La publicación del informe de la UNESCO respecto del
“mejoramiento del sistema educativo en Ecuador, nos ofrece la oportunidad para
reflexionar sobre las políticas educativas del país. En primer lugar,
elucidemos si el “nuevo modelo de gestión” aumenta o disminuye a la niñez y
juventud las oportunidades de asistir a escuelas y colegios en sus propios
barrios. En segundo lugar, hay que establecer si la inversión en educación
responde o no al porcentaje del PIB señalado en la Constitución. Y en tercer
lugar, urge conocer las propuestas del Ministerio de Educación dirigidas a
fortalecer la educación laica y fiscal. En la práctica crece la educación
confesional, privada y el sometimiento a los prestamistas que financian
proyectos como la evaluación PISA y el excluyente bachillerato internacional.
Mientras la UNESCO destaca “el crecimiento” de la calidad de
la educación, organismos como el Banco Mundial informan que el “crecimiento
económico” no ha contribuido a generar mejores oportunidades para los pobres
que habitan las áreas rurales y suburbanas, especialmente, para los grupos
indígenas”. El Banco Mundial señala, además, que “la disminución de la tasa de
pobreza es mínima y que la pobreza extrema afecta a un considerable sector de
la población” señalada.
Voceros del Ministerio de Educación insisten en cargar la
culpa de los problemas sociales y en particular de la educación al gremio
unionista. Lo cierto es que, tanto el gremio como la educación, han sido y
siguen siendo víctimas de un modelo económico y político estructurado para
beneficio de unos pocos.
El problema no es solamente mejorar la infraestructura ni aumentar
la inversión, sino qué modelo de educación deseamos en función del país que
queremos construir. Ambas decisiones exceden el ámbito de la enseñanza y de los
docentes. Implica por tanto y con urgencia un amplio debate democrático con
todos los actores a fin de enfrentar el desafío de reducir la desigualdad de
oportunidades para acceder a la educación, que asociada con las condiciones
socioeconómicas, hace notoria la diferencia de clases constituyendo a la vez una
barrera difícil para impulsar una productividad laboral que recupere nuestros
recursos naturales, la nacional y el anhelado buen vivir.
