-, los derechos y libertades consagrados en la Constitución, pues
contiene una serie de normas restrictivas que se aplican para perseguir y
sancionar a quienes piensan diferente.
Quizá resulte
paradójico, pero cuando el periodista Julian Assange llegaba a la Embajada del
Ecuador en Londres, el Presidente Correa declaraba que se le concedía asilo,
por considerarlo “un perseguido político,
como consecuencia del ejercicio de su derecho a informar al público sobre
hechos relevantes, relacionados con graves violaciones de los derechos humanos…”
Más resulta, que es él, personalmente, durante las sabatinas, quien dispone la
forma de actuar contra líderes populares e indígenas, periodistas y ciudadanos
comunes, por el simple hecho, de no uniformar su pensamiento al oficialismo.
