El gobierno y la derecha neoliberal, respaldados por los grandes medios de comunicación, opinólogos serviles, abogados y periodistas alineados con los poderes económicos, impulsan el relato de que la única forma de combatir la inseguridad es mediante leyes más duras, mano militar y presencia extranjera. Esta narrativa ha sido instrumentalizada para aprobar en la Asamblea dos leyes regresivas: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia, además de una reforma constitucional que permite el ingreso de bases militares foráneas. Así se consolida un modelo autoritario, de espionaje político y militarización del territorio.
La Ley de Solidaridad Nacional permite que el presidente declare conflicto armado interno por decreto, sin el debido control democrático, autoriza allanamientos sin orden judicial, otorga indultos a militares y policías implicados en delitos, y premia con rebajas del 30 % en el impuesto a la renta a quienes “donen” a las Fuerzas Armadas o la Policía. Esto no solo promueve detenciones arbitrarias basadas en prejuicios sociales (como tener tatuajes o vivir en barrios populares), sino que agrava el hacinamiento carcelario y criminaliza la pobreza, mientras el crimen organizado sigue impune gracias a redes de lavado de activos y tráfico de insumos que nadie toca.
La Ley de Inteligencia, por su parte, institucionaliza el espionaje sin orden judicial, permite el acceso irrestricto a datos personales, utiliza fondos reservados sin fiscalización y obliga a las instituciones a entregar información sensible sin ninguna garantía. Se normaliza la persecución de voces disidentes, se debilita la democracia y se anulan derechos fundamentales de los ciudadanos. Todo esto, en nombre de una falsa lucha contra la delincuencia.
Los trabajadores sabemos que este endurecimiento legal no tiene como objetivo protegernos, sino someter al pueblo, silenciar protestas y blindar un modelo neoliberal salvaje que favorece a los grandes capitales. Mientras el gobierno grita “¡Nada ni nadie nos detiene!”, los asesinatos, extorsiones y secuestros aumentan. La violencia no cesa, y se normaliza que dar clases sea una profesión de riesgo o que niños sean asesinados.
La clase trabajadora rechaza este modelo de militarismo, censura y represión. No queremos más leyes contra el pueblo, ni más muertos sin justicia. Exigimos políticas que ataquen las causas estructurales de la violencia, no su manipulación política. No hay paz ni seguridad bajo el neoliberalismo armado. Solo el pueblo organizado podrá detener esta barbarie.
