A 15 días de acudir a las urnas, Guillermo Lasso ahonda la crisis

Un conocido comunicador al final de sus artículos suele parafrasear “buen viento y buena mar”. Lamentablemente el pueblo ecuatoriano a lo largo de la historia vive en constante tempestad y obviamente, los problemas y necesidades básicas, lejos de corregirse, cada vez se agravan más. La solución de la crisis, demanda una reforma estructural, que transforme social y económicamente el contexto de injusticia, inequidad e inseguridad que durante los últimos años ha alimentado la pobreza y la inserción de nuestra juventud a las bandas delincuenciales.

Los candidatos finalistas Luisa González y Daniel Noboa, manifiestan que el propósito de su gobierno, será acabar con la delincuencia organizada. Preguntémonos: ¿Podrán hacerlo? Si precisamente su poder y sus riquezas residen en las mismas mafias que pretenden combatir. Tampoco neguemos que el Ecuador no se gobierna por quien gana las elecciones sino por los grandes y poderosos grupos económicos y bancarios, y últimamente por narcotraficantes que operan incluso desde las cárceles. Es conocido que buena parte de representantes y aliados de los candidatos finalistas, son piezas visibles del sobreprecio en la contratación de la obra pública y de negocios ilícitos vinculados al crimen organizado.

Las organizaciones populares y los ciudadanos de a pie no pueden mantenerse aislados ni cerrar los ojos ante los cuestionamientos que desde la izquierda política y los sectores progresistas hacemos a ambos aspirantes a la presidencia, porque una cosa es la legitimidad de sus propuestas y otra cosa es su cumplimiento. Por ello, la única estrategia efectiva para obligarlos a cumplir, radica obligatoriamente en la organización, en la protesta social, en la movilización popular, caso contrario, la lucha por los derechos se diluye, siendo aprovechada por los grandes medios de comunicación para reducirla a la persuasión de incautos y no a la reflexión profunda de las causas de la crisis que, si bien nos afecta a todos, impacta más a los sectores populares.

El presidente Guillermo Lasso bajo la presión de los grupos empresariales envío a la Corte Constitucional, un Decreto Ley de Finanzas Públicas, mediante el cual nuevamente se quiere llevar los dineros de la seguridad social, disminuir el presupuesto de la educación y salud. Ante ello y para rechazar el malhadado decreto, el pasado martes 26 de septiembre, los trabajadores organizados en el Frente Unitario de Trabajadores se movilizaron ante los tribunales de justicia para sustentar jurídicamente las nefastas pretensiones del Presidente Lasso y la derecha.

A 15 días de las elecciones, no podemos llamarnos a engaños, ante las intenciones de dominación y opresión que representan Daniel y Luisa, necesitamos avanzar en la unidad popular para la construcción de una sociedad más justa, reflexionemos el voto, no acudamos a las urnas a ratificar una vez más, que la partidocracia corrupta se rife la patria y los dineros del erario nacional.

Candidatos sin voluntad política para resolver los problemas de fondo

Los desastrosos regímenes de los últimos 50 años, incluidos Rafael Correa, Lenin Moreno y Guillermo Lasso, han dejado en evidencia la ineptitud y voracidad de la administración pública sumisa al Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, cuyos resultados se reflejan en el aumento de los niveles de pobreza, la falta de empleo y los altos índices de inseguridad.

La cantaleta de que la reducción del tamaño del Estado mejorará las finanzas internas, tampoco ha funcionado porque en la práctica cada gobierno a su turno, lo han inflado más. Lo que sí se han reducido son los recursos económicos especialmente en el área social, lo que ha tenido un impacto directo en la desatención a las necesidades básicas de la sociedad. Entonces eso de la reducción del tamaño del Estado, no es más que, una excusa para recortar la inversión pública favoreciendo a ciertos intereses privados en menoscabo de la calidad de vida de los ciudadanos, y en aumento de la inseguridad cuyo control se le escapó de las manos al actual mandatario, y por la que analistas aseguran estamos en un “Estado fallido”.

Durante la campaña electoral de segunda vuelta, ambas candidaturas esgrimen argumentos, defendiendo la necesidad de reducir el gasto público, disminuir la regulación y promover la inversión privada sin control. Las declaraciones de la candidata de derecha a la vicepresidencia, Verónica Abad evidencia más que desatinos, desconocimiento de la Carta Magna, que prohíbe la privatización de servicios, como la educación, la salud y la seguridad social, más aún si dicen que van a combatir las desigualdades económicas y sociales y mejorar las condiciones de vida.

