Leyes y represión contra las mayorías, beneficios para pocos

El gobierno y la derecha neoliberal, respaldados por los grandes medios de comunicación, opinólogos serviles, abogados y periodistas alineados con los poderes económicos, impulsan el relato de que la única forma de combatir la inseguridad es mediante leyes más duras, mano militar y presencia extranjera. Esta narrativa ha sido instrumentalizada para aprobar en la Asamblea dos leyes regresivas: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia, además de una reforma constitucional que permite el ingreso de bases militares foráneas. Así se consolida un modelo autoritario, de espionaje político y militarización del territorio.

La Ley de Solidaridad Nacional permite que el presidente declare conflicto armado interno por decreto, sin el debido control democrático, autoriza allanamientos sin orden judicial, otorga indultos a militares y policías implicados en delitos, y premia con rebajas del 30 % en el impuesto a la renta a quienes “donen” a las Fuerzas Armadas o la Policía. Esto no solo promueve detenciones arbitrarias basadas en prejuicios sociales (como tener tatuajes o vivir en barrios populares), sino que agrava el hacinamiento carcelario y criminaliza la pobreza, mientras el crimen organizado sigue impune gracias a redes de lavado de activos y tráfico de insumos que nadie toca.

La Ley de Inteligencia, por su parte, institucionaliza el espionaje sin orden judicial, permite el acceso irrestricto a datos personales, utiliza fondos reservados sin fiscalización y obliga a las instituciones a entregar información sensible sin ninguna garantía. Se normaliza la persecución de voces disidentes, se debilita la democracia y se anulan derechos fundamentales de los ciudadanos. Todo esto, en nombre de una falsa lucha contra la delincuencia.

Los trabajadores sabemos que este endurecimiento legal no tiene como objetivo protegernos, sino someter al pueblo, silenciar protestas y blindar un modelo neoliberal salvaje que favorece a los grandes capitales. Mientras el gobierno grita “¡Nada ni nadie nos detiene!”, los asesinatos, extorsiones y secuestros aumentan. La violencia no cesa, y se normaliza que dar clases sea una profesión de riesgo o que niños sean asesinados.

La clase trabajadora rechaza este modelo de militarismo, censura y represión. No queremos más leyes contra el pueblo, ni más muertos sin justicia. Exigimos políticas que ataquen las causas estructurales de la violencia, no su manipulación política. No hay paz ni seguridad bajo el neoliberalismo armado. Solo el pueblo organizado podrá detener esta barbarie.

 

Palestina no está sola, su lucha es la nuestra

El genocidio en Gaza marca un punto de inflexión histórico. Lo que hoy presencia el mundo con la complicidad activa de Estados Unidos, la Unión Europea y el sionismo internacional, no es solo una masacre, sino la repetición sistemática del horror que supuestamente nunca debía volver a ocurrir. Gaza es hoy un campo de exterminio, y Palestina se ha convertido en el espejo que revela las fisuras morales más profundas del siglo XXI.

El aparato de muerte israelí, con apoyo estadounidense, no solo destruye cuerpos, sino que impone el silencio y normaliza la barbarie. Medios como CNN han servido como la nueva voz de Goebbels, repitiendo narrativas de odio, encubrimiento y desinformación. La cooptación mediática, primero justificando la masacre como respuesta al terrorismo de Hamás, luego reduciendo la crítica a Netanyahu oculta el carácter fascista de toda la estructura colonial israelí.

En nombre de la “democracia”, Israel ejecuta crímenes sexuales y torturas contra prisioneros palestinos, que han sido documentadas revelando una práctica estructural. La impunidad de los soldados es celebrada por una sociedad que ha sido nazificada culturalmente. Lo denuncia el periodista Richard Sanders, y lo confirma la estadística, el 65 % de la población israelí se opone a castigar a soldados violadores de palestinas.

Mientras tanto, Alemania, el supuesto país del "nunca más" se convierte en el segundo proveedor de armas a Israel y persigue a quienes defienden a Palestina. La represión en Europa contra los movimientos solidarios es brutal, mostrando que el fascismo no ha muerto, que se ha reciclado.

En contraste, el 9 de mayo de 2025, en Moscú, se reunieron para conmemorar la derrota del nazismo. En ese escenario, la presencia del presidente palestino junto a líderes y delegaciones de varios países no fue solo simbólica, marcó el nacimiento de un nuevo internacionalismo solidario.

Frente al exterminio, la neutralidad es complicidad. Apoyar al pueblo palestino hoy implica oponerse al sionismo y respaldar con claridad al “eje de la resistencia palestina” y a los pueblos libres del mundo. Gaza pasó de ser una fosa común a un cementerio abierto, esto gracias a Israel con el respaldo de EE-UU, que sostiene el proyecto sionista para sus fines coloniales.

La solidaridad con el pueblo palestino, es lucha contra el racismo, la ocupación y el genocidio. Y quienes dudan, deben mirar a Gaza, allí arde la conciencia del mundo.

La docencia es una práctica ética y política transformadora

A lo largo de la historia, la educación y en particular los docentes han cumplido un papel fundamental en formar ciudadanos, transmitir valores y conocimientos, y contribuir al desarrollo cultural, social y económico de los pueblos.  Sin embargo, los desafíos contemporáneos exigen repensar su papel desde una mirada crítica y emancipadora. Es urgente una ley escalafonaria que reconozca al maestro como sujeto político, cultural y ético, capaz de incidir en la formación de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos con la transformación del mundo.

Desde la perspectiva freireana, el docente no debe limitarse a ser transmisor de contenidos, sino convertirse en generador de espacios para el diálogo, la problematización y la construcción colectiva del conocimiento. En esta tarea, enseñar es un acto profundamente político, porque implica tomar posición frente a la injusticia, el autoritarismo y la desigualdad. Y, como advertía Aníbal Ponce, una educación que se limita a disciplinar cuerpos y repetir esquemas vacíos termina por consolidar un orden social injusto, reproduciendo las estructuras de dominación patriarcal existentes.

Dignificar la labor docente implica, entonces, mucho más que mejorar condiciones salariales: requiere recuperar el sentido profundo de la educación como práctica liberadora. Supone apostar por la formación continua, la autonomía pedagógica y el reconocimiento del maestro como intelectual transformador, no como simple ejecutor de programas estandarizados. La docencia no puede seguir siendo concebida como una tarea técnica o neutral; es un acto de creación ética y política, que compromete la razón, la emoción y la voluntad de cambio.

En tiempos de sobreinformación y tecnocracia educativa, la función del docente adquiere un nuevo sentido: no se trata de competir con la tecnología, sino de humanizar los saberes, de acompañar procesos, de despertar conciencias. Su papel es guiar el pensamiento, cultivar la duda, nutrir el deseo de justicia. Por eso, atraer a los mejores docentes no es un capricho, sino una necesidad estructural. El Ecuador necesita una transformación profunda del sistema educativo, que supere la lógica del control y apueste por una pedagogía de la esperanza, que sitúe la justicia social en el centro del proceso formativo.

Como decía Freire, "enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción". Y como afirmaba Ponce, ninguna reforma será verdadera si no se inscribe en el proyecto de una sociedad más justa, más libre y más humana.