Compromiso social para el desarrollo nacional.

A propósito del llamado de la Supercom a “Bonil” por la caricatura que hacía referencia a las dificultades para leer que presentó el asambleísta “Tin” Delgado cuando se discutía la Ley de Aguas, han surgido una serie de posiciones a favor y en contra de uno y otro.

El propio asambleísta Delgado se ha victimizado diciendo que “lo atacan porque él ha surgido desde abajo”, que siempre los afro ecuatorianos han sido postergados de mejorar sus condiciones de vida -lo cual es cierto-; ha manifestado además, que la Constitución para su puesto solamente exige “ser ciudadano ecuatoriano”, lo cual también es correcto. Valga recordar y reflexionar que la LOSEP en el Art. 5 literal d) establece que para ingresar al servicio público se requiere “de preparación académica y demás competencias exigibles…” según sea el puesto de trabajo; y el puesto de asambleísta es de elevada complejidad y responsabilidad. Argumento de defensa podría ser el que para eso están los asesores. Por supuesto que sí.

Sin embargo es preciso recordar que los asambleístas -cuya elección en no pocos casos resulta ser fortuita-, más allá de la elaboración de normas para legislar, tienen la obligación de generar actos o acciones políticas innovadoras que conlleven al anhelado buen vivir, pasando primero por la eliminación de la corrupción especialmente de la clase dirigencial llamada independiente o tecnócratas apolíticos, que en la práctica son quienes operan contra la solución de los problemas sociales que aquejan a la comunidad.

Lo cierto es que, es necesario que los y las asambleístas cuenten con una formación intelectual mínima de tercer nivel y realizarse además el examen psicológico que se exige a todos para aspirar a un puesto de trabajo. La importancia de que los actores políticos cuenten con estos mínimos no es poca, puesto que el conocimiento, la capacitación académica así como una sólida personalidad y formación ética, son imprescindibles para evitar que los actos políticos estén en manos de una sola persona o grupo.

Corresponde a los legisladores, que se suponen representantes del pueblo, la tarea de ejecutar las acciones políticas que conlleven al desarrollo social y nacional. Desde luego, que para ello, se necesita un poco más que ser ciudadano ecuatoriano. Se necesita: compromiso social.

Tarifas del trasporte urbano e inseguridad de los usuarios

Mientras los transportistas piden elevar el valor de pasajes y los ciudadanos denuncian el pésimo servicio que ofrecen; el gobierno nacional se desentiende de su rol regulador, dejando a los municipios la responsabilidad de fijar las tarifas del transporte urbano y de taxis.

Los transportistas arguyen que la tarifa ha estado congelada por varios años. Lo cual no es del todo cierto. Con la dolarización los pasajes se elevaron considerablemente, además el valor de 18 centavos poco a poco y sin ninguna autorización se igualó a 25 centavos del servicio urbano selectivo. Y sin embargo, la presión para incrementar el valor de pasajes se sigue evidenciando en las principales ciudades del país.

El Gobierno Nacional, “coincidencialmente” en las ciudades donde el movimiento oficialista perdió las últimas elecciones seccionales, presiona para que sean los municipios quienes fijen las tarifas. Esta errónea decisión ha provocado que en ciudades pequeñas como Loja, sea el cabildo y su devoción al régimen, quien establezca el valor del transporte urbano, como en efecto se lo ha fijado en treinta centavos. No así en la capital del país donde igualmente el cabildo quiteño a más de mantener el valor en 25 centavos ha decidido rebajar a 10 centavos el valor para las personas de la tercera edad. En tanto que en el cabildo guayaquileño se cocina una crisis al respecto.

Como en otros asuntos, el Gobierno Central pretende endilgar su responsabilidad de garantizar a la ciudadanía un servicio de transporte público seguro, eficiente y de calidad, “con tarifas socialmente justas”, lo que lejos de cumplirse, empieza a generar desigualdad e inequidad a nivel nacional.

Argumento de los trasportistas para exigir el aumento de la tarifa es el incremento de los repuestos, neumáticos, etcétera. Sin embargo, los transportistas quieren ocultar el hecho que, luego de los “almuerzos en Carondelet” sin necesidad de acuerdos oficiales, surgen compromisos como el que les permitió que los buses lleven pasajeros parados, lo que en las horas pico llega a casi al triple de su capacidad. Guste o no a los transportistas, este hecho conllevó a la duplicación de sus ingresos, en menoscabo de la comodidad y seguridad de los usuarios.

Lo cierto es que, es imperioso que desde el Gobierno Central se busquen otras alternativas para frenar el descontento ciudadano en este y otros temas.

El desafío de reducir la desigualdad de oportunidades…

La publicación del informe de la UNESCO respecto del “mejoramiento del sistema educativo en Ecuador, nos ofrece la oportunidad para reflexionar sobre las políticas educativas del país. En primer lugar, elucidemos si el “nuevo modelo de gestión” aumenta o disminuye a la niñez y juventud las oportunidades de asistir a escuelas y colegios en sus propios barrios. En segundo lugar, hay que establecer si la inversión en educación responde o no al porcentaje del PIB señalado en la Constitución. Y en tercer lugar, urge conocer las propuestas del Ministerio de Educación dirigidas a fortalecer la educación laica y fiscal. En la práctica crece la educación confesional, privada y el sometimiento a los prestamistas que financian proyectos como la evaluación PISA y el excluyente bachillerato internacional.