Asesores y candidatos de la revolución ciudadana se hacen los olvidados de que buena parte de los graves males que nos afectan, como inseguridad en las calles, desempleo, mala calidad de los servicios públicos, cuyo origen radica en causas sociológicas y también en la apropiación de la riqueza en manos de unos pocos, pero sobre todo por la institucionalización de la corrupción durante la década del correato, sin embargo, sin rodeos dicen “que lo hicieron antes y lo volverán hacer”.

Luego de las declaraciones de Verónica Abab delatando el terrorífico plan económico del posible presidente, Daniel Noboa, asevera que ella se dedicaría al tema de los inmigrantes en el Caribe y África. Mientras que Luisa González, reitera que gestionará el poder con la tutela de Correa para recuperar el control del Estado en los temas socioeconómicos; pero no concreta nada sobre el rol que cumpliría Andrés Arauz.

Lo cierto es que no se evidencia nada nuevo, que solo el pueblo salva al pueblo. El electorado quiere señales de cambio, de allí que es responsabilidad de ambos binomios hablar con claridad, honestidad y menos demagogia, y no se trata de los 15 meses para gobernar, sino de la falta de voluntad política para resolver los problemas de fondo y sus consecuencias en la vida de la gente.

Candidatos no debaten sobre políticas públicas en educación

 

Por supuesto que la crisis política y económica que afecta a nuestro país, ha desplazado el análisis profundo de la crisis del sistema educativo, análisis que no debe diluirse en el simple enunciado de una crisis general, puesto que, a más de ser una responsabilidad primordial del Estado, es un derecho de todos los ecuatorianos.

La UNE, pedagogos y otros actores, reconocen la necesidad de impulsar un proceso de verdadera reforma educativa, que tienda a la formación del hombre y mujer para la sociedad nueva; que prepare un contingente humano con capacidad crítica y autocrítica, dispuestos a erradicar las lacras del pasado, a sepultar el racismo, la discriminación y la opresión; a aportar en la defensa de la soberanía y la construcción de un Ecuador más justo.

En la campaña electoral, no solamente hay que saborear el quaker con hierva luisa que nos ofrecen los candidatos; tampoco podemos creer toda la propaganda demagógica que replica el Consejo Nacional Electoral. Nos corresponde hacer un análisis juicioso de las propuestas y si éstas contribuyen a la solución de los graves problemas que afectan al país. Es urgente el combate a la inseguridad y la corrupción. Pero no menos importante y urgente, es el tema educativo.

Los candidatos enfatizan la trillada frase de mejorar la calidad de la educación, sin debatir ni decir cuáles serán las políticas públicas a realizar en esta materia. Corresponde a la sociedad, a las universidades, a los padres de familia y a los docentes, provocar tal debate para que los aspirantes a la presidencia discutan el tema educativo durante la campaña y luego, quien gane el concurso a Carondelet, haga de la educación un escudo contra la pobreza y la inseguridad en las calles, dándole el lugar que le corresponde por su importancia para el desarrollo del país.

Veamos: Luisa González propone “garantizar universalización y gratuidad del sistema de educación pública”, lo cual ya lo establece la Constitución, además indica que “erradicará el analfabetismo digital y mejorará la infraestructura y tecnología en educación”. Seguramente cientos de miles de niños y jóvenes dejarán las aulas escolares y universitarias. Es decir, volverán a conculcar los derechos del profesorado como ya lo hicieron antes.

Verónica Abad, binomio presidencial de Daniel Noboa, avergüenza por su desconocimiento de la Carta Magna y la LOEI, pues públicamente expresó su intención de privatizar la educación. Ellos en el plan expresan que “priorizarán métodos digitales a través del uso de tecnologías pedagógicas… y una educación técnica para incrementar la inclusión directa de los jóvenes en el mercado laboral”. Es decir, lo que se trata es de crear fuerza laboral barata para los grandes empresaurios.

Ni uno ni otra, plantean soluciones, por tanto, los docentes deben convocarse para exigir a los dos candidatos, por lo menos, la derogación del nefasto Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobado tras bastidores con el apoyo de un grupillo de oportunistas que lucran con los derechos del magisterio y del pueblo.