Mientras la UNESCO destaca “el crecimiento” de la calidad de la educación, organismos como el Banco Mundial informan que el “crecimiento económico” no ha contribuido a generar mejores oportunidades para los pobres que habitan las áreas rurales y suburbanas, especialmente, para los grupos indígenas”. El Banco Mundial señala, además, que “la disminución de la tasa de pobreza es mínima y que la pobreza extrema afecta a un considerable sector de la población” señalada.

Voceros del Ministerio de Educación insisten en cargar la culpa de los problemas sociales y en particular de la educación al gremio unionista. Lo cierto es que, tanto el gremio como la educación, han sido y siguen siendo víctimas de un modelo económico y político estructurado para beneficio de unos pocos.

El problema no es solamente mejorar la infraestructura ni aumentar la inversión, sino qué modelo de educación deseamos en función del país que queremos construir. Ambas decisiones exceden el ámbito de la enseñanza y de los docentes. Implica por tanto y con urgencia un amplio debate democrático con todos los actores a fin de enfrentar el desafío de reducir la desigualdad de oportunidades para acceder a la educación, que asociada con las condiciones socioeconómicas, hace notoria la diferencia de clases constituyendo a la vez una barrera difícil para impulsar una productividad laboral que recupere nuestros recursos naturales, la nacional y el anhelado buen vivir.

Libertad y democracia dependen de la preparación cívica de la juventud.

Hace poco participé de un conversatorio en el que sin ser el tema central, se dijo que “la pérdida de valores en la juventud actual se debe a la eliminación de la asignatura de Cívica en la escuela”.

Es común escuchar a padres de familia y docentes que “los valores se practican poco”, “que se vive en una sociedad carente de valores”, responsabilizándose unos a otros de no asumir el compromiso en la tarea de formar valores. Paulo Freire expresa que “Los maestros esperan que los padres de familia envíen a sus hijos a la escuela mínimo con el valor del respeto, y los padres de familia esperan que el maestro sea quien haga que los niños aprendan lo que es el respeto”.

La formación cívica no es una preocupación reciente. Patriotas como Espejo, Montalvo y Alfaro ya anticiparon que la emancipación y la democracia dependen de la preparación moral y cívica de la juventud para participar activamente en ella.

Tampoco es novedad que la política ecuatoriana atraviese momentos de crisis. Todos los medios de comunicación difunden acusaciones de corrupción y abusos del oficialismo y de éste a la oposición, lo cual incide en la perdida de la credibilidad en la niñez y juventud y entre los que confiamos en que la actividad política de unos y otros debe ser la herramienta para la transformación y el desarrollo de nuestro país.

Si bien anteriormente la Educación Cívica en la escuela fue abordada de manera central, el hecho de que en la actualidad no aparezca en el currículo no significa que se haya eliminado. En realidad, desde la reforma de la década del noventa se sugiere que muchos de sus contenidos, sobre todo los que se refieren a valores cívicos como el amor a la patria y el respeto a las instituciones, sean tratados de manera transversal a todas las actividades escolares.

Lo cierto es, que los jóvenes -que pronto serán nuestros gobernantes- muestran poco interés por la realidad nacional. Quizá una de las causas sea la alienación cultural a través de los medios de comunicación. Por ello, es imprescindible desde la escuela acercar nociones y conceptos de civismo, junto con generar espacios de análisis y reflexión sobre temas reales, los cuales deben ser parte explícita del proyecto educativo. Así se ayudaría a formar una generación crítica y propositiva  que tome parte de las discusiones que debemos tener como país.

La importancia de la educación en valores para nuestra niñez y juventud

El gobierno nacional enfatiza que “el nuevo modelo de gestión y la inversión en la infraestructura” son la base del éxito de la revolución educativa. Sin embargo, hablar de éxito educativo nos obliga a hacer referencia a la calidad de la educación, y ésta no es posible si no incluye un modelo pedagógico que incluya la formación integral de la niñez y juventud, especialmente para el ejercicio de derechos y responsabilidades.

Si bien el rol de la escuela es importante en la educación de valores, lo es más el de la familia. Por ello, mientras profesores, padres y madres de familia seamos capaces de formar niños autónomos, responsables, solidarios y tolerantes, lograremos posicionarnos como formadores y a la vez tendremos la seguridad de mirarlos confiados de su bienestar y porvenir, salvaguardando así el derecho a la participación y a comprometernos con una educación de calidad para nuestros niños como también para la emancipación y liberación nacional.

En la actualidad la ciudadanía se queja de la poca práctica de valores por parte de los niños y jóvenes. Lo cierto es que en la práctica, la promoción de la educación en valores desde la escuela es poco clara, regularmente se encuentra en lo que se ha dado por denominar el currículo oculto, es decir en la mera intención formativa y ésta a su vez supeditada a los criterios particulares de los docentes. Por lo que, al permanecer oculta, se corre el riesgo de deformarla y atentar contra la calidad de la educación.

El desarrollo de la niñez como seres humanos debería ser armónico e integral, es decir, todos los aspectos que lo componen, lo cognitivo, afectivo, físico y social, puesto que si la educación sólo se centra en el aspecto cognitivo, descuidaríamos la formación de la personalidad y mañana careceríamos de bases para exigir un comportamiento ético en las actividades, políticas, económicas y culturales.

Finalmente, muchas veces no nos percatamos que somos parte de una maquinaria que funciona mal, porque no hacemos lo deberían de hacer. Por ello, para exigir la práctica de valores a los demás y en particular a los niños, es importante que nosotros mismos estemos apegados a lo que demandamos. Solamente así contribuiremos a la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria.